Fulsiano Benítez, padre del postulante a policía que falleció durante el examen físico para el ingreso a la academia, sostuvo que se debe aclarar qué ocurrió con el joven, quien era su hijo más querido.

Contó que son una familia muy humilde en Choré y que hace dos años que su hijo fue a vivir en la ciudad de Capiatá, donde terminó su colegio a la par que trabajaba. “Nunca tuvo problemas, ni de su cabeza ni nada. Ni una sola dolencia tuvo”, indicó.

En charla con la 650 AM, sostuvo que es mentira que el joven fue obligado a ser agente de Policía, sino que él quería ingresar a la institución pública de seguridad.

“Él tuvo la mejor nota, 3.000 puntos tenía. Era que el que tenía más resistencia entre sus camaradas. Era el que estaba mejor físicamente, de emoción seguro pudo ser (el deceso)”, argumentó.

Benítez dijo que ahora están esperando que se realice la autopsia para luego llevar los restos del fallecido a Choré, donde lo enterrarán.

El padre destacó que la Academia de Policía se hará cargo de todos los gastos. “Estoy muy agradecido con ellos por eso. No le jugaron a mi hijo, porque si era así ya iba a estar denunciando por los medios”, agregó.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.

El fiscal Osvaldo Zaracho resolvió imputar por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre a Abel Ortega Estigarribia, de 22 años.

Este sujeto se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta PY07 (ex Supercarretera), en el Área 4 de Ciudad del Este.

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En aquella oportunidad, cuatro niños de 6, 10, 11 y 13 años, respectivamente (todos ellos hermanos), fueron arrollados por el biciclo manejado por Ortega.

El que se llevó la peor parte fue el niño más pequeño, quien resultó con severas fracturas y tuvo que ser internado en la sala de terapia intensiva del Hospital de la Fundación Tesâi.

Para formular esta imputación, el agente del Ministerio Público tuvo en cuenta una serie de agravantes, entre ellas la carencia de licencia de conducir por parte del ahora detenido.

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El Juzgado Penal de Garantías decretó la prisión preventiva del motociclista por no cumplir con los requisitos obligatorios para la aplicación de medidas menos gravosas.

Tras esta disposición, Ortega deberá ser remitido a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.