“Soy un comprador de buena fe, no pertenezco a ninguna gavilla de estafadores ni badulaques, fui yo el estafado, soy la víctima en todo esto”, dijo Ramón Guillén padre de la auxiliar fiscal, durante una entrevista con la 780 AM. Agregó que se entregará a las autoridades, apenas regrese al país.

Denunció que su hija está recibiendo un trato inhumano en el calabozo de la Comisaría de la Costanera, donde la tienen sin agua y sin comida y además, no le permiten asesarse.

Mientras tanto, la madre de la auxiliar pasa las noches instalada frente a la sede policial, preocupada por lo que le pueda suceder a su hija.

Por disposición del Juzgado, Guillén guarda prisión preventiva, debido a la imputación en su contra por reducción y resistencia.

En los documentos de la compra-venta del rodado, se detectaron varias inconsistencias, entre ellas, la fecha de adquisición del vehículo, que es anterior a la data del robo.

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Además, aparece una supuesta constancia de verificación de la “Sección de Automotrices y Afines”, una división que ni siquiera existe, según revelaron en Automotores.

A esto se suma que, el que figura como vendedor es un docente que falleció el 25 de febrero y que, nunca tuvo una camioneta, según indicó la viuda, quien denunció que utilizaron el nombre de su marido para blanquear la negociación.

Roque Ismael Cabral Sánchez se encuentra en el contrato como Roque Ismael Sánchez Cabral, con una firma que no es la suya.

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Una comitiva policial encabezó un allanamiento esta mañana en el barrio Mora Cué de Luque, en prosecución a una investigación por un intento de sicariato ocurrido semanas atrás.

Durante el procedimiento fue detenido Édgar David Figueredo, quien según las investigaciones podría estar vinculado al hecho ocurrido en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

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Según manifestó a la 1080 AM el fiscal Pedro Clever, dieron con esta persona tras hacer el seguimiento a la motocicleta utilizada por el supuesto sicario a través de cámaras de circuito cerrado.

Figueredo sería la persona que manejó dicho biciclo y se presume que también habría sido el que ejecutó los disparos contra el abogado Rafael Ruiz Cabañas, quien logró salvarse de milagro.

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Coincidentemente, el detenido es hijo de la mujer con quien este profesional del derecho tuvo litigios judiciales por sucesión de inmuebles hace un tiempo atrás.

Durante el allanamiento fueron incautados la pistola y la motocicleta que habrían sido utilizadas en el intento de homicidio.

La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

Las fiscales Irma Llano y Alba Delvalle imputaron al ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a su esposa Luz Marina Gonzalez de Durand y varios directivos de Mocipar acusados de haber estafado a los clientes de la empresa.

De acuerdo a los datos de la fiscalía, las personas pagaban mensualmente a Mocipar la cuota en concepto de vehículos, electrodomésticos e inmuebles que eran ofrecidos por la entidad a precios accesibles, pero nunca recibieron una contraprestación. 

Según el acta de imputación, estos hechos ilícitos se habrían registrado en el 2016, cuando Durand presentaba un programa televisivo, pero persistió hasta el 2019 y 2020.

Las agentes fiscales solicitaron al juzgado de Garantías implementar medidas sustitutivas a la prisión. 

Dany Durand ocupó el cargo de ministro del MUVH hasta el 30 de octubre de 2020 cuando presentó su dimisión al cargo. 

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