Actualmente, la cobertura en el suministro de agua potable alcanza al 64 % de la población, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lo que lo convierte en el país de América Latina con menor cobertura en ese servicio, con casi un 40 % de la población sin acceso a este recurso.

La cifra se mantiene en términos similares desde 2005, cuando el informe “Usos del agua en Paraguay” del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) cifraba en un 63,2 % la cobertura, lo que implicaba que cerca de medio millón de hogares no contaban con agua potable.

El porcentaje de cobertura no alcanzó tampoco los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados hasta 2015, que establecían la cifra en un 65 % de cobertura, aunque el Gobierno paraguayo se había comprometido a llegar al 70,5 % en 2008, y al 80,5 % para 2015.

Además de ampliar el número de hogares que contarán con agua potable en el país, el Gobierno paraguayo se comprometió a efectuar trabajos de saneamiento que sirvan para evitar los efectos de la contaminación sobre las aguas.

En esta área, el MOPC tiene proyectadas obras por valor de 425 millones de dólares, que servirán para instalar sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales que beneficiarán a Asunción y a ciudades de su área metropolitana como Luque, Mariano Roque Alonso y Lambaré.

Estos sistemas prevén tratar las aguas para reducir la contaminación de los cursos fluviales próximos a la capital, como la bahía que forma el río Paraguay a su paso por Asunción, donde el baño está prohibido debido a los desperdicios cloacales y al alto nivel de bacterias fecales que van directamente a sus aguas.

El Ministerio también proyecta construir un sistema de alcantarillado sanitario de las subcuencas del lago Ypacaraí, próximo a la capital y uno de los principales atractivos turísticos del país.

El lago, que está rodeado por 19 localidades, sufre desde 2012 una importante contaminación a causa de los vertidos industriales y domiciliarios, lo que ha provocado la prohibición de las actividades recreativas.

Además de la contaminación de los cursos de agua superficiales, organizaciones ambientalistas alertan del riesgo de que las actividades agrícolas contaminen cursos de agua subterráneos y acuíferos.

La directora de WWF Paraguay, Lucy Aquino, explicó a Efe de que la fertilización de los suelos y la fumigación de cultivos con productos químicos tóxicos está contaminando las aguas subterráneas y pone en peligro la calidad del Acuífero Guaraní, considerado el tercer reservorio de agua dulce más grande del mundo.

“El uso de químicos en los cultivos de soja puede llegar a contaminar el Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua más grandes del mundo. El cultivo de soja está avanzando sin que haya un equilibrio entre la producción y los sistemas de control de las leyes ambientales”, dijo Aquino.

Solo un 11 % de la población paraguaya tiene acceso al servicio de alcantarillado por la red colectora, mientras que el resto de la población elimina sus afluentes mediante pozo ciego o directamente lanzan los desechos a cursos de ríos y arroyos, según las autoridades. Paraguay, con casi siete millones de habitantes, es el país de mayor potencial hídrico en la región, ya que cuenta con una disponibilidad de agua de 67 millones de litros por habitante por año, según WWF.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.