Actualmente, la cobertura en el suministro de agua potable alcanza al 64 % de la población, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lo que lo convierte en el país de América Latina con menor cobertura en ese servicio, con casi un 40 % de la población sin acceso a este recurso.

La cifra se mantiene en términos similares desde 2005, cuando el informe “Usos del agua en Paraguay” del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) cifraba en un 63,2 % la cobertura, lo que implicaba que cerca de medio millón de hogares no contaban con agua potable.

El porcentaje de cobertura no alcanzó tampoco los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados hasta 2015, que establecían la cifra en un 65 % de cobertura, aunque el Gobierno paraguayo se había comprometido a llegar al 70,5 % en 2008, y al 80,5 % para 2015.

Además de ampliar el número de hogares que contarán con agua potable en el país, el Gobierno paraguayo se comprometió a efectuar trabajos de saneamiento que sirvan para evitar los efectos de la contaminación sobre las aguas.

En esta área, el MOPC tiene proyectadas obras por valor de 425 millones de dólares, que servirán para instalar sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales que beneficiarán a Asunción y a ciudades de su área metropolitana como Luque, Mariano Roque Alonso y Lambaré.

Estos sistemas prevén tratar las aguas para reducir la contaminación de los cursos fluviales próximos a la capital, como la bahía que forma el río Paraguay a su paso por Asunción, donde el baño está prohibido debido a los desperdicios cloacales y al alto nivel de bacterias fecales que van directamente a sus aguas.

El Ministerio también proyecta construir un sistema de alcantarillado sanitario de las subcuencas del lago Ypacaraí, próximo a la capital y uno de los principales atractivos turísticos del país.

El lago, que está rodeado por 19 localidades, sufre desde 2012 una importante contaminación a causa de los vertidos industriales y domiciliarios, lo que ha provocado la prohibición de las actividades recreativas.

Además de la contaminación de los cursos de agua superficiales, organizaciones ambientalistas alertan del riesgo de que las actividades agrícolas contaminen cursos de agua subterráneos y acuíferos.

La directora de WWF Paraguay, Lucy Aquino, explicó a Efe de que la fertilización de los suelos y la fumigación de cultivos con productos químicos tóxicos está contaminando las aguas subterráneas y pone en peligro la calidad del Acuífero Guaraní, considerado el tercer reservorio de agua dulce más grande del mundo.

“El uso de químicos en los cultivos de soja puede llegar a contaminar el Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua más grandes del mundo. El cultivo de soja está avanzando sin que haya un equilibrio entre la producción y los sistemas de control de las leyes ambientales”, dijo Aquino.

Solo un 11 % de la población paraguaya tiene acceso al servicio de alcantarillado por la red colectora, mientras que el resto de la población elimina sus afluentes mediante pozo ciego o directamente lanzan los desechos a cursos de ríos y arroyos, según las autoridades. Paraguay, con casi siete millones de habitantes, es el país de mayor potencial hídrico en la región, ya que cuenta con una disponibilidad de agua de 67 millones de litros por habitante por año, según WWF.

El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por el letal siniestro vial ocurrido el pasado 15 de agosto en el peligroso cruce Pedrozo, sobre la ruta PY02.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de Itauguá, solicitó informes oficiales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la concesionaria vial Rutas del Este S.A.

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La causa, caratulada preliminarmente como supuesto hecho punible de homicidio doloso, busca esclarecer las circunstancias alrededor del choque en el que estuvo involucrado un camión volquete.

En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, las instituciones requeridas tienen un plazo perentorio de 72 horas para entregar toda la documentación requerida en formato físico ante la secretaría de la fiscalía. Los oficios exigen especificaciones técnicas de la vía y del historial de la zona.

Por este trágico suceso se encuentra imputado el conductor que iba al mando del camión de gran porte, sobre quien el Juzgado dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal para determinar responsabilidades.

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Esta mañana se llevó a cabo una manifestación pacífica a la altura del Km 331 de la Ruta PY03, en el cruce Ybyrarobaná, encabezada por integrantes de la comunidad indígena Tekoha Y’apo y habitantes de Corpus Christi.

La medida de fuerza, que incluyó cierres de ruta de forma intermitente, se dio con el propósito de exigir justicia para el líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa, quienes fueron abatidos durante la Operación “Redención”, impulsada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

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Los manifestantes exigen el esclarecimiento de este polémico suceso, que dejó dos personas fallecidas y sendos cuestionamientos, principalmente por las dudas que generó la manera en que fue ejecutado el operativo.

Desde la SENAD salieron al paso de la polémica suscitada por el procedimiento en Canindeyú, asegurando que tanto Carrillo como Correa habrían formado parte de la estructura criminal liderada por Felipe Acosta Riveros, alias “Macho”.

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Bruno Correa, padre de Catalino Correa, cuestionó esta versión y negó que su hijo esté involucrado en actividades ilícitas, señalando que el mismo desde hace años trabajaba como activista social en favor de los pueblos indígenas.

Al momento de ser abatido, Correa iba en busca de más regalos para un festejo del Día del Niño organizado para nativos de la zona, según mencionó el hombre en una entrevista difundida por el canal GEN.

Según la Ley Orgánica Municipal de la ciudad, las calles, avenidas, aceras y plazas constituyen bienes de dominio público destinados al uso común. En ese sentido, las firmas privadas de servicios, en particular las proveedoras de telefonía e internet que despliegan tendidos de cables o instalan infraestructura urbana, quedan obligadas a abonar la tasa fijada por el municipio para la explotación de dichos espacios.

La postura comunal fue sostenida y confirmada por la Justicia, durante un proceso legal que había sido promovido por una compañía de telefonía que se oponía a esa ordenanza.

La justicia impuso las costas procesales a la empresa apelante y dejó sin margen de discusión la competencia del municipio para exigir el cumplimiento tributario a las prestatarias de servicios.

A partir de este fallo, la Municipalidad de Encarnación avanza no solo en la regularización del cobro de las tasas correspondientes, sino también en el ordenamiento del entorno urbano.

La administración comunal requerirá a las empresas del sector el retiro del cableado en desuso, con el objetivo de erradicar la polución visual y neutralizar los riesgos de seguridad que estas instalaciones generan en la ciudad.