Por Carolina Vanni y Paúl Fernández.

Joaquín Valdés tenía 20 años cuando falleció camino a su trabajo, conduciendo la moto que sacó a cuotas de la empresa La Red, representante de Leopard. Vivía en una compañía de J. Augusto Saldívar y su empleo quedaba a 10 km –Sumidenso, en el km 21 de la Ruta 1–.

Como el trayecto era corto entre su casa, facultad y trabajo, Joaquín no se preocupó por las documentaciones ni por llevar el casco puesto.

Doña Teodora Rojas –madre del infortunado– dijo que dos meses antes del siniestro su hijo pagó una coima de G. 100.000 a un policía de tránsito que lo cazó sin el casco ni las documentaciones. Había prometido comprar el protector, que quizás si lo tenía puesto, ahora él estaría vivo.

El Paraguay es uno de los pocos países de América que adecuó su legislación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo era disminuir las muertes en siniestros viales. Si bien se trata de normativas de primer mundo, las cifras de fallecidos en percances de tránsito siguen siendo elevadas, especialmente en cuanto a motociclistas.

8º EN EL MUNDO

En el Paraguay, la principal causa de muerte de las personas de 19 a 35 años no está relacionada a enfermedades, sino a los accidentes de tránsito. Según los datos de la OMS correspondientes al 2016 –publicados en diciembre del 2018–, Paraguay es el 6º país a nivel regional con más fallecidos a causa de los siniestros viales, con una tasa de 22,7 muertes por cada 100.000 habitantes.

Es también el 2º en la región por muerte de motociclistas y el 8º en el mundo por la misma causa, en vista que los registros indican 11,7 motoristas muertos por cada 100.000 habitantes. Aunque los fallecimientos de automovilistas bajaron en el 2016, la muerte de peatones tuvo un importante aumento y se situó en 5,1 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país como 7º en la región por esta causa.

LEGISLACIÓN

María Eugenia Silveira Rodrigues, asesora de las Enfermedades no Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo que se hizo un estudio del aumento de la mortalidad de motociclistas, cuya tendencia va aumentando cada año. Indicó que cuanto más suben los ingresos de los habitantes, las cifras de los fallecidos van en crecimiento.

Sin embargo, el análisis realizado por la asesora de la OPS es que no solo el incremento de los ingresos incide en el aumento de las cifras, ya que habría otros factores que recaerían en la alta mortalidad en siniestros viales.

“Paraguay es uno de los pocos que adoptaron la mayoría de las recomendaciones de la OPS en su legislación; sin embargo, las cifras de fallecidos siguen altas”, lamentó. Aunque no confirmó, sospecha que la falta de control, o tal vez la corrupción, sea el responsable de mantener elevadas las cifras de muertos.

COMPARATIVO

La situación de Paraguay resulta peculiar para las autoridades de la OMS/OPS, en vista que la mayoría de las recomendaciones fueron adoptadas por la nación guaraní; sin embargo, se sitúa entre las naciones con mayor número de motociclistas muertos (ver infografía).

Por ejemplo, países que no tienen legislación sobre el uso obligatorio de casco tienen menos muertes de motociclistas. Colombia es uno de ellos, con 9,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes; así como Uruguay, que tiene 6,1 muertos por el mismo número de personas.

Honduras y Jamaica tampoco tienen legislación para la obligatoriedad del uso de casco; sin embargo, las cifras de muertes están por debajo de las de Paraguay, y se sitúa en 4,1 y 2,9 por cada 100.000 habitantes.

ALARMANTE CIFRA

Según los registros la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), anualmente se apuntan 1.900 siniestros viales, lo que deja un promedio diario de 5 incidentes, en los cuales 3 personas pierden la vida.

Pero existe un subregistro, dijo la asesora de la OPS, María Eugenia Silveira Rodrigues, porque no todos los percances se denuncian gracias al arreglo entre las partes. Generalmente esto obvia la consulta médica que luego lleva a la muerte por traumatismos de órganos internos.

Datos del Ministerio de Salud indican que 62.000 pacientes son atendidos cada año en la red de salud pública como consecuencia de algún tipo de lesión en siniestros viales. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, indicó que el mayor número de pacientes que llega al hospital es motociclista, de los cuales el 35% no tenía el casco puesto correctamente.

Algunas víctimas quedan sin secuelas graves, pero el 80% realiza algún tipo de tratamiento y un gran número pasó por alguna cirugía porque tuvo fractura expuesta. Se estima que el Estado –mediante los impuestos pagados por los contribuyentes– gasta alrededor de G. 300 millones por cada paciente traumatizado que ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El promedio de internación en UTI es de 12 días.

URGEN MEDIDAS

Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes estudian las medidas que se pueden aplicar para frenar la alta tasa de mortalidad a causa de los siniestros viales, lo que sitúa al país entre los primeros no solo a nivel regional, sino además en el mundo.

En ese sentido, el asesor de la ANTSV, Alberto González, indicó que desde el organismo trabajan en la reglamentación de la ley de tránsito, así como también en otros aspectos que ayudarán a un control en la expedición de licencias.

Además, se insistirá con campañas para mejorar la comunicación que permitan a la ciudadanía conocer a cabalidad la normativa vigente.

“Mucha gente desconoce la ley, y es allí donde entra en infracción”, dijo González al hablar de la necesidad de mejorar la comunicación.

Asimismo, con la aplicación de las multas electrónicas se pretende disminuir los casos de coimas, que muchas veces dejan impune a los infractores.

Preocupante estadística se mantiene

Los registros del 2015 indican que 1.157 personas murieron ese año a causa de accidentes de tránsito, mientras que en el 2016, un total de 1.202 personas fallecieron por la misma causa. Esto representa 17,54 muertos por cada 100.000 habitantes (2016), según los registros de la ANTSV, mientras que la OMS tiene otra estadística, cuya cifra asciende a 1.529 muertos en ese mismo año, dando como resultado 22,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, el 80% de las defunciones fueron de hombres y el 20% correspondía a mujeres. Las cifras de personas fallecidas de entre 20 a 34 años siguen siendo altas, a lo que se suma un reporte anual de 300 personas que quedan con alguna discapacidad permanente, dijo González.

“En el 2017 hubo 1.198 fallecidos y el 52% eran de motociclistas”, dijo el asesor de la ANTSV, Alberto González, al indicar que en los últimos 10 años, la cifra de fallecidos a causa de siniestros viales en el Paraguay se mantiene entre 1.100 a 1.200 por año. La mayor cantidad de accidentes se registran en Asunción y Central y el 52% de las muertes es en la vía pública.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.