Por Carolina Vanni y Paúl Fernández.

Joaquín Valdés tenía 20 años cuando falleció camino a su trabajo, conduciendo la moto que sacó a cuotas de la empresa La Red, representante de Leopard. Vivía en una compañía de J. Augusto Saldívar y su empleo quedaba a 10 km –Sumidenso, en el km 21 de la Ruta 1–.

Como el trayecto era corto entre su casa, facultad y trabajo, Joaquín no se preocupó por las documentaciones ni por llevar el casco puesto.

Doña Teodora Rojas –madre del infortunado– dijo que dos meses antes del siniestro su hijo pagó una coima de G. 100.000 a un policía de tránsito que lo cazó sin el casco ni las documentaciones. Había prometido comprar el protector, que quizás si lo tenía puesto, ahora él estaría vivo.

El Paraguay es uno de los pocos países de América que adecuó su legislación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo era disminuir las muertes en siniestros viales. Si bien se trata de normativas de primer mundo, las cifras de fallecidos en percances de tránsito siguen siendo elevadas, especialmente en cuanto a motociclistas.

8º EN EL MUNDO

En el Paraguay, la principal causa de muerte de las personas de 19 a 35 años no está relacionada a enfermedades, sino a los accidentes de tránsito. Según los datos de la OMS correspondientes al 2016 –publicados en diciembre del 2018–, Paraguay es el 6º país a nivel regional con más fallecidos a causa de los siniestros viales, con una tasa de 22,7 muertes por cada 100.000 habitantes.

Es también el 2º en la región por muerte de motociclistas y el 8º en el mundo por la misma causa, en vista que los registros indican 11,7 motoristas muertos por cada 100.000 habitantes. Aunque los fallecimientos de automovilistas bajaron en el 2016, la muerte de peatones tuvo un importante aumento y se situó en 5,1 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país como 7º en la región por esta causa.

LEGISLACIÓN

María Eugenia Silveira Rodrigues, asesora de las Enfermedades no Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo que se hizo un estudio del aumento de la mortalidad de motociclistas, cuya tendencia va aumentando cada año. Indicó que cuanto más suben los ingresos de los habitantes, las cifras de los fallecidos van en crecimiento.

Sin embargo, el análisis realizado por la asesora de la OPS es que no solo el incremento de los ingresos incide en el aumento de las cifras, ya que habría otros factores que recaerían en la alta mortalidad en siniestros viales.

“Paraguay es uno de los pocos que adoptaron la mayoría de las recomendaciones de la OPS en su legislación; sin embargo, las cifras de fallecidos siguen altas”, lamentó. Aunque no confirmó, sospecha que la falta de control, o tal vez la corrupción, sea el responsable de mantener elevadas las cifras de muertos.

COMPARATIVO

La situación de Paraguay resulta peculiar para las autoridades de la OMS/OPS, en vista que la mayoría de las recomendaciones fueron adoptadas por la nación guaraní; sin embargo, se sitúa entre las naciones con mayor número de motociclistas muertos (ver infografía).

Por ejemplo, países que no tienen legislación sobre el uso obligatorio de casco tienen menos muertes de motociclistas. Colombia es uno de ellos, con 9,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes; así como Uruguay, que tiene 6,1 muertos por el mismo número de personas.

Honduras y Jamaica tampoco tienen legislación para la obligatoriedad del uso de casco; sin embargo, las cifras de muertes están por debajo de las de Paraguay, y se sitúa en 4,1 y 2,9 por cada 100.000 habitantes.

ALARMANTE CIFRA

Según los registros la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), anualmente se apuntan 1.900 siniestros viales, lo que deja un promedio diario de 5 incidentes, en los cuales 3 personas pierden la vida.

Pero existe un subregistro, dijo la asesora de la OPS, María Eugenia Silveira Rodrigues, porque no todos los percances se denuncian gracias al arreglo entre las partes. Generalmente esto obvia la consulta médica que luego lleva a la muerte por traumatismos de órganos internos.

Datos del Ministerio de Salud indican que 62.000 pacientes son atendidos cada año en la red de salud pública como consecuencia de algún tipo de lesión en siniestros viales. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, indicó que el mayor número de pacientes que llega al hospital es motociclista, de los cuales el 35% no tenía el casco puesto correctamente.

Algunas víctimas quedan sin secuelas graves, pero el 80% realiza algún tipo de tratamiento y un gran número pasó por alguna cirugía porque tuvo fractura expuesta. Se estima que el Estado –mediante los impuestos pagados por los contribuyentes– gasta alrededor de G. 300 millones por cada paciente traumatizado que ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El promedio de internación en UTI es de 12 días.

URGEN MEDIDAS

Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes estudian las medidas que se pueden aplicar para frenar la alta tasa de mortalidad a causa de los siniestros viales, lo que sitúa al país entre los primeros no solo a nivel regional, sino además en el mundo.

En ese sentido, el asesor de la ANTSV, Alberto González, indicó que desde el organismo trabajan en la reglamentación de la ley de tránsito, así como también en otros aspectos que ayudarán a un control en la expedición de licencias.

Además, se insistirá con campañas para mejorar la comunicación que permitan a la ciudadanía conocer a cabalidad la normativa vigente.

“Mucha gente desconoce la ley, y es allí donde entra en infracción”, dijo González al hablar de la necesidad de mejorar la comunicación.

Asimismo, con la aplicación de las multas electrónicas se pretende disminuir los casos de coimas, que muchas veces dejan impune a los infractores.

Preocupante estadística se mantiene

Los registros del 2015 indican que 1.157 personas murieron ese año a causa de accidentes de tránsito, mientras que en el 2016, un total de 1.202 personas fallecieron por la misma causa. Esto representa 17,54 muertos por cada 100.000 habitantes (2016), según los registros de la ANTSV, mientras que la OMS tiene otra estadística, cuya cifra asciende a 1.529 muertos en ese mismo año, dando como resultado 22,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, el 80% de las defunciones fueron de hombres y el 20% correspondía a mujeres. Las cifras de personas fallecidas de entre 20 a 34 años siguen siendo altas, a lo que se suma un reporte anual de 300 personas que quedan con alguna discapacidad permanente, dijo González.

“En el 2017 hubo 1.198 fallecidos y el 52% eran de motociclistas”, dijo el asesor de la ANTSV, Alberto González, al indicar que en los últimos 10 años, la cifra de fallecidos a causa de siniestros viales en el Paraguay se mantiene entre 1.100 a 1.200 por año. La mayor cantidad de accidentes se registran en Asunción y Central y el 52% de las muertes es en la vía pública.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

Lea también:“¿Cuánto les pagó Marset?”: Fulminan a medio por entrevistar (para el rating) a narco prófugo

Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

Nota relacionada: Diputados aprueban en general la reforma del transporte público

La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

Leé también: Choferes del transporte público (una vez más) anuncian huelga

De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Recibimos la propuesta del sindicato de trabajadores de periodismo y vamos a acatar ese pedido”, expresó el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, en entrevista con los medios.

El mismo explico que desde el SPP presentaron una nota mediante la cual solicitan postergar el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso, exponiendo una serie de argumentos al respecto.

Nota relacionada: Presentan proyecto de protección a periodistas y sus familiares

No supo precisar si la postergación será solo hasta la siguiente sesión del Senado o directamente hasta el próximo año, teniendo en cuenta el inminente inicio del receso parlamentario.

El legislador de la ANR no descartó la posibilidad de convocar a una audiencia pública para debatir sobre el mencionado proyecto, que fue oficializado a inicios de diciembre por el movimiento Honor Colorado.

Leé también: El principal conflicto de la ley de protección a periodistas

La principal diferencia del proyecto original -que data del año 2023- es la exclusión de los defensores de derechos humanos en el mecanismo de protección, dando exclusividad a periodistas y trabajadores de prensa.

“Todo el proyecto va a ser compartido con el sindicato y juntos vamos a hacer las modificaciones que ellos crean correspondientes”, añadió Chase.