El director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, informó que este fenómeno se presenta en consonancia a lo que está ocurriendo en países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Bolivia. “Todos están mostrando un descenso en esta ola”, declaró.

El epidemiólogo recordó que, en esta última ola, el pico alcanzó un poco más de 8.000 casos y alrededor de 40 fallecidos en su peor semana, que luego fue descendiendo. Aseveró que, con relación a las anteriores olas, el patrón de descenso se está repitiendo.

Hasta el momento, el 83% de los distritos del país presenta una baja transmisión comunitaria del virus – Nivel 1. Solo dos distritos pequeños registran transmisión alta – Nivel 3.

Sequera refirió que, si bien los niveles de transmisión comunitaria descendieron de manera importante, se siguen registrando varios internados por COVID-19.

En esta última ola, indicó que el pico de hospitalizados por la infección llegó a más 300 ingresos en una semana, y actualmente se evidencia una disminución con relación a la semana anterior, de 73 nuevos internados, 8 de ellos en terapia intensiva.

El juez penal de Garantías de Fernando de la Mora, Javier Sapena, este jueves resolvió elevar a juicio oral y público la causa penal abierta contra el doctor Daniel Hernán Domaniczky.

Cabe recordar que el médico cirujano fue imputado por el hecho punible de homicidio culpso a raíz de la muerte de la exmodelo y política Paola Gaete, ocurrido en enero del año pasado.

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En aquella oportunidad, Gaete había ingresado al quirófano para una cirugía estética que estaba a cargo de Daniel Domaniczky, aunque unas horas después se produjo su fallecimiento.

De acuerdo al informe de la autopsia, el galeno le había perforado una arteria durante la intervención quirúrgica y ya no pudo frenar la hemorragia, derivando en la muerte de la paciente.

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La junta médica conformada por petición de la Fiscalía determinó que Domaniczky “violó las normas del deber de cuidado” al no haber solicitado a la paciente una evaluación preoperatoria clínica y reumatológica.

Fredy Osvaldo Escobar Aguiar (48) se encuentra recluido en la Dirección de la Policía de Alto Paraná, imputado por coacción sexual y violación de una menor de edad, por disposición del fiscal Alcides Giménez.

Los datos que maneja la pesquisa indican que, el hecho ocurrió ayer miércoles en el IPS de Ciudad del Este, adonde fue una adolescente para acompañar a su madre, quien padece un problema de salud.

Por tal motivo le indicaron unos estudios, por los cuales, la adolescente necesitaba hacer unas gestiones en el laboratorio y decidió preguntar al guardia dónde quedaba ese lugar.

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Aprovechando esta oportunidad, Escobar Aguiar no solamente le dio las indicaciones, sino que, decidió acompañarla personalmente. Sin embargo, una vez en el ascensor, el guardia intentó seducir a la joven y le pidió su número de celular.

Ante la negativa, trató de besarla a la fuerza, la presionó contra la pared y la manoseó, sacando ventaja de su fuerza física superior a la de la menor.

Afortunadamente, al abrirse la puerta del elevador, la víctima logró zafar y salió corriendo en estado de shock. De inmediato, le contó lo acontecido a su madre, quien reportó el hecho a las autoridades del hospital, donde el guardia quedó detenido.

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En el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Racional y Eliminación final de los PCBs en el Paraguay, la ANDE continúa con los trabajos de muestreo de aceites de los Transformadores de distribución instalados dentro del Parque Nacional Ybycui, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en el departamento de Paraguarí.

Los trabajos de muestreo fueron ejecutados en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en forma conjunta con funcionarios de la Sección Atención al Cliente Ybycui, de la Dirección de Gestión Regional.

Estas tareas ejecutadas en el marco del proyecto citado, son llevadas a cabo con el objetivo de caracterizar  los equipos para detectar presencia de PCBs, es decir Bifenilos Policlorados, para su posterior eliminación y así cumplir con los compromisos asumidos por el país en el marco del Convenio de Estocolmo.

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Cabe señalar que dentro del proyecto, se prevé la eliminación de hasta 700 toneladas de PCBs  y desechos relacionados, a nivel país, así como también el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión ambientalmente racional de dicha sustancia, incluyendo a laboratorios, empresas fabricantes de equipos eléctricos y aquellas dedicadas al mantenimiento de los mismos.