POR RICHARD MOREIRA

Sin embargo, ante el pano­rama bastante pesimista que sobrevolaba la sala de audiencias antes de la sesión de la Corte Inte­ramericana, ubicada en el acomodado barrio Los Yoses, de la capital de Costa Rica, la comparecencia de Óscar Germán Latorre trajo cierta tranquilidad y espe­ranza a la defensa a raíz del testimonio sereno, preciso y en detalles que ofreció a los jueces de la Corte.

Desde San José, Latorre accedió a una entrevista para La Nación, luego de la audiencia, en la que explicó algunos aspectos que ates­tiguó en la sesión del jue­ves pasado y que tiene refe­rencia con Arrom, Martí, la industria del secuestro y las chances del Paraguay en esta demanda.

–Luego de la presentación de los testigos por parte del Estado paraguayo, ¿cuál es su expectativa respecto al caso?

–Creo que los testimonios ofrecidos por el Estado son bien contundentes. Lamen­tablemente parece que se perdió de vista lo que era principal. Se habló mucho de las coartadas, de los tres imputados (Casal, Gama­rra, Schembori), pero no se puso énfasis en unos aspec­tos que son incuestionables. La primera es que Juan Arrom hizo la denuncia alegando que el 19 de enero del 2002 había extraviado su cédula.

Supuestamente, el 19 de enero ya estaba desaparecido y bajo tor­tura. De la misma manera, la señora María Edith Bor­dón de Debernardi dijo que ella vio a Martí ese 19 de enero, lo cual si estuviese privado de libertad sería imposible. Otro detalle en que no se puso énfasis, pero supongo que lo harán en los alegatos por escrito, es que desde el celular de Juan Arrom se hicieron cuatro llamadas al profesor Luis Alfonso Resck, durante el tiempo que duró el cautive­rio, el supuesto cautiverio.

En tercer lugar, pusieron énfasis en tratar de justi­ficar esa desaparición for­zosa a partir de cuestiones políticas, que honestamente hablando son muy difíciles de concebir. Antes del caso Debernardi, personal­mente no sabía que exis­tía un movimiento Patria Libre. La verdad era difícil también creer, aun cuando comenzaron a surgir esos datos, que un movimiento esté involucrado en secues­tro. Pero el tiempo nos con­firmó que el comité político de Patria Libre sí estaba pla­nificando otros secuestros, fue así como secuestraron a Debernardi, así planifi­caron el secuestro de Ceci­lia Cubas, que tenía que haberse realizado inme­diatamente después del de María Edith.

–Esta falta de énfasis, ¿a qué o a quién se puede atribuir?

–Creo que la discusión que planteó la Corte Interame­ricana no permitió poner énfasis en esos temas, pero estoy muy confiado en que la sentencia que se pueda llegar a dictar, aun cuando pudiese ser condenatoria, no va ser por tortura, sino por cuestiones relativas a la legislación penal y tal vez por el tema de la violación del principio de presunción de inocencia, que alegan a partir de unos panfletos y carteles que aparecie­ron allá por el 2009 y 2010, cuando yo no cumplía fun­ciones en la Fiscalía General. No sé de dónde surgió. Obviamente, si eso pro­vino del Estado, es un error. Pero resulta que el Ministe­rio del Interior lo niega, el Ministerio Público lo niega, la Policía lo niega, enton­ces queda ahí en un compás de espera. Yo podría pen­sar que fue el Ing. Antonio Debernardi el que sacó el aviso, pero no tengo prue­bas tampoco.

–Cuando compareció, en su relato Ud. logró hábilmente introducir el secuestro de María Edith como un hecho aso­ciado a Arrom y Martí. ¿Cree que esta vincula­ción pueda ser favora­ble para las chances del Estado paraguayo?

–Creo que la Corte actuó lógicamente porque era imposible hacer estimacio­nes con relación a la denun­cia de Arrom y Martí sin referirse al caso de María Edith. ¿Y lo digo por qué? Porque nosotros sabíamos que Arrom fue el que depo­sitó el mensaje que se aban­donó en la casa de su madre. Tenemos funcionarios que estaban haciendo la vigi­lancia y que lo vieron, entró, salió y el mensaje llegó. En segundo lugar, teníamos el dinero que entregaron a Marcos Álvarez, que cree­mos fue un exceso de con­fianza, una confianza que podría decirse defrau­dada. La verdad es que ese dinero fue parte del dinero que pagó Debernardi por el rescate de su esposa. Para ese entonces ya teníamos plena seguridad, muy fun­dada sospecha, de que Juan Arrom, Martí y Víctor Col­mán ya estaban involucra­dos. El resto de los que fue­ron imputados y que luego fueron condenados apare­cieron después de la libera­ción de María Edith, quien comenzó paulatinamente a identificar a las personas. Así, identificó a Martí, a Carmen Villalba a Oviedo Brítez y otros.

–Pero, entonces, hay cierta esperanza…

–Noto, digamos, algo de esperanza, de expectativa positiva, cuando los jueces permitieron que yo desa­rrollara también el tema Debernardi porque eso era fundamental, que pudie­sen comprender ellos que lo que se estaba debatiendo era simplemente la versión men­tirosa de dos personas que secuestraron a la concuñada de uno de ellos.

–Tanto en Paraguay y, sobre todo, ante la Corte, habló acerca de una “industria del secuestro”. Cree que la instalación de esta industria comenzó con Arrom y Martí.

–Definitivamente que sí. Invito a indagar en los archi­vos de la Fiscalía porque allí consta cuándo comenzó y cómo comenzó esto. Fue en 1999 cuando Arrom contacta con Ricardo Granda, que está refugiado en Venezuela, en Caracas específicamente, y allí le propone iniciar “la empresa” como le llaman ellos. A partir de ahí, los intercambios y evaluaciones entre Granda y Raúl Reyes, deciden comprometerse en “la empresa” y comienzan a financiar a Arrom y a su grupo, permitiéndole dinero para financiar el operativo, que tardó meses en ser eje­cutado, pero lo ejecutaron. Tenemos también eviden­cias de que las FARC reci­bieron de Patria Libre unos 300 mil dólares, por el ase­soramiento. Eso está docu­mentado por la Fiscalía. Ahora hay una nueva línea de investigación que tiende a determinar adónde fue a parar el resto de la plata (250 mil o 280 mil dólares). Me reservo el dato, eso tendrán que investigar los fiscales, ya no me corresponde a mí. Es un dato confiable y depen­derá de la mayor o menor diligencia para encontrar la punta del ovillo.

–Tras los testimonios y los alegatos presentados en San José, ¿cree que el Estado tiene chances de no recibir condena?

–Desde mi punto de vista como abogado, desde el punto de vista jurídico, creo que el Estado paraguayo tiene que salir airoso. Sen­cillamente porque las evi­dencias que existen nos con­ducen a sostener que sí. Lo puedo decir yo que soy abo­gado y que no represento al Estado, para mí la apa­rición del 30 de enero (día de la supuesta liberación de Arrom y Martí) fue una farsa montada.

Puedo revelar algo que me parece elocuente. Ya varios meses después de que aparecieran ellos, uno de los fiscales va a mi despacho y me cuenta que estuvo ese día en Marquetalia, y que habló con el “comandante Choco­late”, que era un dirigente social del lugar. Este le dice que tengan cuidado porque esto de las torturas y demás responde a un protocolo que tienen para casos de crisis y amenazas, de órdenes de detención e inmediatamente se hace una denuncia contra la Policía u otros estamentos del Estado.

“Chocolate” le propone a este fiscal, lo que terminó convenciendo al mismo, que con una cuchara se golpease suavemente 100 veces en el brazo, y que va a comprobar que lo que decía era verdad. Este fiscal hizo la prueba durante una trans­misión de fútbol, se golpeó suavemente y al termi­nar el juego tenía el brazo rojo, aunque no le dolía nada. Pero al día siguiente, cuando fue a mi despacho, ese brazo de la muñeca hasta el hombro, estaba totalmente negro. Yo le dije que estaba loco, pero cual­quier duda que pudo haber tenido se disipó.

–¿Qué otras cuestiones le hacen sospechar que fue un montaje?

–Las circunstancias en que aparecieron Arrom y Martí, previa convocatoria de la prensa, pareciera que fue todo armado para permi­tir la reaparición triunfal de ellos, con todos los car­gos que tenían encima, no se les dio tratamiento debido, que se violaron sus derechos, estamos hablando de secues­tro, de un crimen y la Corte ordenó la libertad ambula­toria, que luego les permitió huir a ellos cuando la Fisca­lía presentó acusación, y la misma fue admitida por un juez penal de Garantías y se llevó a juicio oral.

–¿Esta industria del secuestro fue reducida a partir de las actuaciones realizadas desde la Fisca­lía aquel 2002?

–No. Conseguimos 13 con­denados en el caso Deber­nardi, gente importante dentro de la estructura de Patria Libre, que cambió la Secretaría General, pasó a manos de Omar Martínez, volvieron a practicar el secuestro, en este caso de Cecilia Cubas. La mayoría de los responsables del pri­mer estamento del comité político de Patria Libre fue condenada. En total suman más de 30 condenados y a partir de ahí Patria Libre comienza a desaparecer. A nivel político pasan a ser el P-MAS y la parte operativa se denomina EPP. El Estado no reaccionó; por lo menos, no nos tomaron en serio cuando anunciamos lo que iba a ocurrir y ocurrió.

–El secuestro como ele­mento político de finan­ciamiento, para sus obje­tivos, ¿se desmanteló?

–No, no se desmanteló. Y la prueba es que estamos per­diendo la guerra. No es una guerra fácil, la infiltración existe en todas partes, inclu­yendo en esta misma defensa (del Estado paraguayo) hay infiltración. Vamos a ver lo que ocurre.

A la intensificación de las acciones contra la distribución de drogas se añadió otra intervención en zona del Km 7 lado Monday, donde se detuvo a un hombre de 35 años, quien se valía de un local de comidas y juegos para la distribución de chespi. Se trata de Fernando Rotela.

El informe de la SENAD refiere que en los últimos días un local de comidas fue puesto bajo la lupa de un seguimiento impulsado por la Oficina Regional de Ciudad del Este en conjunto con el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Elvio Aguilera.

El lugar presentaba particularidades en las que se observaron movimientos de comercialización de drogas por parte del detenido.

El personal encargado del operativo desbarató el punto de tráfico con un allanamiento e incautación de 45 dosis de crack y dinero en efectivo.

Usar como fachadas para la venta de droga este tipo de negocios posibilita recurrir a los deliverys para distribuir la droga encargada por los clientes.

Luis Alberto Franco Báez (37), oriundo de Salto del Guairá, es el fallecido en el accidente aéreo registrado este viernes en Boquerón, Loma Plata.

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El hombre se hacía llamar “El señor de los cielos” y “Vaka resa”. Los fiscales Lorenzo Lezcano, Julio César Yegros e Israel Villalba llegaron a investigarlo por tráfico de drogas, pero no encontraron elementos que confirmen las sospechas.

Franco Báez también registra antecedentes por transgresión de la ley de armas y presunto lavado de dinero. En el año 2016 lo arrestaron con 30 proyectiles de arma de grueso calibre.

Asimismo, el 10 de julio pasado lo detuvieron por una denuncia que presentó su concubina por violencia intrafamiliar, pero posteriormente lo liberaron.

El otro fallecido es Alberto Morínigo Mendoza, 43 oriundo de Horqueta, pero con domicilio actual en Capiatá.

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El personal de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad realizó un operativo que derivó en la detención de un importante eslabón de provisión de drogas que sería parte del “Clan Rotela”. Fue durante el allanamiento a una vivienda localizada en el barrio Roberto L. Pettit de Asunción.

Carlos Alberto Duarte Aguilera, de 45 años, quien fue detenido años atrás por la SENAD y hace 8 meses salió de la prisión, fue sorprendido en el lugar con un paquete de clorhidrato de cocaína que pesaba 907 gramos, equivalentes a unas 2.000 dosis en el mercado final de consumo.

Además le fueron incautados dos aparatos celulares, proyectiles calibre 22, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

El detenido se encargaba de proveer a toda una red de distribuidores de drogas que operaban en Asunción y alrededores. El hombre fue remitido a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición fiscal.

El Plan SUMAR se enfoca en la desarticulación de los pequeños focos de narcomenudeo y al mismo tiempo apunta a los microtraficantes que forman parte de las redes de abastecimiento. Con estas acciones se pretende afectar significativamente la oferta de drogas en las calles.