De acuerdo a los testimonios recogidos por HOY digital, se viene dando una sistemática persecución dentro de la televisora pública en los últimos meses y de diversas formas. Desde retiro de equiparaciones salariales, el no reconocimiento de las horas extras o trabajo en horario nocturno y feriados, maltrato y hostigamiento laboral y lo más grave que tiene que ver con la serie de despidos que totalizan 19 hasta el momento.

El recorte de personal alcanza a camarógrafos, periodistas, técnicos, sonidistas, varios con antigüedad por arriba de los cuatro años, bajo el supuesto alegato de falta de presupuesto, cuando en contrapartida se vienen realizando numerosas contrataciones, la mayoría de personal administrativo, como parte del proceso de integración de lo que será el nuevo Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, según las fuentes que conversaron con nuestro medio.

El drama de los despidos cobra mayor impacto ya que se dieron en pleno diciembre, con la carga emocional que implica el no poder llevar el sustento diario o tener una cena digna en las fiestas de fin de año, sumado a cada una de situaciones particulares que atraviesan los recientemente cesados en sus puestos.

Una de las afectadas se enteró que se quedaba sin empleo en plena cobertura de Caacupé, mientras que un camarógrafo tiene internada a su esposa con un embarazo de alto riesgo tanto para ella como para el bebé. También afectó a gente con reconocida trayectoria en medios a quienes no se les tendrá en cuenta a partir del presente mes.

La mayor parte de las notificaciones fueron por escrito a través de la Dirección de Talento Humano y a cada trabajador se le íntimó a firmar, aun cuando no hubo sumarios, ni faltas administrativas para una determinación de ese tipo. En otro caso, un notificada por despido debió acudir al hospital a causa del shock por la situación.

Según las fuentes consultadas, la responsabilidad de los despidos recae en Larissa Giménez, directora, quien se llamó a silencio ante los reclamos sobre la situación de los trabajadores desvinculados, no acudió al canal en los últimos días ni tampoco atendió el celular

Se cree que la cifra podría de despidos podría incrementarse en los próximos días, atendiendo a que alguno se encuentran en cobertura y otros de vacaciones.

Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez imputó a tres hombres que fueron detenidos con más de 2.000 kilos de marihuana prensada durante un allanamiento realizado este martes por la noche en la capital del Alto Paraná y a la vez requirió la prisión preventiva de todos ellos.

Los presuntos narcotraficantes están identificados como Francisco Javier Martínez González (54), Kevin Gabriel Fernández Britos (20) y Blas Antonio Fernández Britos (44), quienes enfrentan cargos por los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y se encuentran privados de libertad, a cargo de la Justicia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Jardín del Este del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, a las 20:00 horas aproximadamente, y estuvo encabezado por el fiscal Rojas Rodríguez, quien contó con el acompañamiento de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Durante el operativo, los intervinientes incautaron 2.076,800 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 744 panes y 45 paquetes grandes. Asimismo, se requisaron un aparato celular y varios documentos, apareciendo los citados ciudadanos como los presuntos responsables de las sustancias incautadas, que estarían destinadas para su distribución y comercialización en la triple frontera.

Tanto los detenidos como el cargamento de drogas fueron remitidos hasta la base de la SENAD Regional, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Basándose en los elementos de sospecha, el fiscal resolvió imputar a los tres hombres y solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico solicitó tres meses de plazo para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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