El comunicado de la Cancillería paraguaya es una respuesta al de la Acnudh, en torno a esos dos fallecimientos, el pasado mes de septiembre, y sobre la desaparición de una tercera adolescente, que también sería hija de miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En su texto, la Cancillería señala que recibe ese comunicado “con suma preocupación considerando que la manera en que los hechos son presentados en el mismo”.

Añade que ese comunicado “no ha tomado en cuenta la información sustantiva proveída oportunamente por el Estado a solicitud de diversos mecanismos de protección de los derechos humanos del ámbito de las Naciones Unidas, comprometiendo seriamente la objetividad y el equilibrio en los términos del pronunciamiento publicado”.

Y señala que Paraguay ha remitido informes sobre la muerte de las dos menores a varios titulares de mandato de procedimientos especiales, como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias o la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, entre otros.

A su vez, la Cancillería afirma que se ha suministrado información sobre los esfuerzos en la búsqueda de la menor desaparecida, ello en respuesta a una petición de acción urgente transmitida por el Comité contra la Desaparición Forzada.

En ese sentido, y dado que la publicación de la Acnudh “alude a nuevas evidencias que entendemos obrarían en su poder”, la Cancillería significa que “agradecería poder acceder a las mismas, a fin de enriquecer el caudal probatorio recolectado hasta el momento por las instancias de investigación competentes”.

El comunicado de la Cancillería concluye con un repudio “a la práctica deleznable del grupo criminal EPP, que consiste en utilizar y explotar a niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos, propiciando graves vulneraciones a sus derechos, en razón de su exposición a situaciones de peligro y violencia, en los campamentos”.

Las dos menores murieron en un enfrentamiento entre el EPP y la FTC, en los alrededores de un campamento del grupo, en el norte del país.

La versión del Gobierno es que las menores estaban integradas en la facción criminal y que una de ellas llegó a abrir fuego durante ese choque.

El Gobierno de Argentina comunicó entonces al de Paraguay que las menores contaban con nacionalidad argentina.

Según el Gobierno paraguayo las menores eran hijas de líderes guerrilleros, nacidas en Paraguay y posiblemente crecidas en Argentina con familiares de miembros del grupo.

La menor desaparecida es también identificada como pariente de alguno de esos líderes, y su desaparición fue denunciada por Laura Villalba, presunta miembro del EPP detenida a finales de diciembre.

El documento promovido por la Fiscalía General del Estado es contra la resolución del Senado por la cual se derogan los documentos que aprobaron los desafueros de los legisladores Erico Galeano, Rafael Filizzola y Hernán Rivas.

El argumento que sustenta la acción de constitucionalidad es que, con la resolución aludida se desvirtuó el debido proceso paralizándolos, cuando en su momento ya se otorgaron los desafueros.

Esta interrupción tiene efecto constitucional en el artículo 137 de la Carta Magna, donde, se estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.

Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la Corte que deberá expedirse sobre esta acción.

EN DESARROLLO.

En la mañana del lunes se registró un violento hecho de asalto en una vivienda ubicada en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná.

Resultó víctima de este episodio Juan Ángel Ayala Ferreira, de 76 años, quien fue atacado por un marginal que había llegado hasta su domicilio con fines de robo.

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Este anciano se percató que un ladrón ingresó a su hogar y quiso reaccionar, momento en que fue agredido con un machete, sufriendo heridas en la mano y el abdomen, menciona La Clave.

El autor de este asalto sería un joven conocido con el alias de “Aldo Loco”, un adicto a las drogas que acostumbra merodear en la zona del mercado de abasto de Ciudad del Este.

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Tras agredir a la víctima, este delincuente se alzó con su teléfono celular y se dio a la fuga, momento que quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado.

La Policía Nacional recibió la denuncia del hecho y ahora se encuentra tras los pasos de “Aldo Loco”, llevando adelante una serie de rastrillajes para dar con su paradero. Gracias a la ayuda de la ciudadanía tras la viralización del video, también se obtuvo información valiosa sobre el criminal.

El fiscal Federico Delfino indicó que, de concretarse la extradición de Argentina, estas personas serían juzgadas por asociación terrorista y se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Los sospechosos se habrían encargado del adoctrinamiento de nuevos integrantes del grupo criminal. “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban entrenamiento militar”, expuso en charla con radio Ñanduti.

El agente del Ministerio Público señaló los familiares de Carmen Villalba se encuentran bajo vigilancia en el vecino país, mientras se resuelve la expulsión de los mismos.

En comparación al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí (refugiados en Finlandia), Delfino refirió que la situación es “radicalmente distinta”, atendiendo a las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien abogó públicamente por la extradición.

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En Argentina detuvieron el viernes pasado a José Mariano, María Rosa y Myriam Villalba Ayala, hermanos de Carmen, y Tania Tamara, que operaban en forma camuflada en el vecino país, como políticos del EPP, siendo esta agrupación de corte terrorista en Paraguay.