El video empieza con testimonios de Mariela, una paraguaya que trabaja en una panadería de Buenos Aires y explica que cuando escucha el Himno Nacional argentino se le pone la piel de gallina y lo canta. “Los que están al lado mío son argentinos y no lo cantan… me pongo a pensar y digo que el Himno Nacional de Paraguay no lo conozco”, expresa.

La joven agrega que le costó mucho ser aceptada por su tono de voz, por su color de piel y además por haber sido abanderada en el colegio donde asistió. Dijo que sus compañeros e incluso docentes cuestionaban por qué una paraguaya lleva la bandera Argentina.

“No vivimos mucho en armonía. Nos marcamos mucho entre nosotros”, expresó Mariela, quien relató que hay argentinos que le dicen que los inmigrantes tienen que agradecer por estar trabajando en su suelo.

La situación fue distinta para Raúl Federico Penayo, preceptor del secundario del Colegio Virgen de Caacupé del barrio 21-24, a quien la producción lo entrevistó mientras cocinaba en una fiesta de San Juan. “Vine con una mano atrás y una adelante”, recordó el hombre quien supo progresar en el vecino país.

Como educador, Penayo fue consultado sobre la carta que escribió un alumno a su profesor por expresarse solo en guaraní y no saber hablar español. Dijo que les suele pedir a los alumnos que se ubiquen y que traten de hacer un esfuerzo mínimo para hablar más en castellano.

Sobre las personas que lo maltratan por ser paraguayo, el hombre dijo que opta por no gastar saliva con gente que tiene “la mente muy corta”.

La señora Porfiria, del barrio 31, es propietaria de un pequeño almacén. Cuando está en condiciones de cocinar en mayor cantidad, la mujer reparte comida a personas que están sumidas en las drogas.

Si bien su marido no está de acuerdo con lo que hace, Porfiria relata: “mi idea era tener un hijo argentino, ahora tengo miles”. Su meta es, algún día, volver a su querido Paraguay.

Salomón Ramírez Santacruz, de Abaí, es empresario de calzados y presidente del Club Deportivo Paraguayo. En su ciudad natal, recordó que su padre faenaba una vaca por día y que el cuero del animal se utilizaba para la fábrica de calzados.

Cuando migraron a Argentina, la fábrica sirvió para dar de comer a toda la familia y fue sostenida por su padre, pese a que tenía una educación muy básica. Hoy, son 40 las personas que trabajan en la zapatería, incluyendo a los hermanos que son propietarios e igualmente son parte de la mano de obra activa de la industria.

Dijo que los paraguayos son unidos y que cuando los gobiernos, tanto de Paraguay como de Argentina, toman medidas que les afectan, los paraguayos se unen y buscan soluciones.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Prosigue búsqueda de supuesta “monja” acusada de explotar a menores

Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.