“Expresamos nuestra total apoyo, y solidaridad con el democrático Estado de Israel, el cual se encuentra con su población civil atacada desde hace días por grupos terroristas abiertamente individualizados como el Hamás y la Yihad Islámica, que se encuentran mimetizados en medio civiles ejecutando operaciones bélicas desde la Franja de Gaza”, dice la parte inicial del comunicado.

Sostienen además que cada uno de los más de 3.000 cohetes lanzados hasta ahora por el grupo terrorista Hamás hacia Israel, constituyen “crímenes de guerra y lesa humanidad”, por lo que condenan enérgicamente la utilización de civiles palestinos en la Franja de Gaza por parte de los extremistas.

“Nuestro total repudio en dirigir los cohetes directamente teniendo como objetivo población civil israelí, lo cual lo están haciendo de forma indiscriminada y sistemática con la clara intención de buscar generar el terror con la muerte de inocentes”, resaltan.

Asimismo, solicitan al Gobierno de Israel que continúe protegiendo a su “valiente población” y que sigan maximizando la prudencia, a fin de evitar en lo posible la muerte de más civiles inocentes.

En ese sentido, piden la “inmediata devolución” del control gubernamental de la Franja de Gaza a la autoridad Palestina, para desde ahí buscar la paz consensuada entre ambas partes.

El comunicado está firmado por el diputado Pedro Alliana (titular de la ANR), el líder de la bancada en Senado, Antonio Barrios y el diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de HC en la Cámara Baja.

El gerente general de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Gilles García, admitió que la operadora de telefonía móvil Vox enfrenta una delicada situación financiera. Al mismo tiempo, descartó de forma tajante que la empresa se encuentre en quiebra y ratificó que se buscan aliados estratégicos para inyectar capital.

“Vox no está en quiebra, pero está muy mal financieramente. Es algo innegable. Por eso estamos desde el 2024 con el proceso de buscar inversionistas que quieran ayudar a inyectar flujo de dinero para poder levantar la empresa", explicó el directivo. El gerente de la estatal negó rumores sobre un eventual alquiler o liquidación de la misma, asegurando que cualquier acuerdo se hará manteniendo el 100 % de la soberanía de la compañía.

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REESTRUCTURACIÓN Y SANEAMIENTO DE COSTOS

“Lo que se está haciendo dentro de Copaco es una reestructuración. Ni siquiera se aumentó el gasto ni se crearon lugares dentro del organigrama; al contrario, se están borrando algunas dependencias y creando otras”, afirmó a Radio Ñanduti, destacando que luego de cuatro años se logró regularizar el pago al día del salario del personal.

Por otra parte, reveló que el balance correspondiente al ejercicio 2025 aún no fue aprobado debido a observaciones formuladas por auditorías externas, las cuales detectaron irregularidades en los registros contables anteriores. Actualmente, un nuevo equipo técnico revisa los números para transparentar la situación contable.

Respecto al rumbo estratégico, el ejecutivo señaló que Copaco busca reorientar sus prioridades y centrarse en la conectividad del país en lugar de competir directamente en el segmento de telefonía móvil e internet residencial.

Entre los proyectos destacados, mencionó la provisión de conectividad satelital Starlink a 2.100 escuelas públicas en todo el territorio nacional y el avance en una interconexión mediante la infraestructura de Itaipú para enlazar digitalmente Asunción con São Paulo.

Ruiz Díaz habló con ABC Color sobre el fin del plazo para la entrega de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC). El funcionario aclaró que las agrupaciones políticas registran los aportes posteriores para la rendición final de cuentas.

El director reconoció un problema crítico: la ley vigente no frena la infiltración del crimen organizado en la política. El diseño jurídico posterga la detección de infracciones hasta una etapa posterior a los comicios. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) halla las irregularidades recién tras el cierre de las urnas. La institución carece de garras legales para identificar dinero ilícito en tiempo real durante el proselitismo.

El sistema de fiscalización responde al Código Electoral (Ley 834/96) y sus cambios recientes como la Ley 6501/2020. El artículo 281 de la norma fija la entrega de la cuenta documentada final dentro de los sesenta días posteriores a las elecciones. Ruiz Díaz pidió una reforma integral del control público. Según él, el trabajo requiere la ayuda coordinada de más instituciones para atacar el origen mismo del dinero sucio y no solo su distribución.

El incumplimiento de estas reglas de transparencia quita subsidios estatales a los partidos y movimientos. Esta sanción llega incluso al cien por ciento del monto total que corresponde a la organización política. Sin embargo, el marco jurídico actual no castiga de forma directa a los candidatos infractores.

Como parte de los esfuerzos de mejora, el TSJE ahora usa herramientas de inteligencia artificial para hallar perfiles de riesgo en las candidaturas.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) días atrás informó sobre el hormigonado del primer dintel perteneciente al futuro viaducto de Luque.

Dicha obra, que forma parte de la Red Vial Estructurante, requerirá 58 metros cúbicos de material y tendrá un peso aproximado de 160 toneladas, ubicándose a unos 10 metros de altura.

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Este elemento de hormigón armado se ubica sobre las columnas de cada pila y cumple la función de distribuir uniformemente las cargas, sirviendo de apoyo a la plataforma elevada por donde circularán miles de vehículos al concluir la obra.

El Ing. Agustín Cabrera, fiscal de Obras del MOPC, comentó al canal GEN que, a la fecha, ya cuentan con 40 pilares construidos en el marco de este ambicioso proyecto que permitirá mejorar la conectividad entre Asunción, Luque e Ypacaraí.

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“Estamos sobre el cronograma aprobado, no hay problemas en ese sentido”, indicó, confirmando con ello el normal avance de los trabajos en este megaviaducto, cuya extensión total será de más de 3 kilómetros.

El plazo estimado para la culminación de las obras es de 30 meses, conforme al plan aprobado por el MOPC a la empresa contratista Rutas del Este.