De acuerdo a la Resolución N° 781/05 se establece el reglamento para el uso público de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, el cual permite disfrutar de estos espacios sin dañar o perjudicar el medio ambiente.

La misma Resolución indica que los que incumpliesen la reglamentación pueden ser sancionados con multas que van de 1 (uno) a 5 (cinco) jornales mínimos diarios.

REGLAMENTO

En tal sentido, según el reglamento de los Parques Nacionales, queda prohibido: matar, dañar o asustar a los animales silvestres, o destruir sus guaridas o nidos; destruir, arrancar o extraer plantas del lugar; consumir o vender bebidas alcohólicas, narcóticos u otras drogas de cualquier tipo, así como ingresar al área en estado de ebriedad.

También, ingresar al área con materiales bélicos, inflamables o explosivos (revólver, escopeta, rifle, puñal, juegos artificiales, petardos); utilizar elementos sonoros (radios, instrumentos musicales, etc.), que perturben el ambiente natural o a otros visitantes; comercializar cualquier producto o servicio, salvo expresa autorización de la Administración y hacer ingresar o transitar animales domésticos dentro del Área sin la autorización.

Igualmente, colectar o extraer cualquier material, vivo o muerto, sin el permiso correspondiente de la autoridad de aplicación, así como también de la ley de pesca; descargar sustancias extrañas o cualquier tipo de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos conocidos o extraños; tóxicos o no) al suelo, al agua o al ambiente y depositar los mismos en sitios diferentes a los indicados para el efecto y realizar actividades recreativas en sitios diferentes a los indicados (campamentos, fogatas, almuerzos, sitio de baño).

Por último, el MADES señala que el cumplimiento de las reglas mencionadas, es independiente a las dispuestas en el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia por Covid-19, para la reapertura de los parques nacionales al público en general.

El procedimiento se realizó en el puesto de control de Vista Alegre. Según los intervinientes, un camión salió de un camino alternativo y con una maniobra brusca, terminó colisionando a la patrullera de la Prefectura Naval, lo que llamó la atención de los funcionarios quienes ordenaron al rodado que se detenga.

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El combustible estaba distribuido en 10 bidones de 1000 litros y, supuestamente, habrían ingresado desde Argentina. 

Los ocupantes del camión quedaron detenidos, y se calcula que la pérdida económica con esta incautación es de G. 220 millones.

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La complicada situación económica por la que atraviesan les obligó a recurrir a los pobladores de las comunidades donde realizan sus pasantías, y estos les asisten con comida para poder subsistir.

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La

Dra. Gloria Giménez en conversación con la 650 AM comentó que iniciaron sus funciones como pasantes el pasado 3 de abril, y el pago de sus salarios debe darse en la medida posible agilizando los trámites administrativos.

“Se debería de ver la manera de que estos trámites se agilicen porque es algo que se ve año tras año”, señaló la profesional.

Lo médicos, a través de una nota dirigida a las autoridades, se pronunciaron exigiendo el cumplimiento de la cláusula firmada en los contratos con el Ministerio de Salud, donde se establece el pago de la remuneración salarial correspondiente al trabajo realizado.

Piden respuesta inmediata a su pedido considerando las necesidades económicas por la que están atravesando 

Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo este miércoles en diferentes puntos de Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre un presunto caso de “ordeñe” de combustible cometido por funcionarios de la municipalidad local.

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La Fiscalía informó que durante los procedimientos, se confiscaron diversas evidencias, incluyendo bidones, tambores, un motor utilizado para extraer combustible y otras pruebas relacionadas con el supuesto ilícito. 

La denuncia fue presentada por la Asesoría Jurídica de la institución comunal, revela que algunos empleados encargados de los vehículos municipales estarían desviando combustible a sus respectivas viviendas para uso particular. El descubrimiento de esta actividad ilícita se produjo a través de una auditoría y mediante el seguimiento de un sistema GPS.

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Conforme a la pesquisa, el perjuicio patrimonial para la municipalidad podría ascender a unos 60 a 70 millones de guaraníes mensualmente. Hasta el momento, no se realizaron detenciones con relación al caso. 

Sin embargo, los intervinientes notificaron a algunos de los presuntos implicados a través de sus familiares para que comparezcan mañana jueves ante el Ministerio Público a fin de prestar declaración indagatoria.