La agente fiscal Yennifer Marchuck, de la Unidad Penal N°3, formuló imputación contra Gabriela Soledad Yaffar Coronel, por la presunta comisión del hecho punible de Omisión de Auxilio. Asimismo, requirió la aplicación de libertad ambulatoria. La enfermera es sindicada de no prestar asistencia adecuada a una mujer que terminó dando a luz en el piso del Hospital Nacional de Itauguá, difundido a través de imágenes y videos en las redes sociales.

La interviniente aclaró que no solicitó la medida de prisión preventiva debido a que el tipo penal no lo contempla, como se publica en algunos medios.

En ese sentido, la presentación fiscal considera que con la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, previstas en el art.245 del Código Procesal Penal, disminuye el peligro de fuga por tanto, la misma quedará con libertad ambulatoria, sin embargo deberá cumplir con las siguientes medidas: Prohibición de salir del país, obligación de presentarse periódicamente ante la Secretaría el Juzgado a los efectos del control judicial pertinente y otras medidas que fueron impuestas por el Juez de la causa.

Según la denuncia, la señora Edimir Villar Cañete, quien se encontraba en estado de gestación. Acudió el 15 de marzo del 2023, siendo las 21:00 hs a Urgencia-Obstétrica del Hospital Nacional de Itauguá, donde estaba siguiendo tratamientos prenatales, para un control de su estado de embarazo, en virtud de que sentía dolores y pérdida de sangre. En la ocasión fue atendida por la enfermera Gabriela Yaffar Coronel y una médica de guardia, quienes le habrían manifestado que dichos dolores eran normales y que regrese a su casa. Rossana Villar retornó a su domicilio sin recibir atención médica.

Posteriormente el 16 de marzo, a las 05:00, Rossana Villar, en compañía de su madre Pablina Cañete, acudieron nuevamente al citado centro asistencial a causa de los dolores que fueron intensificándose con pérdida de sangre. Allí fue asistida nuevamente por Gabriela Yaffar Coronel, quién sólo habría realizado control de la presión arterial a la mujer a quién no volvió a brindar asistencia pese a los pedidos de atención solicitados.

Luego la gestante manifestó que ya no resistía los dolores y vómitos, y que estaba con un poco de sangrado señalando que probablemente el bebé estaba por nacer, a lo que la enfermera le habría manifestado que los médicos se encontraban con otras urgencias también y no podría recibir atención en ese mismo momento. La enfermera, en vez de asistir a la mujer le habría indicado que esperara en el pasillo, cerrando la puerta de la enfermería.

Rossana Villar estuvo aguardando en el sitio con las contracciones y dolores por más de una hora. Ante la situación desesperante la madre de la gestante intentó en tres ocasiones que recibiera atención médica.

Cuando la mujer fue al baño, notó que habría roto la bolsa amniótica, instante en que Pablina Cañete suplicó ayuda médica, sin que ningún profesional médico acuda a socorrerla. Finalmente Rossana Villar fue acostada en el piso, momento en que nació el bebé sin asistencia médica, salvo el Dr. Cristóbal Canale (médico residente), quien ayudó a la madre, pero ya luego del alumbramiento.

Esta condición de parto anormal y la omisión de asistencia por parte de la enfermera y médicos (no identificados con precisión), pudo haber incidido en el estado de salud del recién nacido que se encuentra en estado delicado, en cuidados intensivos. La madre se encuentra internada en observación.

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Un día como hoy del 2025, cerca del mediodía en plena avenida Mcal. Estigarribia, Cinthia Riquelme caía de un colectivo de la empresa de transporte Caraguatay cuando faltaban cuadras para llegar a su destino, víctima del robo de un falso vendedor ambulante.

En ese mismo lugar, un año después, sus familiares y amigos llegaron para una manifestación pacífica en su memoria.

La madre de Cinthia la recordó como una mujer inteligente y trabajadora, que dejó huérfanos a dos niños, quienes viajaban con ella al momento del hecho.

Pidió que se castigue al responsable del hecho e hizo un pedido especial a las autoridades sobre los controles a vendedores ambulantes que abordan los buses.

Cabe recordar que el responsable del robo es Arnaldo Ariel Giménez Salcedo, de 19 años, aprehendido días después del percance y hoy acusado por el Ministerio Público.

El chofer del bus también está sometido al proceso debido a que la unidad que manejaba iba con las puertas abiertas al momento del hecho. Asimismo, se determinó que la empresa de transporte no cuenta con seguro.

El presidente Santiago Peña este lunes encabezó la primera reunión del año con autoridades de las distintas instituciones estatales que integran el Gabinete Social.

Durante el encuentro, se realizó un balance del trabajo desarrollado el año pasado y se definieron los principales ejes estratégicos para este 2026, incluyendo la implementación de medidas concretas para la protección social, la estabilidad económica y el acceso a servicios esenciales.

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Según explicó en conferencia de prensa Juan José Galeano, asesor de la Presidencia en temas económicos y sociales, se logró consolidar una hoja de ruta cuyo objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles en el día a día de las familias.

Cabe recordar que Paraguay cerró el 2025 con un crecimiento económico del 6%, mientras que para el 2026 se proyecta una expansión del 4,2%, conforme a las previsiones actuales.

Las acciones del Gabinete Social apuntarán a que estos avances macroeconómicos impacten en la economía familiar, priorizando pilares como acceso al empleo, salud, educación, vivienda, transporte público y financiamiento, indicó.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sostuvo que la misión encomendada por el jefe de Estado es el impulso de políticas que beneficien a la clase media, especialmente en el área metropolitana y en grandes centros urbanos.

El compendio de metas y compromisos para este año será dado a conocer próximamente al público como Plan Interinstitucional de Acción.

La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.