La agente fiscal Yennifer Marchuck, de la Unidad Penal N°3, formuló imputación contra Gabriela Soledad Yaffar Coronel, por la presunta comisión del hecho punible de Omisión de Auxilio. Asimismo, requirió la aplicación de libertad ambulatoria. La enfermera es sindicada de no prestar asistencia adecuada a una mujer que terminó dando a luz en el piso del Hospital Nacional de Itauguá, difundido a través de imágenes y videos en las redes sociales.

La interviniente aclaró que no solicitó la medida de prisión preventiva debido a que el tipo penal no lo contempla, como se publica en algunos medios.

En ese sentido, la presentación fiscal considera que con la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, previstas en el art.245 del Código Procesal Penal, disminuye el peligro de fuga por tanto, la misma quedará con libertad ambulatoria, sin embargo deberá cumplir con las siguientes medidas: Prohibición de salir del país, obligación de presentarse periódicamente ante la Secretaría el Juzgado a los efectos del control judicial pertinente y otras medidas que fueron impuestas por el Juez de la causa.

Según la denuncia, la señora Edimir Villar Cañete, quien se encontraba en estado de gestación. Acudió el 15 de marzo del 2023, siendo las 21:00 hs a Urgencia-Obstétrica del Hospital Nacional de Itauguá, donde estaba siguiendo tratamientos prenatales, para un control de su estado de embarazo, en virtud de que sentía dolores y pérdida de sangre. En la ocasión fue atendida por la enfermera Gabriela Yaffar Coronel y una médica de guardia, quienes le habrían manifestado que dichos dolores eran normales y que regrese a su casa. Rossana Villar retornó a su domicilio sin recibir atención médica.

Posteriormente el 16 de marzo, a las 05:00, Rossana Villar, en compañía de su madre Pablina Cañete, acudieron nuevamente al citado centro asistencial a causa de los dolores que fueron intensificándose con pérdida de sangre. Allí fue asistida nuevamente por Gabriela Yaffar Coronel, quién sólo habría realizado control de la presión arterial a la mujer a quién no volvió a brindar asistencia pese a los pedidos de atención solicitados.

Luego la gestante manifestó que ya no resistía los dolores y vómitos, y que estaba con un poco de sangrado señalando que probablemente el bebé estaba por nacer, a lo que la enfermera le habría manifestado que los médicos se encontraban con otras urgencias también y no podría recibir atención en ese mismo momento. La enfermera, en vez de asistir a la mujer le habría indicado que esperara en el pasillo, cerrando la puerta de la enfermería.

Rossana Villar estuvo aguardando en el sitio con las contracciones y dolores por más de una hora. Ante la situación desesperante la madre de la gestante intentó en tres ocasiones que recibiera atención médica.

Cuando la mujer fue al baño, notó que habría roto la bolsa amniótica, instante en que Pablina Cañete suplicó ayuda médica, sin que ningún profesional médico acuda a socorrerla. Finalmente Rossana Villar fue acostada en el piso, momento en que nació el bebé sin asistencia médica, salvo el Dr. Cristóbal Canale (médico residente), quien ayudó a la madre, pero ya luego del alumbramiento.

Esta condición de parto anormal y la omisión de asistencia por parte de la enfermera y médicos (no identificados con precisión), pudo haber incidido en el estado de salud del recién nacido que se encuentra en estado delicado, en cuidados intensivos. La madre se encuentra internada en observación.

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El Consejo de Administración de la previsional designó a Juan Carlos Frutos como nuevo gerente de Desarrollo y Tecnología en reemplazo de Rodrigo Fretes, quien fue destituido este martes.

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Esta gerencia es la responsable del servicio de call center del IPS que desde este martes fue intervenida por las reiteradas quejas de los asegurados, quienes denuncian largas horas de espera y falta de turnos.

El exgerente había expresado más temprano que solo el 50 % de las llamadas eran atendidas, y que contaban con cerca de 90 trabajadores para ese servicio.

Reconoció que están sobrecargados de llamadas que al día, en promedio, ingresan una 5 mil, pero solo 2.000 a 2.500 son atendidas.

La destitución de Fretes formaría parte de la intervención, cuyo interventor es el consejero Aníbal de los Ríos. Como primera medida solicitó la cantidad de llamadas recibidas, cuáles fueron atendidas, cuáles no y los motivos.

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El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y salariales de los asistentes fiscales; y fue aprobado con modificaciones, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

El documento, inicialmente, proponía que los asistentes fiscales reciban un salario mensual equivalente al 65 % del correspondiente a los fiscales, más las bonificaciones asociadas al cargo.

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La titular de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, sugirió una modificación en la propuesta y reducir la tasa de equivalencia al 60 % del sueldo básico mensual que tienen los agentes fiscales.

Según coincidieron varios legisladores, los asistentes fiscales desempeñan un papel crucial en el sistema de justicia, pues actúan como intermediarios entre los abogados y los fiscales; e impulsan la tramitación de denuncias penales.

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En ese mismo sentido, indicaron que a pesar de la importancia de la labor, hoy en día, la remuneración de los asistentes fiscales no refleja la complejidad de sus responsabilidades.

El plenario aprobó la iniciativa con la sugerencia señalada y la misma será remitida a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional.

El agente fiscal de San Juan Bautista, Eduardo Alegre, imputó a Mario Hugo Villagra Galeano, Carla Paola Fernández, Blas Emmanuel Amarilla Bresanovick y Ada Luz Aceval Mazacote por la presunta estafa a un agricultor de Misiones.

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Los mismos son sospechosos de apropiarse de G. 170 millones que la Ande otorgó a don Eliseo Quiroz en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la utilización de parte de su terreno donde cruza la línea de 500 kV.

La denuncia fue presentada por Quiroz luego de que se diera a conocer el caso de las dos familias estafadas en Caaguazú también con indemnización de la ANDE.

Mencionó que no recibió ningún monto, mientras que en las planillas de la ANDE figura que percibió la citada suma a través de sus supuestos representantes, quienes están imputados en la causa.

Ada Luz Aceval Mazacote, escribana de San Juan, fue imputada por presunta producción de documento público de contenido falso. Supuestamente, ella otorgó el poder especial a Mario Hugo Villagra. Ambos están procesados.

Por otra parte, la abogada Carla Paola Fernández fue imputada bajo la figura de instigadora debido a que la misma lleva varios casos de demanda contra la ANDE, y Blas Emmanuel Amarilla Bresanovick, directivo de una universidad privada de San Juan Bautista, quien es funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias, está imputado en carácter de cómplice.