La agente fiscal Yennifer Marchuck, de la Unidad Penal N°3, formuló imputación contra Gabriela Soledad Yaffar Coronel, por la presunta comisión del hecho punible de Omisión de Auxilio. Asimismo, requirió la aplicación de libertad ambulatoria. La enfermera es sindicada de no prestar asistencia adecuada a una mujer que terminó dando a luz en el piso del Hospital Nacional de Itauguá, difundido a través de imágenes y videos en las redes sociales.

La interviniente aclaró que no solicitó la medida de prisión preventiva debido a que el tipo penal no lo contempla, como se publica en algunos medios.

En ese sentido, la presentación fiscal considera que con la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, previstas en el art.245 del Código Procesal Penal, disminuye el peligro de fuga por tanto, la misma quedará con libertad ambulatoria, sin embargo deberá cumplir con las siguientes medidas: Prohibición de salir del país, obligación de presentarse periódicamente ante la Secretaría el Juzgado a los efectos del control judicial pertinente y otras medidas que fueron impuestas por el Juez de la causa.

Según la denuncia, la señora Edimir Villar Cañete, quien se encontraba en estado de gestación. Acudió el 15 de marzo del 2023, siendo las 21:00 hs a Urgencia-Obstétrica del Hospital Nacional de Itauguá, donde estaba siguiendo tratamientos prenatales, para un control de su estado de embarazo, en virtud de que sentía dolores y pérdida de sangre. En la ocasión fue atendida por la enfermera Gabriela Yaffar Coronel y una médica de guardia, quienes le habrían manifestado que dichos dolores eran normales y que regrese a su casa. Rossana Villar retornó a su domicilio sin recibir atención médica.

Posteriormente el 16 de marzo, a las 05:00, Rossana Villar, en compañía de su madre Pablina Cañete, acudieron nuevamente al citado centro asistencial a causa de los dolores que fueron intensificándose con pérdida de sangre. Allí fue asistida nuevamente por Gabriela Yaffar Coronel, quién sólo habría realizado control de la presión arterial a la mujer a quién no volvió a brindar asistencia pese a los pedidos de atención solicitados.

Luego la gestante manifestó que ya no resistía los dolores y vómitos, y que estaba con un poco de sangrado señalando que probablemente el bebé estaba por nacer, a lo que la enfermera le habría manifestado que los médicos se encontraban con otras urgencias también y no podría recibir atención en ese mismo momento. La enfermera, en vez de asistir a la mujer le habría indicado que esperara en el pasillo, cerrando la puerta de la enfermería.

Rossana Villar estuvo aguardando en el sitio con las contracciones y dolores por más de una hora. Ante la situación desesperante la madre de la gestante intentó en tres ocasiones que recibiera atención médica.

Cuando la mujer fue al baño, notó que habría roto la bolsa amniótica, instante en que Pablina Cañete suplicó ayuda médica, sin que ningún profesional médico acuda a socorrerla. Finalmente Rossana Villar fue acostada en el piso, momento en que nació el bebé sin asistencia médica, salvo el Dr. Cristóbal Canale (médico residente), quien ayudó a la madre, pero ya luego del alumbramiento.

Esta condición de parto anormal y la omisión de asistencia por parte de la enfermera y médicos (no identificados con precisión), pudo haber incidido en el estado de salud del recién nacido que se encuentra en estado delicado, en cuidados intensivos. La madre se encuentra internada en observación.

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Una comitiva policial encabezó un allanamiento esta mañana en el barrio Mora Cué de Luque, en prosecución a una investigación por un intento de sicariato ocurrido semanas atrás.

Durante el procedimiento fue detenido Édgar David Figueredo, quien según las investigaciones podría estar vinculado al hecho ocurrido en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

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Según manifestó a la 1080 AM el fiscal Pedro Clever, dieron con esta persona tras hacer el seguimiento a la motocicleta utilizada por el supuesto sicario a través de cámaras de circuito cerrado.

Figueredo sería la persona que manejó dicho biciclo y se presume que también habría sido el que ejecutó los disparos contra el abogado Rafael Ruiz Cabañas, quien logró salvarse de milagro.

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Coincidentemente, el detenido es hijo de la mujer con quien este profesional del derecho tuvo litigios judiciales por sucesión de inmuebles hace un tiempo atrás.

Durante el allanamiento fueron incautados la pistola y la motocicleta que habrían sido utilizadas en el intento de homicidio.

La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

Las fiscales Irma Llano y Alba Delvalle imputaron al ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a su esposa Luz Marina Gonzalez de Durand y varios directivos de Mocipar acusados de haber estafado a los clientes de la empresa.

De acuerdo a los datos de la fiscalía, las personas pagaban mensualmente a Mocipar la cuota en concepto de vehículos, electrodomésticos e inmuebles que eran ofrecidos por la entidad a precios accesibles, pero nunca recibieron una contraprestación. 

Según el acta de imputación, estos hechos ilícitos se habrían registrado en el 2016, cuando Durand presentaba un programa televisivo, pero persistió hasta el 2019 y 2020.

Las agentes fiscales solicitaron al juzgado de Garantías implementar medidas sustitutivas a la prisión. 

Dany Durand ocupó el cargo de ministro del MUVH hasta el 30 de octubre de 2020 cuando presentó su dimisión al cargo. 

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