El reporte de la Cancillería Argentina indica que ambos presidentes pusieron en debate la respuesta dada por los países miembros del bloque durante 2022 ante las demandas globales de productos que el MERCOSUR pudo exportar a todo el mundo, a partir de las consecuencias del conflicto en Ucrania y el impacto en América Latina en materia de alimentos y energía.

Sobre el punto, los mandatarios ratificaron la necesidad de darle aún más dinamismo al comercio regional y extrarregional.

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Asimismo, remarcaron las negociaciones que el bloque está llevando adelante con la Unión Europea para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes, que contemple las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económico, social y ambiental, como marco para una profundización de la asociación birregional.

Por otra parte, Abdo y Fernández se comprometieron a revisar las medidas que puedan afectar la eficiencia de la navegación fluvial, principal vía de transporte de los productos que el Paraguay exporta al mundo, y muy relevante en la cadena logística regional, particularmente para el transporte de alimentos.

Al respecto, Abdo Benítez presentó la posición del Paraguay respecto a la intención argentina de aplicar un peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, y la necesidad de ajustar el tránsito en el marco del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná de 1992.

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Por su parte, Alberto Fernández transmitió la disposición de la Argentina de continuar evaluando el tema en el ámbito institucional del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay – Paraná y solicitó al Paraguay la presentación de una propuesta que encamine una solución satisfactoria para todas las partes.

Una comitiva policial encabezó un allanamiento esta mañana en el barrio Mora Cué de Luque, en prosecución a una investigación por un intento de sicariato ocurrido semanas atrás.

Durante el procedimiento fue detenido Édgar David Figueredo, quien según las investigaciones podría estar vinculado al hecho ocurrido en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

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Según manifestó a la 1080 AM el fiscal Pedro Clever, dieron con esta persona tras hacer el seguimiento a la motocicleta utilizada por el supuesto sicario a través de cámaras de circuito cerrado.

Figueredo sería la persona que manejó dicho biciclo y se presume que también habría sido el que ejecutó los disparos contra el abogado Rafael Ruiz Cabañas, quien logró salvarse de milagro.

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Coincidentemente, el detenido es hijo de la mujer con quien este profesional del derecho tuvo litigios judiciales por sucesión de inmuebles hace un tiempo atrás.

Durante el allanamiento fueron incautados la pistola y la motocicleta que habrían sido utilizadas en el intento de homicidio.

La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

Las fiscales Irma Llano y Alba Delvalle imputaron al ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a su esposa Luz Marina Gonzalez de Durand y varios directivos de Mocipar acusados de haber estafado a los clientes de la empresa.

De acuerdo a los datos de la fiscalía, las personas pagaban mensualmente a Mocipar la cuota en concepto de vehículos, electrodomésticos e inmuebles que eran ofrecidos por la entidad a precios accesibles, pero nunca recibieron una contraprestación. 

Según el acta de imputación, estos hechos ilícitos se habrían registrado en el 2016, cuando Durand presentaba un programa televisivo, pero persistió hasta el 2019 y 2020.

Las agentes fiscales solicitaron al juzgado de Garantías implementar medidas sustitutivas a la prisión. 

Dany Durand ocupó el cargo de ministro del MUVH hasta el 30 de octubre de 2020 cuando presentó su dimisión al cargo. 

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