El abogado y candidato a Senador, Óscar Tuma (ANR), cuestionó al exlegislador y exministro Eduardo Petta, quien reconoció los ataques orquestados desde la máxima cabeza del Poder Ejecutivo, mediante la designación de exfiscales en puestos claves del gabinete presidencial.

“Cuando uno asume un cargo público, y lo hace con fines de revanchismo, lo único que se logra es que dicha institución caiga en gestión, y esto es así porque uno está más ocupado en sus complejos particulares en lugar de pensar en la institución a cargo de uno. Eduardo Petta dio a conocer como se manejaron algunas instituciones, las cuales fueron conformadas exclusivamente contra Horacio Cartes”, comentó el político colorado.

Calificó que este manejo del Estado es de mediocres, porque denota que son personas que no están preparadas para ocupar un cargo público, ya que, según consideró, cuando uno ingresa a la función pública debe trabajar en fortalecer la institución a su cargo, y no utilizar la misma para fines o complejos personales.

“Las instituciones están al servicio del ciudadano, y no para cuestiones personales. A la ciudadanía le interesa la gestión pública, por eso paga sus impuestos, lo que menos le interesa al ciudadano son los odios personales”, remató el candidato colorado.

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Al inicio de la administración de Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, adonde llegó con el apoyo de Honor Colorado, con el que se mantuvo en los siguientes años y se salvó de tres intentos de juicio político, supuestamente estaba en curso una investigación sobre Horacio Cartes, según el exministro de Educación, Eduardo Petta.

“Había ya una investigación, no del Ministerio Público, muchos dicen que Marito gobernó con el PDP y toda esa historia, ¿A nadie le llamó la atención que justo exfiscales hayan sido integrados al Gobierno de Marito? Arregui, Fúster, René Fernández, Giuzzio y quien les habla. Son cinco exfiscales”, reconoció Petta, en una entrevista con Telefuturo.

Se excusó en que la pesquisa ya había iniciado antes del arribo de Abdo al Palacio de López y que no fue promovida por él, sin embargo, admitió que el Gabinete estuvo integrado por exfiscales con un propósito.

Según el dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, se concluyó que no existen elementos que sustenten un incumplimiento contractual por parte de la empresa proveedora, ya que la entrega del almuerzo se realizó dentro del horario adecuado, de acuerdo a lo confirmado en las actas de recepción de alimentos y los informes de auditores.

El informe señala que la investigación también evidenció una actitud poco colaborativa por parte de la directora, Mecedes Jacquet, quien además de no proporcionar testigos que corroboren sus denuncias, impidió la entrega oportuna de las grabaciones del circuito cerrado que, si hubiese entregado antes de los 7 días posteriores al hecho denunciado, hubiera podido aportar claridad.

La conclusión agrega que tampoco la directora y la vicedirectora de la institución prestaron declaración formal, limitando significativamente la posibilidad de obtener información objetiva sobre el desarrollo del servicio.

Paralelamente, los investigadores recolectaron múltiples testimonios de instituciones adyacentes que en el mismo día, consumieron el mismo alimento preparado por la empresa COMEPAR sin que se haya reportado ninguna irregularidad o rechazo del alimento.

“La investigación detectó la manipulación inadecuada de desechos alimentarios en la institución, y también se verificó que se incentiva la recolección de sobras de alimentos en recipientes no aptos, lo que daría pie a una supuesta redistribución de dichas sobras, por lo que se recomienda la implementación de medidas correctivas”, dice la última parte del informe.

Zárate Jiménez, de 29 años, fue capturado el pasado miércoles en la madrugada durante un operativo en el barrio Virgen del Carmen de Katueté, departamento de Canindeyú. El fiscal solicitó al juzgado que ordene la prisión preventiva del imputado.

La imputación detalla que Zárate Jiménez, desde el 22 de junio de 2024 y en un período anterior, habría formado parte de la estructura delictiva liderada por Acosta. Este grupo se dedicaría a la producción, acopio y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional.

El 22 de junio de 2024, alrededor de las 07:25 horas, en una vivienda ubicada en la compañía Karupera II, distrito de Yby Pytâ, Zárate Jiménez habría estado en posesión de presunta marihuana.

Entre los elementos de sospecha arrimados por el Ministerio Público contra el detenido, se encuentran 24 fardos incautados, que contenían 238,415 kilogramos de presunta marihuana prensada.

Los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron imputación contra magistrados y funcionarios de Juzgados de Paz de Asunción.

La imputación abarca a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2do. turno y San Roque.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Los jueces habrían dictado resoluciones fraudulentas beneficiando a empresas actoras, especialmente de cobranzas, incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.

Ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en los hechos, no ocurrieron.