La legisladora Desirée Masi presentó un proyecto de resolución para denunciar penalmente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y al agente Lorenzo Lezcano por inacción y omisión en causas, y otro proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el enjuiciamiento del fiscal Osmar Legal por la supuesta falta de acciones en las causas a su cargo.

Consultada sobre cuáles son sus argumentos, respondió que “en el caso de Lorenzo Lezcano es por inacción, sería como obstrucción a la persecución penal, esa sería más o menos la figura, no me acuerdo bien. Y en el caso de Osmar Legal tiene que ver con los datos del caso de González Daher, por sus conversaciones con el parner Fernández Lippman, además tiene la causa del expresidente Cartes y ni una diligencia no hizo, y el caso del avión iraní”.

La congresista indicó que si no prospera su iniciativa parlamentaria, podría analizar si realiza una denuncia por su cuenta propia.

Por otro lado, Desire Masi dijo que a particularmente no le agrada la interferencia de las naciones extranjeras en asuntos internos del país. Indicó que lo vergonzoso es que la Justicia tome acción recién cuando son reclamados por países extranjeros, en alusión a las calificaciones de significativamente corrupto que dio los EEUU contra el vicepresidente Hugo Velázquez y Horacio Cartes.

En la jornada de ayer se produjo la aprehensión de Carlos Daniel Medina Garcete, de 27 años, y Deisy Carolina Rojas Cardozo, de 33 años, en la ciudad de Capiatá.

Estas dos personas fueron descubiertas en una feria de ropas, intentando adquirir varias prendas de vestir con billetes apócrifos.

Al momento de querer abonar por las prendas seleccionadas, pasaron algunos billetes de G. 100.000 a la vendedora, quien se percató de la irregularidad.

Al recriminarlos por la situación, ambas personas intentaron darse a la fuga, aunque acabaron siendo detenidos por la Policía Nacional tras una persecución.

La fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal Nº 1 de Capiatá, este miércoles formuló imputación contra Medina y Rojas por el hecho punible de circulación de monedas no auténticas.

A la par, Medina también fue acusado por exposición al peligro en el tránsito terrestre, ya que intentó darse a la fuga sin contar con licencia de conducir.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías, mientras prosigue la investigación sobre la procedencia de los billetes falsificados.

En un acto celebrado ayer en el Colegio Ysaty de Asunción, autoridades y miembros de la comunidad educativa participaron del lanzamiento del proyecto “Jóvenes Conectados”.

Se trata de una interesante iniciativa impulsada por el MEC, con respaldo del sector privado, que pretender brindar herramientas digitales y contenidos estructurados a estudiantes del Nivel Medio.

El objetivo, según explicó el ministro Luis Ramírez, es llegar a 30.000 estudiantes del Tercer Año del Bachillerato Científico, a través de una serie de capacitaciones virtuales.

La propuesta contempla un aprendizaje virtual combinado con acompañamiento del docente en clases, con acceso a cursos a través de la popular plataforma Coursera.

La finalidad es que los alumnos puedan adquirir conocimientos sobre áreas que poseen alta demanda laboral en la actualidad, como programación, inteligencia artificial, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, entre otros.

La capacitación se realizará mediante 16 rutas de aprendizaje especialmente diseñadas para fortalecer las competencias digitales y técnicas de los estudiantes, además de la licencia que permite el acceso a 900 cursos, incluyendo certificaciones profesionales, precisó el titular del MEC.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de la fecha, aprobó la acordada que amplía la aplicación de las tobilleras electrónicas.

A propuesta de la ministra María Carolina Llanes, el uso de estos dispositivos de control se extiende a localidades que forman parte de las circunscripciones del Área Central.

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Asimismo, los jueces competentes también podrán autorizar su colocación en procesos penales que corresponden al fuero especializado en delitos económicos.

La disposición vigente hasta el momento indicaba que solo se podían utilizar las tobilleras en la jurisdicción de la ciudad de Asunción y específicamente para casos de violencia familiar.

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Con la resolución adoptada hoy por el pleno de la máxima instancia judicial, se modificará esta limitación para poder tener un mayor alcance en la aplicación de estos dispositivos, cuyo monitoreo está a cargo de la Policía Nacional.

Cuatro personas ya fueron beneficiadas hasta el momento con el uso de tobilleras electrónicas, conforme a los datos brindados por el Sistema 911.