En el Decreto N° 7050, establece que los padres, hijos o cónyuge del personal establecido en el artículo 1° de la Ley N° 6639/2020, que falleciera por causa del COVID-19, durante la Declaración de Emergencia Sanitaria y hasta tres meses después de su finalización, serán indemnizados por el monto equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales para actividades diversas no especificadas.

Las indemnizaciones serán pagadas a los sucesores según sentencia declaratoria de herederos, proporcionalmente y en partes iguales, conforme a los requisitos y procedimientos que serán establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Asimismo, faculta a la cartera sanitaria a reglamentar los procedimientos administrativos para identificar los establecimientos de salud, las áreas y el personal afectado al tratamiento de pacientes con COVID-19, a los fines previstos en la Ley N° 6639/2020.

Los Organismos y Entidades del Estado afectados deberán reasignar o priorizar dentro de su presupuesto aprobado las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la ley, para lo cual deberán solicitar al Ministerio de Hacienda las reprogramaciones para la transferencia de los recursos requeridas, a fin de efectuar los pagos con los recursos del Fondo de Emergencia Sanitaria, probado por la Ley N° 6524/2020.

Durante la reunión que mantuvieron esta semana los integrantes de la citada Comisión, coincidieron en que una de las principales dificultades es la concentración de causas judiciales en Asunción, mientras que muchas de las víctimas residen en el interior.

Otro aspecto señalado fue el alto costo económico y el tiempo que representa para las víctimas trasladarse desde zonas alejadas, como por ejemplo, el departamento de Alto Paraguay, hasta la capital, lo que agrava aún más su situación.

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Con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente y cercana, la Comisión planteó tres ejes de acción principales: en primer lugar, se propuso realizar una capacitación local para formar personas en cada departamento para replicar el trabajo actualmente centralizado en Asunción; en segundo lugar, se plantea la articulación con universidades públicas para promover la participación de consultorios jurídicos de las facultades de Derecho para brindar apoyo legal gratuito; y por último, la coordinación institucional para fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de la Defensa Pública.

En relación a los descuentos compulsivos, el Código Procesal Civil contempla que, cuando no sea posible alcanzar una sentencia válida, debe declararse la nulidad del proceso. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ha emitido una acordada sobre este punto.

Finalmente, se decidió proponer como fecha tentativa para la reunión conjunta con los ministros de la Corte Suprema el próximo lunes 19 de mayo. Además, se definió una lista de instituciones con las cuales la Comisión mantendrá encuentros de trabajo en los próximos días.

Gustavo Villate, titular del Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación), habló durante el Congreso de la FIFA y explicó que uno 80 % de los ataques perpetrados recientemente utilizaron la modalidad conocida como defacing, en la que se modifica la portada de la página y se redirecciona a sitios engañosos.

Sin embargo, dos de estos ataques incluyeron la extracción de datos. Las instituciones afectadas son el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud Pública.

“Acá no hay ningún acceso a cuentas personales o datos que hacen a la cuentas financieras, o personales. Lo que se tiene acceso es a una base de datos con los datos de contacto de personas”, comentó Villate.

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En el caso del MAG, los hackers ingresaron al sistema de expedientes electrónicos, mientras que, en Salud Pública, obtuvieron cinco millones de registros.

Además de las acciones de blindaje y otras medidas de seguridad posteriores al ataque, el Mitic se encuentra investigando el origen y el método de las vulneraciones.

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El Crio. Juan Agüero, director de Policía de Asunción, comentó que durante el operativo en el microcentro capitalino visualizaron a personas que, nuevamente, cobraban por los espacios públicos como estacionamiento.

“Estaban solicitando nuevamente dinero al conductor, hasta el momento no se tiene reporte de incidentes de ninguna de las comisarías”, expresó a la radio 650 AM.

Indicó que muchos de los demorados cuentan con antecedentes por diversos hechos punibles.

Por otro lado, también comentó que durante el operativo despejaron de los espacios a inadaptados e intervinieron en denuncias de polución sonora.

“Lo positivo es que no tenemos reporte de hechos punibles. La ciudadanía está festejando y la policía está trabajando”, agregó.