El presidente de Petropar, Denis Lichi, la gerente de Comercio Exterior, Rose Marie Medina, y técnicos de nuestro país se reunieron con autoridades de YPFB con ese objetivo, según un comunicado de prensa de la estatal boliviana.

“La demanda programada por Petropar se puede cubrir holgadamente con la producción que tenemos destinada al mercado de exportación”, manifestó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, citado en la nota.

Según YPFB, los equipos técnicos de ambas empresas trabajan en alternativas para flexibilizar la reglamentación paraguaya vigente y se pueda retomar la relación comercial del período 2016-2019 “a un precio favorable para el país”.

Las dos alternativas que se analizan son una compra “spot” o inmediata de corto plazo y una licitación pública internacional para la compra del producto que tenga como destino final el mercado paraguayo, indicó la firma boliviana.

YPFB recordó que su relación comercial con Petropar comenzó en 2013 y que entre 2016 y parte de 2019 se efectuó de forma directa y sin la participación de empresas intermediarias.

Pero en 2019 se emitió en Paraguay una normativa que “imposibilitó” a YPFB participar en licitaciones internacionales para la provisión de GLP, señala la nota de prensa.

La firma boliviana consideró que el resultado de estas negociaciones podría ser el reinicio de una relación comercial de largo plazo con Petropar para la provisión directa del producto “sin la participación de intermediario alguno”.

YPFB aseguró que cubre aproximadamente el 70 % de la demanda de GLP en el mercado paraguayo.

Las estatales también conversaron sobre la posibilidad de que Petropar pueda proveer combustibles a Bolivia y prestar el servicio de logística para el alquiler de almacenaje, lo que permitirá a YPFB tener “mayor nivel de autonomía” para importar diésel y gasolina.

Bolivia logró 46,9 millones de dólares por la exportación de unas 69.000 toneladas métricas (TM) de GLP a Paraguay, Brasil y Perú en el primer semestre de 2022.

Horacio Fernández, intendente municipal de Itauguá, habló del siniestro que se registró en la siesta del domingo en el mercado y que consumió toda una manzana dejando pérdidas económicas millonarias.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estiman un perjuicio de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes, lo cual está generando una desesperación económica muy grande en los permisionarios.

“Haremos un trabajo de contención emocional lo más pronto posible, hay una importante desesperación económica. Ayer estuve en contacto con el titular de Itaipú, para agilizar unos préstamos”, expresó Fernández.

El dinero que otorgarán las binacionales será para asistir a los más de 430 permisionarios damnificados. También se recurrirá a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Comentó que el mercado está completamente inutilizable, y su recuperación total tomará aproximadamente unos 9 meses.

En ese tiempo, los trabajadores serán instalados de manera gradual en el club social itaugüeño.

La propuesta presentada por la diputada Dalia Estigarribia. plantea modificar varios artículos de la Ley N° 3441/08 “De Sangre” para avanzar hacia un sistema basado en la donación altruista y preventiva, dejando atrás el modelo de reposición que suele activarse en situaciones de urgencia médica.

Entre los principales beneficios contemplados figura una licencia laboral de hasta un día con goce de sueldo al año para quienes donen sangre, además del acceso gratuito a los resultados de los análisis realizados durante el procedimiento.

Asimismo, el proyecto prevé mecanismos de reciprocidad para donantes frecuentes y sus familiares de primer grado, quienes podrán acceder a reposición de sangre sin costo, sujeto a disponibilidad.

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La iniciativa también incorpora la creación de un Registro Nacional de Donantes de Sangre, que funcionará como sistema unificado de información dentro de la Red Nacional de Sangre.

Según la exposición de motivos, la intención es que el Estado impulse una cultura de donación regular y voluntaria, evitando que las familias deban buscar donantes de manera desesperada ante accidentes, cirugías u otras emergencias médicas.

El director Jurídico de la comuna capitalina, Jorge Sabaté, explicó en entrevista con Universo 970 que el procedimiento forma parte de los mecanismos administrativos previstos en la normativa vigente y aseguró que la evaluación definitiva corresponde a la Contraloría.

“El balance es un retrato financiero del municipio. Entonces, la Junta no tuvo el tiempo para determinar eso. Eso lo hará la Contraloría”, expresó.

Sabaté también aclaró que el balance acompañado del informe de auditoría debe remitirse a la Contraloría y no directamente a la Junta Municipal, punto que fue cuestionado por algunos concejales durante el tratamiento del documento.

Según sostuvo, las objeciones planteadas por ediles son “genéricas” y no contienen datos específicos ni observaciones concretas sobre la ejecución presupuestaria o financiera.

El director jurídico indicó igualmente que la decisión de la Junta no genera efectos inmediatos sobre el funcionamiento administrativo de la comuna, recordando que existen balances pendientes de aprobación incluso desde el año 2014.

Asimismo, explicó que la Intendencia cuenta con un plazo de 30 días para analizar las objeciones realizadas y determinar si corresponde responderlas o ratificar el balance presentado.

Finalmente, Sabate afirmó que “todas las acciones del intendente fueron pendientes a normalizar la situación”, en referencia al contexto financiero que atraviesa actualmente la Municipalidad de Asunción. Al respecto, sostuvo que el rechazo tiende a contar con influencias políticas, ya que uno de los que recientemente estuvo operando por el resultado fue el diputado Mauricio Espínola.