La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, habló sobre el presupuesto destinado para la cartera a su cargo en el PGN 2022 y mencionó que se han encargado de trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda para su elaboración.

Entre otros aspectos, dentro de dicho presupuesto general se contempla la contratación del personal que va a trabajar en los nuevos centros penitenciarios el próximo año.

Si bien no mencionó una cantidad específica de funcionarios, se prevé que sea una dotación importante, teniendo en cuenta que cada una de las nuevas penitenciarías en construcción tendrá capacidad de albergar hasta 1.320 personas cada una.

Dos de estas nuevas cárceles están siendo construidas en la localidad de Emboscada y una en la ciudad de Minga Guazú. Todas ellas serán destinadas para los reclusos que ya poseen condena, que represen­tan el 30% de la población privada de libertad.

Pérez también comentó que se tendrá apoyo de otras entidades como Itaipú Binacional para el equipamiento de los nuevos centros reclusorios, esto en vista a que la cartera de Justicia no posee los recursos suficientes.

Respecto a la situación de los guardiacárceles, recordó que habían llegado a un acuerdo previo a que se lleve a cabo una huelga de este sector. En aquella oportunidad, se acordó una recategorización salarial de 500 funcionarios penitenciarios.

La cartera laboral recordó que el sistema de mediación constituye un mecanismo institucional destinado a facilitar la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, garantizando un espacio de diálogo accesible y sin costo para las partes.

En este sentido, el MTESS enfatizó que los trabajadores no necesitan contar con un representante legal para participar en los procesos de mediación laboral, ya que este servicio es brindado directamente por la institución. Por lo tanto, no es obligatorio contratar abogados ni pagar honorarios para acceder a la mediación o para cobrar indemnizaciones o montos acordados entre las partes.

Asimismo, la institución informó que se ha tomado conocimiento de la presencia de personas que, en la puerta del organismo, ofrecen servicios profesionales a trabajadores que muchas veces desconocen el funcionamiento del proceso de mediación y son inducidos a contratar asesoramiento legal innecesario para un servicio que es gratuito.

El Ministerio advirtió que no tolerará prácticas abusivas ni maniobras que busquen aprovecharse de la necesidad o del desconocimiento de los trabajadores, e instó a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier intento de presión, condicionamiento o cobro relacionado con estos servicios gratuitos que ofrece el Ministerio.

Finalmente, el MTESS reiteró que la gratuidad del servicio de mediación y el acceso efectivo a los mecanismos de resolución de conflictos laborales forman parte de las garantías que el Estado pone a disposición de los trabajadores para la protección de sus derechos.

Padres y madres de alumnos de la Escuela “Reino Unido y Gran Bretaña”, ubicada en la colonia Thompson de Ypané, acudieron a la Policía Nacional para formalizar una denuncia por un supuesto robo de dinero.

La acusación menciona la desaparición de G. 16.000.000, suma de dinero recaudada por la cooperadora escolar con el objetivo de adquirir nuevos aires acondicionados para la institución.

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El dinero se encontraba en poder de la tesorera de la ACE, de nombre Jazmín Milagros Delgado Valiente. La misma alegó haber sido víctima de un hurto el pasado viernes mientras se desplazaba en un ómnibus del transporte público.

“Al llegar a la ciudad, en un camino vecinal y estando el colectivo en movimiento, una persona saltó por la mochila que tenía en su regazo”, mencionó al canal Trece la Crio. Sonia Pavón, jefa de la Comisaría 40 Central.

En ese momento, la tesorera no dio aviso de lo ocurrido al chofer ni tampoco a los demás pasajeros, aguardando hasta salir a la ruta para descender del bus y allí comunicarse de manera telefónica con uno de los miembros de la ACE, quien fue a su encuentro y la acompañó a realizar la denuncia.

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Ese viernes coincidentemente debía realizarse la rendición del millonario monto para concretar la compra de los acondicionadores de aire, confirmó la jefa policial. Ya el día anterior al hecho, Delgado habría presentado excusas para no hacer entrega del dinero, según señalaron los denunciantes.

Los padres de familia se muestran escépticos en relación a la veracidad de la denuncia de robo y apuntan sus sospechas contra la tesorera, motivo por el que exigen la intervención de las autoridades.

La iniciativa propone la creación del Programa de Prevención para Inundaciones en Zonas de Riesgo, basado en la implementación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), incorporando soluciones ambientales como zanjas de infiltración, techos verdes, jardines de lluvia, estanques de tormenta y corredores naturales.

Entre los criterios para identificar zonas de riesgo se incluyen estudios topográficos, informes meteorológicos certificados, identificación de corredores naturales, preservación del patrimonio ambiental y la exigencia de un mínimo del 15% de áreas verdes en zonas urbanas vulnerables.

La propuesta establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la autoridad rectora en materia de infraestructura y órgano responsable de la aplicación de la futura ley.

El proyecto dispone que toda obra pública o urbanización superior a 1.000 metros cuadrados deberá incorporar sistemas SUDS conforme a un Manual Técnico Nacional aprobado por el MOPC. 

Además, actuarán como órganos coordinadores: la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, y los gobiernos municipales.