Nacionales

Piden crear Instituto del Cine para impulsar producción audiovisual

Profesionales del sector audiovisual pidieron hoy en el Congreso la aprobación de la ley de Fomento del Audiovisual, que creará un Instituto del Cine paraguayo para impulsar la producción cinematográfica.

Fuente: EFE

Productores, técnicos, actores, distribuidores y directores, entre otros profesionales, participaron este lunes de una audiencia pública en el Congreso paraguayo, para debatir acerca del proyecto de ley que regule el sector audiovisual en Paraguay, presentado el pasado mes de marzo.

La ley plantea, por un lado, la creación de un Instituto del Audiovisual que coordine políticas públicas para el sector y, por otro, la puesta en marcha de un fondo para financiar proyectos audiovisuales y cinematográficos.

"En Paraguay no tenemos un Instituto del Cine, como tienen casi todos los países de la región, y eso nos deja en desventaja a la hora de las relaciones bilaterales con otros institutos, o de realizar coproducciones", explicó a Efe Alejandro Houston, presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas de Cine y Televisión (Campro).

De aprobarse la ley, el Instituto del Cine será el encargado de las políticas a largo plazo para el fomento del audiovisual paraguayo, como la capacitación, la organización de concursos transparentes para la adquisición de fondos o el trabajo con las instituciones educativas para desarrollar una cultura cinematográfica.

También favorecerá el posicionamiento de películas paraguayas en mercados y festivales extranjeros, donde la presencia del cine paraguayo es todavía "muy escasa", expuso Houston.

El Instituto del Cine estará regulado por el Consejo Nacional del Audiovisual, cuyo presidente será el titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Además, en el Consejo estarán integrados representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Senatics) y el Ministerio de Industria y Comercio, además de representantes de toda la cadena de producción de contenidos audiovisuales.

Por su parte, el Fondo Nacional del Audiovisual ofrecerá a los profesionales la posibilidad de obtener créditos blandos, fondos no reembolsables y becas para financiar sus proyectos.

La iniciativa legislativa prevé que este fondo esté alimentado por el Presupuesto General del Estado, además de por la recaudación del 5 % del impuesto a la importación de instrumentos de grabación y proyección audiovisual, y por donaciones públicas o privadas de carácter nacional e internacional.

También contempla la colaboración de las entidades binacionales, como las que gestionan las hidroeléctricas de Yacyretá e Itaipú, que ya apoyan a los Institutos del Cine en Argentina y Brasil, respectivamente.

Además, el texto prevé instaurar el Día del Cine, que coincidirá con la fecha de promulgación de la ley, y servirá como pretexto para organizar ferias y festivales dedicados al cine nacional.

En la audiencia participaron representantes de entes estatales, como la SNC, el Centro Cultural El Cabildo o la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), cuya titular, Patricia Stanley, pidió que esta institución también esté integrada dentro del Consejo del Audiovisual.

 
 

Nacionales

Aumento salarial: Cámara del Comercio pide informe sobre “impacto económico”

La Cámara Nacional de Comercio, que decidió no acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo de cambiar la política salarial para que en junio de cada año se concrete un aumento de sueldo, exige que se elabore un informe sobre el impacto económico que representará este cambio para el sector privado.

La Cámara Nacional de Comercio cuestiona que el Poder Ejecutivo haya decidido impulsar la nueva política salarial sin contar con el apoyo pleno de los empresarios, aunque la ley también fue elaborada con gremios que agrupan a los empleadores.

La entidad considera que la normativa es “poco clara”, en cuanto al impacto económico que traerá consigo esta modificación, por lo que solicita un informe sobre las consecuencias en el ámbito privado si es que se aprueba esta ley, que busca aumentar el salario en junio de cada año en base al aumento del costo de vida.

“El sector agrícola con una caída significativa en sus ingresos todavía se enfrenta a un gran ajuste en su operación y al desafío de cumplir con sus compromisos financieros, y el sector comercial y de servicios que ante la permanencia de la caída en el consumo y caída de márgenes debe necesariamente adecuarse a los niveles actuales de consumo reduciendo costos; con el consecuente impacto negativo en el empleo”, menciona parte del comunicado emitido por el ente.

Los empresarios también solicitan que se tenga en cuenta la diferencia de beneficios y remuneraciones que existe entre el sector público y privado.

 

Nacionales

Allanamiento en Guahory fue postergado por meses

El Ministerio Público emitió un informe detallado sobre la actuación fiscal durante el allanamiento ejecutado en Guahory, donde unas 200 familias campesinas ocupaban propiedades de forma irregular según los antecedentes. La fiscalía sostiene que los labriegos no presentaron documentación alguna y tampoco abandonaron la zona, pese a que el procedimiento se pospuso durante 6 meses.

La denuncia de invasión de inmueble ajeno, desacato de orden judicial, amenaza de hecho punible, apología del delito y coacción grave, fue presentada por los colonos brasileños mediante el patrocinio de los abogados Rubén Darío Soto Narváez y Nelson David Macoritto, el pasado 30 de diciembre del 2015, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

El Ministerio Público informó que los denunciantes anexaron los títulos de propiedad que fueron contrastados con las documentaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), lo cual confirmó la veracidad de los documentos.

En fecha 8 de marzo del año en curso, una comitiva fiscal-policial y de las Direcciones de DD.HH del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, junto a los agentes fiscales designados, se constituyó hasta la colonia Guahory del distrito de Tembiaporâ dando cumplimiento a la Fase 1, el cual consiste en verificar la existencia del lugar que supuestamente está siendo invadido.

Los representantes del Ministerio Público regresaron al lugar con la intención de realizar una verificación in situ pero los campesinos impidieron que accedan al predio, por lo que solicitaron que acerquen los títulos de propiedad o documentos que pudieran servir para acreditar su titularidad, a modo de adjuntarlos a la carpeta fiscal y analizar los papeles. Esto en el marco de la Fase 2.

En vista de que los labriegos no presentaron documentación alguna durante el plazo establecido, se dio inicio a la Fase 3 que se refiere al allanamiento en sí, que debía ejecutarse el 17 de marzo de este año, pero como coincidía con la marcha de la Federación Nacional Campesina fue postergada hasta el 15 de septiembre; fecha en que los fiscales acudieron al predio junto con agentes de la Policía Nacional.

Inmediatamente, la comitiva ingresó a la zona en compañía de los representantes de los campesinos, identificados como Gustavo Bernal y Carlile Britez. En el lugar también se encontraba el intendente del distrito de Tembiaporâ Sotero Cáceres Fernández, acompañado por el concejal Hugo F. Valdez, los sacerdotes Ignacio Espínola y Felipe Osorio.

Se encontraron 57 viviendas precarias, las cuales no estaban habitadas, y no se encontró a ninguna persona en el interior de los inmuebles en cuestión. A raíz de la situación y la existencia de un peligro inminente de que las personas que se encontraban frente de la propiedad en la vía pública ingresen nuevamente al inmueble, se solicitó al Jefe de Servicio General Comisario General Luis Cantero la permanencia de una dotación suficiente de efectivos policiales en el lugar como trabajo preventivo y la restauración del orden en la zona.

 

Nacionales

"Antes tomábamos tereré y jugábamos partido, ahora invaden nuestras tierras"

El colono Ari Weber señaló que los campesinos que invadieron sus tierras eran conocidos de los afectados, ya que antes los consideraban sus amigos, atendiendo que compartían rondas de tereré y juegos de fútbol.

El colono Ari Weber, en conversación con la 650 AM, detalló que sigue la tensión en la zona de Guahory, departamento de Caaguazú, donde un grupo de 30 campesinos quemó puentes y realizó disparos al aire para impedir el paso de colonos y policías. "La policía misma tiene miedo de ingresar en la zona porque están armados y el ambiente es muy tenso”, dijo.

Lamentó que los campesinos invadieron la tierra y que los amenazan de muerte a través de mensajes y llamadas a sus celulares. "Es una injusticia lo que está pasando porque no podemos irnos a trabajar. Nosotros tenemos nuestros títulos legales”, acotó.

El colono recordó que los invasores eran conocidos de Tembiaporã. "Era gente conocida nuestra, jugábamos partido, tomábamos tereré juntos y de repente invadieron nuestras tierras y nos amenazaron de muerte. ¿Qué clase de amigos son ellos? Por que nos meten un puñal por la espalda”, lanzó.

Weber explicó que en su caso particular no condice con lo denunciado por los labriegos, quienes indican el avance de los brasileños en el territorio paraguayo. "Yo nací aquí hace 34 años, yo soy paraguayo legítimo y yo compré mis tierras (10 hectáreas, donde ahora planta soja) hace 11 años de otro paraguayo. No sé por qué dicen que no tenemos títulos. Somos paraguayos legales, yo ando tranquilamente con mi cédula paraguaya acá”, aseveró.

Explicó que la zona de Guahory posee 2.180 hectáreas, de las cuales 1.200 fueron invadidas, por lo que en esas hectáreas únicamente se llevó a cabo el desalojo. "No se tocó ninguna propiedad ajena en las otras 980 hectáreas donde están legalmente los otros campesinos”, aclaró.