La solicitud es extensible a su esposa, María Selva Morínigo, que fue acusada de lavado de dinero tras una investigación a la pareja por no haber justificado en sus declaraciones de cuentas y bienes más de 3.763 millones de guaraníes (654.000 dólares).

De acuerdo a la investigación, los montos se blanqueaban a través de, al menos, una empresa fantasma.

En su solicitud, la Fiscalía incluye declarar a ambos “litigantes de mala fe” y nominar a un médico forense para que verifique en su domicilio su estado de salud.

Ello tras la suspensión de la quinta audiencia preliminar, el 30 de junio, a pedido de la defensa de los acusados, lo que según la Fiscalía tiene por objeto “evitar” esas comparecencias y se trata de un “uso abusivo de los recursos previstos en ley mediante planteamientos totalmente dilatorios”.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, los acusados tampoco presentaron justificación de su inasistencia, física o telemática, a la citación de la última audiencia, en este caso justificada por Díaz Verón con un certificado médico tres minutos antes y por vía electrónica que logró suspender de nuevo esa preliminar.

En su acusación, la Fiscalía anticorrupción sostiene que existen “elementos suficientes” para culpar a Díaz Verón de enriquecimiento ilícito y a Morínigo por lavado de dinero, en la misma causa, ante una “inconsistencia” en sus bienes de 10.000 millones de guaraníes (1,6 millones de dólares)”.

La pareja comenzó a ser investigada en 2018 al abrirse un caso en su contra por supuesta tenencia de terrenos en el Chaco, que figuraban a nombre de la suegra del exfiscal, y por la adquisición de cabezas de ganado no reflejada en su declaración pública de bienes.

A causa de esa investigación el ex fiscal general se apartó del cargo en enero de 2018.

Y en agosto de ese año pasado ambos fueron detenidos, permaneciendo unos días en paradero desconocido hasta que se entregaron a la Justicia.

El juez decretó entonces prisión provisional por entender que existía peligro de fuga o de destrucción de pruebas.Morínigo fue enviada a la prisión de mujeres de Asunción y luego puesta bajo arresto domiciliario. Díaz Verón ingresó en una prisión militar y en febrero de 2019 el juez le concedió la prisión domiciliaria por motivos de salud. EFE

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.