El diputado Carlos Rejala señaló que las pérdidas de energía son altas tanto por déficit en la transmisión, distribución y por robo, sin embargo, esta pérdida se le factura al pueblo.

El pedido de informes contempla los siguientes puntos:
1. Datos concretos y detallados de las pérdidas de energía eléctrica registradas desde enero del 2.022 hasta la fecha de recepción de este Pedido de Informe.
2. Acciones concretas realizadas, desde enero del año 2.022 hasta la fecha de recepción de este Pedido de Informe, para paliar las pérdidas de energía eléctrica por hurto y/o conexiones clandestinas.
3. Cifras monetarias concretas de la incidencia de las pérdidas en el cálculo del costo total de la energía eléctrica para el consumidor final.

El plazo es de quince días para que la institución responda, explicó Rejala, quien agregó que la ciudadanía merece respeto y se debe transparentar toda la información relacionada a la energía eléctrica.

“Así como pedimos reducir el costo de la energía eléctrica en la misma medida en que se reduce el costo de Itaipú por la baja de la deuda, queremos saber cuánto realmente pierde la ANDE por falta de gestión y cuánto es lo que tiene que pagar el pueblo por esta deficiencia de la estatal. Queremos números claros, porque no tiene asidero los argumentos de la posible quiebra que se daría con la reducción del precio que planteamos. Más bien el problema está en las pérdidas de energía por falta de gestión y por corrupción. Vamos a esperar ese informe y queremos transparencia”, finalizó.

El director de Aeronáutica de la Dinac, José Luis Chávez, confirmó que una avioneta de matrícula paraguaya que había despegado alrededor de las 6:20 de esta mañana de Loma Plata, Boquerón, capotó a dos kilómetros del punto de partida.

“Uno de ellos falleció calcinado porque el avión se incendió totalmente. El otro estaba muy grave, pero también ya tengo información de que falleció en el Hospital de Loma Plata, pero por responsabilidad quiero esperar para la confirmación”, explicó Chávez al canal Gen-Nación Media.

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La aeronave tenía como destino Salto del Guairá y pertenece a una empresa privada cuyos datos están en plena verificación.

Se desconoce por ahora qué pudo haber provocado el percance, pero se aclara que, la avioneta estaba con mantenimiento al día, seguro y con todos los documentos en regla.

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El atraco se produjo en la ciudad de Ypacaraì, cerca de Curuzû Pablito, en donde cinco encapuchados armados interceptaron al conductor y acompañante, y tomaron el mando del vehículo.

De allí se trasladaron hasta una vivienda ubicada en San Bernardino, en donde procedieron a revisar la mercancía. Tras eso, abandona ron completamente lo robado y se marcharon.

La policía presume que la actitud de los delincuentes, se explica por el hecho de que se equivocaron de camión para cometer el as alto. Esto porque la carga robada era ropas, y aparentemente los marginales creían que era electrónicos y celulares.

Información proveída desde el aeropuerto, afianzó la hipótesis del error de la inteligencia criminal. En efecto, los datos señalan que el camión que recogió electrónicos y celulares de la estación aérea, lo hizo anteayer, por lo que se deduce que los atracadores fallaron por 24 horas.

La propietaria de la vivienda de San Bernardino, donde se estacionaron los asaltantes, señaló que la había alquilado a través de una inmobiliaria, en donde el locatario figura como un ciudadano que reside en el interior del país, y presumiblemente con documentos falsos.

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El agente fiscal de la Fiscalía Regional de Pedro Juan Caballero, Celso Morales, allanó un complejo de hangares en el condominio aeronáutico “Ypané” en la localidad de Zanja Pytâ. En el sitio se logró incautar, con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas, una aeronave bimotor, con matrícula ZP-BDR,  que aparentemente estaría con las documentaciones adulteradas.

El representante fiscal dispuso el traslado de la aeronave a Asunción para su resguardo en la base de la Fuerza Aérea y esté bajo pesquisa y sea peritado apoyo de técnicos de Laboratorio Forense.

El fiscal interviniente dijo que las investigaciones seguirán su curso, atendiendo que el nombre del supuesto propietario sería un prestanombres, ya que se presume que se trataría de una persona sin posibilidades económicas.