La Coordinadora, que engloba a más de una veintena de organizaciones defensoras de los derechos de los menores, emitió un comunicado tras conocerse hace dos semanas que a una niña de 10 años se le diagnosticó un embarazo de 22 semanas.

La menor está en un centro asistencial en Asunción, mientras que la madre está en prisión preventiva por supuesta complicidad con el padrastro, quien se encuentra prófugo y bajo orden de búsqueda y captura.

Además, este lunes la Fiscalía imputó a la madre de otra menor de 13 años embarazada de cinco meses, presuntamente a consecuencia de una violación.

En medio de la polémica que han suscitado ambos casos, la CDIA denunció que “en forma diaria, niños, niñas y adolescentes son víctimas de diferentes tipos de violencia, entre ellas el abuso y explotación sexual”.

Pidió una mayor implicación de las autoridades ante estos casos, debido a la “débil respuesta de los servicios públicos ante denuncias sobre hechos de violencia”.

En este sentido, solicitó al Estado que incremente el número de fiscales, defensores, jueces y auxiliares especializados en abusos y violencia contra menores, y le instó a adoptar medidas para “la recuperación integral, reinserción familiar y social de las víctimas”.

CDIA instó además al Ministerio de Salud a implantar protocolos de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia, abusos sexuales o embarazos.

Exigió además “la investigación, persecución y sanción de las personas sospechosas de hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, así como la aplicación de sanciones a “aquellos operadores del Sistema Nacional de Protección que por mal ejercicio de sus funciones desprotegen y vulneran a las víctimas”.

También abogó por la protección de toda la información relacionada a la identidad y la privacidad de los menores víctimas de abusos y de sus familiares, para evitar que se sientan “revictimizados” por medios de comunicación, operadores de justicia o instituciones públicas.

La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó hace días una acción urgente para reclamar a las autoridades que protejan la vida de la menor de diez años, ya que se trata de un embarazo de alto riesgo.

De acuerdo con las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de madres de entre 15 y 19 años.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.