Piden mismo acceso a la educación para niños sordos

La Federación Mundial de Sordos (WFD, por sus siglas en inglés) concluyó en Asunción su 116º Reunión de Mesas Directivas con la reivindicación de que los niños sordos tengan el mismo acceso a la educación que los niños sin problemas auditivos y garantizarles así la igualdad de oportunidades.


Fuente: EFE

El vicepresidente de la Federación, Joseph Murray, señaló que el primer paso y más importante es "darles a los niños una lengua", ya que pueden acceder a ello "exactamente igual que los demás niños".

"Los niños sordos tienen una lengua accesible, la de signos, y luego pueden aprender muchas otras porque ya tienen una noción de conceptos en una lengua propia que les sirve de base", detalló.

En cuanto a la educación escolar, el experto recomendó que los niños sordos acudan a escuelas para sordos, ya que "necesitan estar con sus pares" y, además, "tienen el derecho de ser educados juntos".

En este punto precisó que la educación inclusiva para personas con discapacidad "es muy diferente" a la educación inclusiva para niños sordos y, de ahí, la importancia de que acudan a colegios para personas con discapacidad auditiva.

Murray defendió la necesidad de que existan materiales adaptados, que sigan el mismo currículo educativo que determine el Ministerio de Educación de cada país, y lamentó que la educación que se oferta a los niños sordos sea distinta, a pesar de que "debería ser igual que para los niños oyentes".

A eso añadió también la responsabilidad de los Gobiernos en garantizar a las familias el aprendizaje de la lengua de signos para que padres e hijos puedan comunicarse.

Sobre esta cuestión denunció que muchos padres tengan que pagar para aprender el idioma que les permita hablar con sus hijos y agregó que "el Gobierno tiene que asegurar" que esta formación sea gratuita.

"El niño tiene derecho a acceder a la lengua de signos las 24 horas del día, en la escuela, en la casa, en los deportes… Eso es lo que apoya y asegura el desarrollo del niño", manifestó.

Por su parte, Ana Campello, miembro de la Junta de la WFD, abogó el respeto de "las necesidades de las personas sordas" y recordó a los presentes que tener un hijo sordo no es motivo de lamentos, puesto que "no es una tragedia" y ese niño podrá aprender una lengua.

Solo un 2 % de los niños sordos de todo el mundo recibe una educación que combine el aprendizaje del lenguaje de signos con la escritura y lectura de su idioma original, según datos de la WFD.

Además, un 80 % de los niños sordos no pueden acceder a la educación en el mundo, mientras que otro 18 % sí está escolarizado, pero en planes de estudio que no incluyen el lenguaje de signos.

La Federación Mundial de Sordos es una organización no gubernamental que integra a 135 países y que trabaja para proteger los derechos de más de 70 millones de personas en todo el mundo.

 

Corte Interamericana desestima pedido de defensa de Arrom, Martí y Esperanza Martínez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó otorgar las medidas provisionales que fueron planteadas por la defensa, en relación a los prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí, Víctor Colmán y la senadora nacional Esperanza Martínez.

La defensa argumentó que estas cuatro personas están en “peligro inminente”, porque el gobierno paraguayo solicitó al del Brasil la revocatoria del status de refugiado político de los tres primeros, y una supuesta convocatoria a manifestación frente a la casa de la senadora Esperanza Martínez.

En contrapartida, la Procuraduría General de la República pidió la desestimación de la solicitud de medidas provisionales, según publica el portal del Ministerio del Interior.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al pedido de la Procuraduría, porque consideró que no existe ningún peligro inminente en relación a las cuatro personas mencionadas.

A criterio de los jueces, el gobierno paraguayo está en pleno derecho de solicitar la revocatoria de refugio político, al igual que el Brasil, que tendrá la potestad de concederla o denegarla.

La resolución recuerda al Estado Paraguayo su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.

Vale recordar que este pedido que hizo la defensa de las cuatro personas no guarda relación con la demanda que entablaron Arrom y Martí contra el Estado paraguayo por supuesta privación ilegítima de libertad y torturas, hechos por los cuales piden ser indemnizados de manera "simbólica" con altas sumas de dinero, calles con sus nombres, tratamiento psicológico, un museo, entre otros.

 

Paraguay tiene chances de salir airoso en el caso Arrom y Martí

El ex fiscal general del Estado fue uno de los testigos que pre­sentó la defensa del Estado paraguayo en la demanda interpuesta por Juan Fran­cisco Arrom y Anuncio Martí ante la Corte IDH por supuesta privación de libertad y torturas. En caso de ser desfavorable el fallo, el Paraguay se expone a una millonaria demanda que, por lo bajo, sería de 50 millones de dólares; otros sostienen, desde la Pro­curaduría y el Ministerio Público, que ese monto incluso podría duplicarse.


Fuente: La Nación

POR RICHARD MOREIRA

Sin embargo, ante el pano­rama bastante pesimista que sobrevolaba la sala de audiencias antes de la sesión de la Corte Inte­ramericana, ubicada en el acomodado barrio Los Yoses, de la capital de Costa Rica, la comparecencia de Óscar Germán Latorre trajo cierta tranquilidad y espe­ranza a la defensa a raíz del testimonio sereno, preciso y en detalles que ofreció a los jueces de la Corte.

Desde San José, Latorre accedió a una entrevista para La Nación, luego de la audiencia, en la que explicó algunos aspectos que ates­tiguó en la sesión del jue­ves pasado y que tiene refe­rencia con Arrom, Martí, la industria del secuestro y las chances del Paraguay en esta demanda.

–Luego de la presentación de los testigos por parte del Estado paraguayo, ¿cuál es su expectativa respecto al caso?

–Creo que los testimonios ofrecidos por el Estado son bien contundentes. Lamen­tablemente parece que se perdió de vista lo que era principal. Se habló mucho de las coartadas, de los tres imputados (Casal, Gama­rra, Schembori), pero no se puso énfasis en unos aspec­tos que son incuestionables. La primera es que Juan Arrom hizo la denuncia alegando que el 19 de enero del 2002 había extraviado su cédula.

Supuestamente, el 19 de enero ya estaba desaparecido y bajo tor­tura. De la misma manera, la señora María Edith Bor­dón de Debernardi dijo que ella vio a Martí ese 19 de enero, lo cual si estuviese privado de libertad sería imposible. Otro detalle en que no se puso énfasis, pero supongo que lo harán en los alegatos por escrito, es que desde el celular de Juan Arrom se hicieron cuatro llamadas al profesor Luis Alfonso Resck, durante el tiempo que duró el cautive­rio, el supuesto cautiverio.

En tercer lugar, pusieron énfasis en tratar de justi­ficar esa desaparición for­zosa a partir de cuestiones políticas, que honestamente hablando son muy difíciles de concebir. Antes del caso Debernardi, personal­mente no sabía que exis­tía un movimiento Patria Libre. La verdad era difícil también creer, aun cuando comenzaron a surgir esos datos, que un movimiento esté involucrado en secues­tro. Pero el tiempo nos con­firmó que el comité político de Patria Libre sí estaba pla­nificando otros secuestros, fue así como secuestraron a Debernardi, así planifi­caron el secuestro de Ceci­lia Cubas, que tenía que haberse realizado inme­diatamente después del de María Edith.

–Esta falta de énfasis, ¿a qué o a quién se puede atribuir?

–Creo que la discusión que planteó la Corte Interame­ricana no permitió poner énfasis en esos temas, pero estoy muy confiado en que la sentencia que se pueda llegar a dictar, aun cuando pudiese ser condenatoria, no va ser por tortura, sino por cuestiones relativas a la legislación penal y tal vez por el tema de la violación del principio de presunción de inocencia, que alegan a partir de unos panfletos y carteles que aparecie­ron allá por el 2009 y 2010, cuando yo no cumplía fun­ciones en la Fiscalía General. No sé de dónde surgió. Obviamente, si eso pro­vino del Estado, es un error. Pero resulta que el Ministe­rio del Interior lo niega, el Ministerio Público lo niega, la Policía lo niega, enton­ces queda ahí en un compás de espera. Yo podría pen­sar que fue el Ing. Antonio Debernardi el que sacó el aviso, pero no tengo prue­bas tampoco.

–Cuando compareció, en su relato Ud. logró hábilmente introducir el secuestro de María Edith como un hecho aso­ciado a Arrom y Martí. ¿Cree que esta vincula­ción pueda ser favora­ble para las chances del Estado paraguayo?

–Creo que la Corte actuó lógicamente porque era imposible hacer estimacio­nes con relación a la denun­cia de Arrom y Martí sin referirse al caso de María Edith. ¿Y lo digo por qué? Porque nosotros sabíamos que Arrom fue el que depo­sitó el mensaje que se aban­donó en la casa de su madre. Tenemos funcionarios que estaban haciendo la vigi­lancia y que lo vieron, entró, salió y el mensaje llegó. En segundo lugar, teníamos el dinero que entregaron a Marcos Álvarez, que cree­mos fue un exceso de con­fianza, una confianza que podría decirse defrau­dada. La verdad es que ese dinero fue parte del dinero que pagó Debernardi por el rescate de su esposa. Para ese entonces ya teníamos plena seguridad, muy fun­dada sospecha, de que Juan Arrom, Martí y Víctor Col­mán ya estaban involucra­dos. El resto de los que fue­ron imputados y que luego fueron condenados apare­cieron después de la libera­ción de María Edith, quien comenzó paulatinamente a identificar a las personas. Así, identificó a Martí, a Carmen Villalba a Oviedo Brítez y otros.

–Pero, entonces, hay cierta esperanza…

–Noto, digamos, algo de esperanza, de expectativa positiva, cuando los jueces permitieron que yo desa­rrollara también el tema Debernardi porque eso era fundamental, que pudie­sen comprender ellos que lo que se estaba debatiendo era simplemente la versión men­tirosa de dos personas que secuestraron a la concuñada de uno de ellos.

–Tanto en Paraguay y, sobre todo, ante la Corte, habló acerca de una “industria del secuestro”. Cree que la instalación de esta industria comenzó con Arrom y Martí.

–Definitivamente que sí. Invito a indagar en los archi­vos de la Fiscalía porque allí consta cuándo comenzó y cómo comenzó esto. Fue en 1999 cuando Arrom contacta con Ricardo Granda, que está refugiado en Venezuela, en Caracas específicamente, y allí le propone iniciar “la empresa” como le llaman ellos. A partir de ahí, los intercambios y evaluaciones entre Granda y Raúl Reyes, deciden comprometerse en “la empresa” y comienzan a financiar a Arrom y a su grupo, permitiéndole dinero para financiar el operativo, que tardó meses en ser eje­cutado, pero lo ejecutaron. Tenemos también eviden­cias de que las FARC reci­bieron de Patria Libre unos 300 mil dólares, por el ase­soramiento. Eso está docu­mentado por la Fiscalía. Ahora hay una nueva línea de investigación que tiende a determinar adónde fue a parar el resto de la plata (250 mil o 280 mil dólares). Me reservo el dato, eso tendrán que investigar los fiscales, ya no me corresponde a mí. Es un dato confiable y depen­derá de la mayor o menor diligencia para encontrar la punta del ovillo.

–Tras los testimonios y los alegatos presentados en San José, ¿cree que el Estado tiene chances de no recibir condena?

–Desde mi punto de vista como abogado, desde el punto de vista jurídico, creo que el Estado paraguayo tiene que salir airoso. Sen­cillamente porque las evi­dencias que existen nos con­ducen a sostener que sí. Lo puedo decir yo que soy abo­gado y que no represento al Estado, para mí la apa­rición del 30 de enero (día de la supuesta liberación de Arrom y Martí) fue una farsa montada.

Puedo revelar algo que me parece elocuente. Ya varios meses después de que aparecieran ellos, uno de los fiscales va a mi despacho y me cuenta que estuvo ese día en Marquetalia, y que habló con el “comandante Choco­late”, que era un dirigente social del lugar. Este le dice que tengan cuidado porque esto de las torturas y demás responde a un protocolo que tienen para casos de crisis y amenazas, de órdenes de detención e inmediatamente se hace una denuncia contra la Policía u otros estamentos del Estado.

“Chocolate” le propone a este fiscal, lo que terminó convenciendo al mismo, que con una cuchara se golpease suavemente 100 veces en el brazo, y que va a comprobar que lo que decía era verdad. Este fiscal hizo la prueba durante una trans­misión de fútbol, se golpeó suavemente y al termi­nar el juego tenía el brazo rojo, aunque no le dolía nada. Pero al día siguiente, cuando fue a mi despacho, ese brazo de la muñeca hasta el hombro, estaba totalmente negro. Yo le dije que estaba loco, pero cual­quier duda que pudo haber tenido se disipó.

–¿Qué otras cuestiones le hacen sospechar que fue un montaje?

–Las circunstancias en que aparecieron Arrom y Martí, previa convocatoria de la prensa, pareciera que fue todo armado para permi­tir la reaparición triunfal de ellos, con todos los car­gos que tenían encima, no se les dio tratamiento debido, que se violaron sus derechos, estamos hablando de secues­tro, de un crimen y la Corte ordenó la libertad ambula­toria, que luego les permitió huir a ellos cuando la Fisca­lía presentó acusación, y la misma fue admitida por un juez penal de Garantías y se llevó a juicio oral.

–¿Esta industria del secuestro fue reducida a partir de las actuaciones realizadas desde la Fisca­lía aquel 2002?

–No. Conseguimos 13 con­denados en el caso Deber­nardi, gente importante dentro de la estructura de Patria Libre, que cambió la Secretaría General, pasó a manos de Omar Martínez, volvieron a practicar el secuestro, en este caso de Cecilia Cubas. La mayoría de los responsables del pri­mer estamento del comité político de Patria Libre fue condenada. En total suman más de 30 condenados y a partir de ahí Patria Libre comienza a desaparecer. A nivel político pasan a ser el P-MAS y la parte operativa se denomina EPP. El Estado no reaccionó; por lo menos, no nos tomaron en serio cuando anunciamos lo que iba a ocurrir y ocurrió.

–El secuestro como ele­mento político de finan­ciamiento, para sus obje­tivos, ¿se desmanteló?

–No, no se desmanteló. Y la prueba es que estamos per­diendo la guerra. No es una guerra fácil, la infiltración existe en todas partes, inclu­yendo en esta misma defensa (del Estado paraguayo) hay infiltración. Vamos a ver lo que ocurre.

 

Peralta Vierci “dibujó” una licitación para fibra óptica por US$ 12 millones

Luego de destrabar una protesta en curso en la DNCP, el ministro Alejandro Peralta Vierci en menos de de una semana concretó la adjudicación y la firma del contrato con la empresa Celexx SA, cuyo primer desembolso de US$ 2,4 millones ya se efectuó el 16 de enero pasado.


Fuente: La Nación

  • POR JORGE TORRES ROMERO

Alegando la necesi­dad de contar “en la brevedad posible” con la provisión de los equi­pamientos para el suminis­tro, instalación y amplia­ción de la red nacional de fibra óptica, el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic), a cargo de Alejan­dro Peralta Vierci, adju­dicó, firmó el contrato y ya realizó el primer desem­bolso en el llamado a lici­tación pública (Subasta a la Baja Electrónica-SBE) en un cuestionado proceso en que -según denuncia de un proveedor- se confeccionó el pliego de bases y con­diciones para favorecer a una empresa, puesto que se exigía la provisión de bie­nes específicamente de la marca Huawei, lo que atenta contra la libre competencia y, en definitiva, en violación a la Ley 2051 de Contrata­ciones Públicas.

La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre de 2018, según Resolución Mitic N° 069 a la empresa Celexx SA, por un monto total de G. 71.820 millo­nes, unos US$ 12 millones. La otra oferente, SSD SRL, había ofertado el suminis­tro por G. 71.840 millo­nes. La adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) comunicó la finalización del proceso de investigación y el desisti­miento de la protesta pro­movida por la firma Bullers SA, contra el pliego de bases y condiciones.

En su descargo a la protesta para justificar la adquisición, la convocante había argu­mentado entre otros pun­tos que los bienes de Ande y Copaco son de la marca Hua­wei, lo que condicionaba la compra, teniendo en cuenta que la telefónica estatal tiene 180.000 km de fibra óptica, Ande otros 120.000 km, la cartera del Interior 200 km y Hacienda 74 km.

“Se requiere asegurar la completa compatibilidad, la calidad, el rendimiento y no perder funcionalidad. Tam­bién el personal técnico de las instituciones que realiza el soporte y mantenimiento de esa infraestructura ha sido capacitado amplia­mente en la administración y configuración, conociendo los pormenores de su fun­cionamiento”, señalaba una parte del escrito.


SIN ARGUMENTOS TÉCNICOS

Sin embargo, según la empresa denunciante, la completa compatibilidad, la calidad y el rendimiento se pueden alcanzar con cual­quier otra marca, siempre y cuando se establezcan cri­terios adecuados de integra­ción, por lo que esto no debe­ría ser exclusividad de una sola marca.

Agrega que la justificación del Mitic carece de argu­mentos técnicos y por tan solo dos ítems que represen­tan menos del 2% del pro­yecto, se terminó por adju­dicar el 100% a una sola marca, en este caso Huawei.

En otra parte de la denuncia, señalan que las especifica­ciones técnicas del llamado a licitación “evidencian un direccionamiento”, lo cual limitaba la participación y en consecuencia la posibili­dad de obtener mejores ofer­tas en la adquisición para el Estado.

A su vez, el Sindicato Nacio­nal de Trabajadores de Tele­comunicaciones (Sinattel) también se pronunció en contra del proyecto, puesto que, según sus dirigentes, se perderían los 180.000 km de la red de fibra óptica de la estatal. Los trabajado­res de la Copaco amenaza­ron con ir a una huelga si el Mitic o cualquier empresa privada pretende adminis­trar su red.

YA SE ADJUDICÓ Y PAGÓ EL ANTICIPO

Todos estos argumentos quedaron en la nada al concretarse finalmente la adjudicación y firma del contrato respectivo. En la página de la DNCP, se observa que luego de comunicada la adjudica­ción a los demás oferentes, el 18 de diciembre, había una premura para efectuar el primer desembolso de G. 14.400 millones, de los G. 71.820 millones adjudica­dos, por lo que la Unidad Operativa de Contrata­ciones (UOC) remitió una nota al director Nacional de Contrataciones Públi­cas, abogado Pablo Seitz, a fin de solicitar la aproba­ción y emisión del Código de Contratación para comprometer los recur­sos correspondientes, lo cual ocurrió en fecha 22 de diciembre de 2018.

El desembolso, según las documentaciones del lla­mado, se concretó final­mente el pasado 16 de enero de 2019. De esta manera se concretó un millonario negocio cuyo contrato plu­rianual será financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inver­sión Pública y Desarrollo (Fonacide).