Juana Moreno, secretaria de APACFA, dijo en entrevista con Universo/Nación Media que no recibieron ninguna invitación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud luego de la manifestación que realizaron ayer frente al INCAN ante la falta de medicamentos. No obstante, indicó que mañana se tiene previsto un encuentro con representantes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

“Si bien reclamamos los medicamentos que faltan en la protesta de ayer, pero eso se debe al proceso burocrático que tiene la licitación. En este momento, nuestro principal enemigo no es el cáncer sino la Ley 2051”, expresó, señalando que piden que dicha ley sufra una modificación por parte de los parlamentarios, pidiendo que los mismos tengan un poco de empatía hacia los pacientes oncológicos y escuchen los clamores, ya que no existe ningún artículo que se refiera a la compra exclusiva de medicamentos e insumos.

“No se puede considerar la compra de medicamentos e insumos como cualquier otro material”, añadió Moreno, mencionando que toda compra debe pasar por un proceso licitatorio, a lo que piden que se acorten los plazos, ya que existe un cierto lapso después de realizar las adjudicaciones para que las empresas entreguen los fármacos.

Lo más terrible, que relató Moreno, fue que ayer falleció un paciente con cáncer durante la manifestación. “Estamos hablando de vidas humanas”, lamentó. Por otra parte, dijo que los recursos de amparos ahora salen en menor tiempo, ya que antes debían esperar hasta 6 meses. No obstante, reiteró que los esos ‘tiempos procesales’, justamente no lo tienen estas personas que necesitan con suma urgencia los medicamentos para continuar sus tratamientos en tiempo y forma.

En ese contexto, Juana mencionó que han tenido varias reuniones con autoridades a lo largo de este tiempo, desde el 2019, pero hasta la fecha no pasó nada en cuanto a la modificación de la Ley 2051. El Estado debe garantizar la salud de sus habitantes. No podemos estar sin medicamentos, ese derecho está vulnerado y los compañeros están muriendo”, puntualizó.

INVERSIONES DEL ESTADO

De acuerdo al informe, de enero a mayo de este año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió un monto de inversión de 328 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Salud recibió solo 22,3 millones de dólares.

Informe de los montos de inversión del Estado, donde el 80% va solo para Obras Públicas, dejando en segundo lugar la Salud Pública.

El senador de Honor Colorado habló de la mesa de diálogo que ya había establecido el Poder Ejecutivo en torno al sistema del transporte público, y celebró que el gobernador de Central, Rodrigo Estigarribia, se sume a las conversaciones.

Además, habló de la propuesta que tienen en mente. “Que el subsidio sea directo al pasajero, que en la tarjeta del pasajero esté el dinero por el cual él va a viajar todos los días, entonces no vamos a tener pasajeros fantasmas”, explicó Núñez.

Al respecto, confirmó que existe un anteproyecto de ley y que, esta idea será una de las que le presentará al presidente Santiago Peña.

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Respecto a la posibilidad de incluir el subsidio por kilometraje, Núñez indicó que desconfía de ese sistema y que tiene el temor de que se convierta en “kilometraje fantasma”.

Esta mañana, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, presentó un plan de reordenamiento del servicio del Transporte Público, bajo la premisa de que el funcionamiento esté garantizado 22 o 24 horas al día y que el subsidio sea por kilometraje.

“Que se por kilómetros recorridos para cubrir toda el área Metropolitana, porque o sino de noche ya no tenemos buses”, expresó Estigarribia. Para el efecto, alegan, no será necesario ampliar la flota.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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