Este proceso constará de tres fases, preliminar, primaria y secundaria. La obra integra el Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción, ejecutado por el MOPC.

El tratamiento completo de las aguas provenientes del sistema de alcantarillado sanitario evitará que el arroyo continúe siendo el depositario histórico de residuos, que lo han degradado notoriamente, mejorando de esta manera las condiciones ambientales del entorno.

Una vez en la planta, las aguas residuales serán sometidas, en una primera fase, a un proceso de pretratamiento, o preliminar, que permitirá liberarlas de la materia inorgánica. Esto será posible mediante su paso por una estructura mecanizada de rejas de distinto tamaño, donde quedarán retenidos todos los residuos sólidos.

Luego irán a un desarenador y un desengrasador, para eliminar la arena y las grasas. Ya libres de estos elementos, recibirán un tratamiento para procesar la materia orgánica, a través de reactores anaeróbicos, filtros biológicos y decantadores. Superada esta etapa serán sometidas, finalmente, a una desinfección, antes de ser devueltas al arroyo San Lorenzo.

Los residuos de todo el proceso serán compactados y acondicionados, según las normas ambientales vigentes.

Actualmente, la planta existente, cuya construcción data de 1978, solo realiza un proceso primario de tratamiento, además de hallarse rebasada en su capacidad.

La PTAR de San Lorenzo estará condiciones de procesar un caudal de unos 570 litros por segundo. A esto hay que sumar la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario luego de 44 años de haber sido instalado en esta ciudad.

Son 110 kilómetros de tuberías nuevas y 24 kilómetros de rehabilitación de la red existente, totalizando 134 kilómetros de colectores de aguas residuales instalados.

Con el acceso al desagüe cloacal, los nuevos usuarios dejarán de apelar a la construcción de pozos ciegos para depositar las aguas residuales.

Esta arraigada práctica, producto de la histórica ausencia del servicio, termina produciendo la contaminación de los reservorios subterráneos de agua potable, como resultado de la infiltración de los líquidos en las napas freáticas del suelo.

Una larga lista de medicamentos aparecen como comercializados y Dinavisa llegó hasta el supuesto laboratorio donde constataron que no estaba habilitado y no cumplía con las normas mínimas.

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El titular de Dinavisa, Dr. César Cristaldo, indicó a la radio 650 AM que todos los medicamentos fueron retirados y el laboratorio clausurado. La situación fue comunicada al Ministerio Público.

Recordó que hay riesgos graves si se adquieren o utilizan productos no registrados ante la autoridad sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, en condiciones que no cumplen con las normativas vigentes

Los medicamentos adquiridos deben contar el número de registro sanitario, expedido por Dinavisa, dato del lote de fabricación, vencimiento, responsable técnico, reacciones adversas, indicaciones, advertencias, posología.

La denuncia refiere que Andrés Gubetich firmó contratos de compraventa sobre 4 inmuebles comprometiéndose a transferirlos libre de gravámenes al denunciante, Eustacio Rojas.

Sin embargo, uno de los inmuebles estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro ya estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero.

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El abogado José Fernández Zacur, explicó a Universo 970 AM de Nación Media, que en todos los casos recibió entregas dinerarias y pagarés o cheques que descontó dejando al comprador con las deudas.

Al respecto de la participación de su esposa, María Rosa Araujo, el abogado explicó que los bienes eran gananciales al momento de las “ventas” y la mujer omitió suscribir los contratos frustrando cualquier reclamación civil por cumplimiento contractual.

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Asimismo, el abogado enfatizó que el matrimonio Gubetich - Araujo utilizó al sistema financiero para descontar varios de los títulos de crédito provenientes de la estafa. El perjuicio asciende a cerca de U$s. 2.400.000.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, con la creación de esta cuenta, los recursos estarán disponibles y blindados durante todo el 2024.

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Para este año, ya se depositó en la misma 14,7 millones de dólares pertenecientes al saldo actual. Cada año se realizarán los depósitos correspondientes.

“Esta medida asegura que las universidades públicas contarán con los recursos necesarios de manera inmediata y garantizada en la cuenta mencionada, para la ejecución total del Arancel cero, beneficiando a estudiantes y familias de todo el país”, expresa parte del comunicado del MEF.

El lunes pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el documento que reglamenta la gratuidad universitaria y prometió que el Arancel Cero no se verá afectado durante su gobierno.

El Gobierno ya había anunciado que el programa estaba completamente garantizado con la ley modificada en la Cámara de Diputados y promulgada por el Ejecutivo. Ahora, aseguran que el blindaje se refuerza todavía más al crear una cuenta única y exclusiva para el dinero del Arancel Cero.

Esto ocurre al mismo tiempo que representantes del Gobierno y autoridades de las universidades públicas convocan a una mesa de diálogo con los estudiantes en paro para este viernes. Buscan disipar dudas y hablar sobre el aseguramiento del arancel cero y proyectos previamente financiados por el Fonacide.

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