Plantean la creación de Ministerio del Indígena

Un anteproyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados pide la creación de una institución pública con rango de ministerio que se encargue de las políticas que afectan a los pueblos indígenas, informó el Congreso en un comunicado.

​La propuesta fue debatida este lunes en una audiencia pública convocada por las comisiones de Pueblos Indígenas de la Cámara alta y la Cámara baja, donde también se discutió sobre otro proyecto que pretende sancionar la compra indebida de inmuebles a las comunidades de pueblos nativos.

El pedido de creación de una nueva institución que sustituya al actual Instituto Nacional del Indígena (Indi) pretende dotar de un mejor respaldo a las políticas sociales enfocadas a mejorar la situación de los pueblos originarios del país, ya que el 76 % de sus miembros se encuentran en situación de pobreza extrema, según el Gobierno.

La entidad se llamaría Secretaría Nacional de Pueblos Indígenas (Senapi) y debería “orientar, coordinar, apoyar, proponer, promover, fomentar, gestionar, implementar, fiscalizar y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas y privadas para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”.

Asimismo los trabajadores y trabajadoras del Indi pasarían a formar parte de la nueva Secretaría. La Senapi sería una “entidad autónoma, descentralizada y autárquica, única institución rectora y responsable de las políticas indigenistas del país”.

Un pedido que ocurre al tiempo que el Congreso evalúa los presupuestos generales del Estado propuestos por el Ejecutivo para 2016 y que recortan en casi el 50 % el presupuesto para el desarrollo de las comunidades indígenas.

La rebaja es equivalente a unos 40.000 millones de guaraníes (unos 7,5 millones de dólares) en comparación con los recursos aprobados para el año en curso, que alcanzaron los 107.000 millones de guaraníes (unos 20 millones de dólares).

El otro documento considerado hoy en la audiencia pública fue el proyecto de ley que busca sancionar “la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales pertenecientes o destinados para el asentamiento de comunidades indígenas”.

 

Operación “Dulzura”: confirman incautación récord de más de 4 toneladas de cocaína

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el total de cocaína incautada dentro de bolsas de azúcar que iban en un contenedor con destino a Bélgica, supera los 4.000 kilogramos. Representa una cifra histórica en el marco de hallazgo de drogas en el país.

El informe indica que 4.013 kilogramos de cocaína fue el total incautado dentro de bolsas de azúcar que iban en un contenedor en el Puerto Caacupemí, que tenía como destino el  puerto de Amberes, Bélgica.

Desde la Senad sostienen que el perjuicio al crimen organizado supera los 240 millones de dólares.

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Al respecto, la Senad considera una cifra récord en incautación hasta el momento. Todavía faltan contenedores por verificar.

El operativo denominado “Dulzura” fue llevado en conjunto entre la Senad, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Ministerio Público.

Por robar celular dos hombres fueron condenados a 17 y 14 años de cárcel en Luque

Axel Domiciano González y Víctor Manuel Benítez fueron condenados a 17 y 14 años, respectivamente, de pena privativa de libertad luego de ser hallados culpables de un violento robo contra una mujer en Luque.

El caso ocurrió el 10 de octubre de 2020 en el barrio Bella Vista, de Luque. La víctima recibió varias puñaladas por parte de ambos condenados para ser despojada de su celular.

La mujer permaneció en terapia intensiva por varios días, y luego de haber sobrevivido a las estocadas, fue testigo del juicio oral y público que se desarrolló en la ciudad de Fernando de la Mora.

Tras dar con los responsables, la agente fiscal Sandra Ledesma, de la Unidad Penal n.° 4 de la ciudad de Luque, solicitó que Axel Domiciano González sea condenado a 17 años de pena privativa de libertad y Víctor Manuel Benítez a 14 años.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Gerardo Ruíz Díaz, Natalia Muñoz y Rilsi Ortiz, quienes hallaron culpables a los dos hombres del violento asalto.


Celebran avance anticontrabando, pero señalan que todavía falta en ciertos sectores

Según el análisis de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), un poco más del 32% es lo que se redujo el volumen del contrabando de aceites y grasas vegetales en el comparativo de enero a mayo de este año, con relación al anterior sondeo hecho en 2023. El gremio espera que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) siga trabajando todavía con más ahínco en combatir frontal y transversalmente la ilegalidad y obtenga cada vez mejores resultados.

El gremio señala el contrabando de aceite y grasas vegetales disminuyó en 17 puntos porcentuales, porque entre enero y setiembre del 2023 el consumo mensual de dichos productos de dudoso origen fue de unas 4.030 toneladas, cifra que representaba un 52% de las ventas locales, mientras que entre enero y mayo de este año el volumen mensual de consumo de productos de dudoso fue de 2.710 toneladas, que constituyen un 35% en relación con el consumo del mercado local.

Se destaca que las incautaciones de aceites comestibles hechas por la división anti-contrabando de la DNIT, entre el 15 de agosto de 2023 y el 3 de julio de este año, fue de un total de 136.560 litros. Además, en forma general, la institución logró quebrantar esquemas de contrabando en los distintos rubros a nivel país por un monto total aproximado de US$ 16,9 millones, acorde con el informe oficial.

Cabe recordar que el contrabando no solo resta las ventas de productos nacionales, sino que también pone en peligro miles de puestos de trabajo en la industria.

En ese sentido, Cappro aglutina a diez industrias aceiteras paraguayas que emplean directamente a 2.200 personas y a otras 6.600 de manera indirecta, por eso celebra el trabajo realizado por el Gobierno para lograr la disminución de uno de los flagelos que castigan al sector, a su vez que lo exhorta a seguir implementando nuevas medidas que frenen todavía más la informalidad, a modo de proteger a todas las empresas formales, al trabajo de los paraguayos y generar más oportunidades.

Para el gremio, el contrabando es un generador de pobreza que perjudica no solo al Estado al dejar de recaudar millones de dólares en impuestos sino también a miles de personas que no reciben sueldo mínimo ni cuentan con seguro social o que pierden sus empleos debido al cierre de empresas y negocios que no pueden competir contra los precios de productos ilegales. A esto se suma la ausencia de controles que certifiquen el buen estado de estos productos para la consumición, poniendo en riesgo la salud de los que deciden comprar esos productos de origen dudoso.