Plantean ley para regular precios de alquileres: mínimo sería G. 548.000 y tope G. 3.280.000

Un grupo de senadores se encuentra elaborando un proyecto de ley de alquileres para la vivienda. La propuesta apunta a regular este sector estableciendo ciertos parámetros para la fijación de precios, la elaboración de los contratos y sus cláusulas, además de organismos reguladores y de control, entre otras cuestiones.

Senadores del Frente Guasu se han encargado de elaborar el borrador del Proyecto de Ley “De Alquileres para la Vivienda”, a ser próximamente presentado en la Cámara de Senadores.

De acuerdo a su fundamentación, los precios de los alquileres de departamentos (sobre todo en la zona de Asunción) han venido sufriendo un incremento progresivo en los últimos años, motivo por el cual consideran oportuno establecer ciertos criterios para dicho escenario.

La ley tendrá por objeto establecer normas y mecanismos para “garantizar el derecho a la vivienda digna a todos los habitantes de la República”, estableciéndose para ello las condiciones que permitan hacer efectivo este derecho y promoviendo planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.

De igual manera, se buscará establecer el marco normativo, contractual e institucional para el alquiler de viviendas en el Paraguay. Para el efecto, se ha fijado como la autoridad de aplicación al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) en los aspectos de carácter nacional y a las municipalidades en lo que respecta a las competencias municipales.

CONTRATO DE ALQUILER SIN RESTRICCIONES

El proyecto de ley contempla que el anuncio de alquiler así como el contrato no podrán contener elementos discriminatorios ni subjetivos, tales como:

*Reservar el alquiler a personas de determinado sexo, orientación sexual y política, condición socioeconómica, color de piel, grupo étnico, religión, edad (siempre que el titular sea mayor de 18 años), condición de salud física o mental.

*Imponer ciertos comportamientos que restrinjan la libertad a sus inquilinos (no invitar gente, no tener pareja, no tener hijos/as, no escuchar música, no acostarse tarde, no tener animales, aunque haya espacio suficiente, no profesar alguna religión, etc.).

De igual forma, se prohíbe al arrendatario:

*Decir que un apartamento no está disponible cuando en realidad lo está.

*Negarse a alquilar el inmueble a personas y familias definidas como prioritarias en esta ley (de escasos recursos).

*Usar un conjunto de normas diferentes para evaluar a solicitantes que son personas y familias de escasos recursos.

*Brindar distintos servicios o instalaciones a locatarios que son personas y familias definidas como prioritarias en esta ley (de escasos recursos), ni exigir un depósito mayor, ni dar un tratamiento distinto a los pagos de alquiler.

*Rescindir un arrendamiento por motivos de discriminación.

*Hostigar a sus locatarios, por cualquier medio de comunicación o lugar no pactado según el contrato.

*Negarse a alquilar una propiedad por no aceptar mascotas si el locatario tiene un animal de asistencia entrenado, como un perro lazarillo o un perro que lo ayuda con una incapacidad física o mental.

*Ingresar a su apartamento o casa sin permiso previo, salvo en casos de emergencia. En caso de reparaciones o que se desee mostrar el inmueble a un posible locador o comprador, deberá realizarse un aviso previo al locador, con una anticipación mínima de 24 horas.

FIJACIÓN DEL PRECIO DE ALQUILERES

Para el ajuste del costo de los alquileres, se ha establecido que el incremento no podrá ser superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP). No obstante, serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado, en el caso de que el alquiler tenga por fin el comercio o los servicios.

En una parte del texto aclara que “no se podrán aplicar otros costos adicionales a los previstos en el contrato original, salvo común acuerdo”.

De igual manera, se establece que las comisiones destinadas a agencias inmobiliarias o personas gestoras del alquiler del bien no podrán ser cobradas al inquilino, por lo tanto, estos montos los deberá asumir el propietario al ser la persona responsable de contratar dicha intermediación.

MONTO DEL ALQUILER

El monto del alquiler de vivienda deberá determinarse teniendo como referencia el marco regulatorio que deberá ser promovido por los municipios, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el BCP y todas las autoridades competentes.

Los casos contemplados en esta propuesta son:

*VIVIENDAS CON MÁS DE 10 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN: se establecen porcentajes que varían dependiendo de la cantidad de ambientes del inmueble y de la superficie habitable (establecida en metros cuadrados). El porcentaje mínimo es del 25% del Salario Mínimo Legal Vigente (G. 548.210) y el máximo es del 150% (G. 3.289.258), esto en proporción al espacio físico y los ambientes del lugar.

*VIVIENDAS NUEVAS: se podrá aplicar hasta un 15% más del Salario Mínimo Legal Vigente.

*ESPACIOS SUPLEMENTARIOS: en caso de que el inmueble disponga de -por ejemplo- garaje, estacionamiento, balcón, patio, ático, sótano, galería, piscina, quincho, se podrá aplicar hasta un 5% suplementario por espacio, con tope máximo de un 35% en total.

*RESIDENCIAS LUJOSAS: en caso de residencias de lujo, castillos, palacios habilitados para servicios especiales (diplomáticos, turismo de lujo, u otros), los propietarios deberán presentar a la autoridad competente una solicitud de no-cumplimiento del marco regulatorio de la ley, la cual será aceptada o rechazada según criterios reglamentados en el decreto reglamentario de la presente ley.

*PAGO DE AGUA Y LUZ: si el alquiler comprende ya el pago servicios básicos como ser agua y luz, este monto no podrá ser mayor al 10% del monto del alquiler.

Un aspecto importante del proyecto es que el monto del alquiler no podrá aumentar más que la inflación registrada por el BCP de un año a otro, salvo que haya tenido alguna mejora el inmueble, que justifique el aumento.

USO DE PLATAFORMAS DIGITALES

La propuesta parlamentaria también contempla el uso de la tecnología y señala que los alquileres realizados con plataformas virtuales de alquiler tales como Airbnb o similares están obligadas a cumplir los mismos requisitos exigidos por la ley.

Respecto al contrato, el mismo será entre el propietario y los representantes legales de la plataforma. La plataforma virtual deberá pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el alquiler y se estimará una renta presunta del 50% del monto del alquiler, sobre la cual deberá pagar Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (IRACIS).

REGISTRO DE ALQUILER Y CARTERA PÚBLICA DE ALQUILERES

El proyecto de ley plantea la creación del “Registro de Alquiler (RA)”, a cargo de los municipios, el cual deberá “registrar y procesar toda la información relacionada con los alquileres de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.

En dicho registro estarán incluidos los contratos de alquiler de viviendas correspondientes al municipio y las personas y familias interesadas en alquilar una vivienda.

Las personas y familias interesadas en alquilar una vivienda se registrarán gratuitamente en el municipio donde deseen alquilar la vivienda, independientemente de su condición económica. En este caso, se priorizarán las medidas de apoyo al alquiler de vivienda digna a las familias y personas de escasos recursos.

Además de este registro, también se contempla la creación de la “Cartera Pública de Alquileres (CPA)” con el fin de destinarlas a viviendas para alquiler social en caso poseer construcciones; o si fueran patios baldíos, a plazas, parques, huertas urbanas comunitarias o cooperativas de vivienda.

APOYO AL ACCESO AL ALQUILER DE VIVIENDAS DIGNAS

Las medidas de apoyo al acceso al alquiler de vivienda digna estarán dirigidas prioritariamente a familias y personas cuyos ingresos sean inferiores a medio (1/2) del salario mínimo legal por miembro de la familia, o menores a un (1) salario mínimo en caso de personas solas, como madres solteras, estudiantes provenientes del interior del país, familias con algún integrante con discapacidad, adultos mayores solos, entre otros.

CREACIÓN DE UN NUEVO IMPUESTO Y UN FONDO ESTATAL

El proyecto de ley prevé la creación del Impuesto al Inmueble Urbano Ocioso (IIUO), igual al 30% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año en que dicho inmueble se encuentre ocioso, en caso de construcciones deshabitadas; e igual al 60% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año en que dicho inmueble se encuentre ocioso, en caso de baldíos urbanos, en tanto no sean utilizados para una construcción, huerta urbana o de mantenimiento de un ecosistema.

El impuesto en cuestión será recaudado por el Ministerio de Hacienda, cruzando información de la Dirección Nacional de Catastro y los Registros de Alquiler de cada municipio, y depositado en una cuenta especial habilitada en el Banco Central del Paraguay (BCP) y destinada exclusivamente a los fines de la presente ley.

En igual sentido, también se plantea la creación del “Fondo Estatal de Apoyo al Alquiler”, el cual será administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y los municipios, con fondos del Tesoro del Estado, los fondos recaudados con el Impuesto al Inmueble Urbano Ocioso (IIUO) y todo ingreso que estas instituciones destinen de acuerdo a sus atribuciones.

El 50% del Fondo Estatal de Apoyo al Alquiler se destinará a refaccionar viviendas expropiadas por los municipios para alquileres sociales y el restante 50% para el apoyo mensual al alquiler a familias y personas de escasos recursos.

Asimismo, se contempla que las familias y personas de escasos recursos tendrán derecho a recibir un apoyo mensual al alquiler de hasta el 50% del monto de su alquiler, en función del monto de sus ingresos, según las escalas de ingresos a ser reglamentada.

CONTROL, SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA LEY

A fin de controlar todo lo concerniente al costo de los alquileres, se creará el Índice de Referencia de Precios de Alquileres (IRPA), a cargo del BCP, que realizará un seguimiento mensual de los precios del alquiler y servicios comunes, por distritos y por barrios en el caso de ciudades de más de 100.000 habitantes.

Por su parte, la atención y protección a los derechos de los inquilinos estará a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), institución que tendrá a su cargo crear un departamento de protección de los derechos del inquilino y tendrá poder de mediación ante los propietarios.

Se contempla que las instituciones encargadas de controlar y habilitar las viviendas para alquileres serán las municipalidades, a través de la creación de direcciones o departamentos encargados.

Otro organismo a ser creado con esta ley es el “Consejo de la Vivienda Digna en Alquiler”, bajo la coordinación del MUVH, conjuntamente con municipios, asociaciones de inquilinos, asociaciones sin fines de lucro, de estudiantes, de adultos mayores, de mujeres, agencias inmobiliarias.

El MUVH, conjuntamente con BCP y SEDECO, controlará los montos de los alquileres. En trabajo conjunto con el Consejo los municipios, revocarán habilitaciones en caso de violación de la presente ley.

MULTAS Y SANCIONES

Las denuncias al incumplimiento de la ley de alquileres para la vivienda podrán ser denunciadas al municipio al que pertenece el inmueble.

La infracción a las disposiciones establecidas será sancionada por los municipios en que se haya cometido la infracción, con multas que van de 10 a 200 salarios mínimos legales vigentes, según la gravedad de la falta, impuesta al locador del inmueble.

Chaco: incautan cocaína, crack y armas

Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Filadelfia, Chaco paraguayo, realizaron dos operativos contra el microtráfico en Loma Plata, en el marco del Plan SUMAR.

Primeramente, los agentes de la Senad allanaron una vivienda ubicada en el barrio Villa Paraguaya Nueva, núcleo A de la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón.

En el lugar desmantelaron un sitio de venta de drogas al menudeo que estaba siendo dirigido por Victor Antonio Coronel Servín, paraguayo, de 36 años.

En el sitio fueron incautados 210 gramos de cocaína, equivalentes a 420 dosis; 64 gramos de crack, equivalentes a 450 dosis, 43 millones de guaraníes, dos revólveres de calibre 38 y 22, una motocicleta de la marca Honda, celulares, puñales y otros elementos.

Otro foco desarticulado

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta una vivienda ubicada en la Villa Primer Intendente de la misma ciudad. En dicho lugar procedieron a la detención de Pabla Ríos García, de 55 años. De su poder fueron incautadas dosis de cocaína, una escopeta y varios proyectiles, entre otras evidencias.

El IPS de CDE incorpora médicos especialistas y crea el servicio “Gineco-oncología”

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que son cuatro exresidentes que, anteriormente, prestaban servicios en la sede central y ahora brindarán atención en Alto Paraná.

Los médicos que se unen al equipo son: el endoscopista Paulo Sosa; la ginecóloga y oncóloga, Andrea Enciso; la ginecóloga Azaria Álvarez y el especialista en medicina interna, Rodrigo Mereles.

Con las nuevas incorporaciones, se habilitara el servicio de Gineco-oncología y se amplía los servicios de gastroenterología y endoscopia con la incorporación de más profesionales de salud al equipo médico del Hospital Regional de Ciudad del Este IPS.

Estos profesionales agilizaran la atención, además se evitará que los asegurados se trasladen hasta la capital para recibir atención de especialistas.

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La directora médica, Rocío Martínez, destacó que lo más importante es la creación del servicio de gineco-oncología en IPS-Alto Paraná, además del valor que representa la ampliación del personal médico para mejorar la atención a los asegurados.

Desde el IPS mencionaron que en muchas ocasiones los especialistas deciden trabajar por Asunción y alrededores, y no ir al interior del país, pero en este caso la predisposición de los médicos y el apoyo de las autoridades de la previsional hicieron que los asegurados del Alto Paraná cuenten con más médicos.

Para agendar citas, se puede hacer vía telefónica llamando al 080011 5000, opción gratuita para líneas baja, Claro y Vox, y desde cualquier línea al (021) 219 3000. Además, está disponible la opción de agendar citas a través del Aplicativo Mi IPS.

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Senado pide criptoinformes: datos serán claves para ley de regulación

Tras descubrirse la existencia del criptoshopping de la familia Zuccolillo que presuntamente evadió 300.000 dólares de pago a la ANDE, desde el Senado solicitaron informes a instituciones como Ingresos Tributarios y a la propia ANDE acerca de los números de las criptominerías legalmente establecidas.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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