La diputada Rocío Vallejo (PPQ) mencionó a la radio 730 AM que el Poder Ejecutivo propuso el proyecto de Ley de Resolución de Insolvencia que modifica la actual Ley de Quiebras, tiene 360 artículos y algunos inquietan bastante. La propuesta ya tiene media sanción en el Senado y hoy se harán audiencias públicas en Diputados para analizar su vialidad.

“Esta ley fue presentada el año pasado en otro contexto económico, sin una pandemia. Este proyecto no es para este momento, en estas condiciones en las que estamos. Todos están tratando de remar la situación. Todo el mundo está con problemas. Es desolador el panorama”, indicó.

Entre los puntos que se cuestionan, la congresista citó que el proyecto no establece una clara definición de insolvencia y además fija que 90 días luego del segundo incumplimiento de obligaciones, el deudor deberá solicitar una convocatoria de acreedores, la homologación de un acuerdo extrajudicial o quiebra. Caso contrario, los acreedores podrán considerar que el deudor ya se encuentra en situación de quiebra.

“La ley establece que si se declara tu estado de quiebra, se puede establecer la inhibición general de gravar o vender. En nombre de la deuda puede quedarse con tus bienes. Además el deudor debe pagar los honorarios del síndico, a un consejo de creedores, y abogados. No darán abasto los síndicos que pasarán a administrar los bienes ni tampoco el sistema de justicia”, señaló Vallejo.

Por su parte, el director del Centro de Atención al Deudor (Cenade), Edward Arca, señaló a la misma emisora que el proyecto de Ley de Resolución de Insolvencia afectará a todo el país por la terrible situación por la pandemia.

“Hay artículos inconstitucionales que incluso se contradicen entre sí. Pedimos que se archive la ley por sus inconsistencias. No se compadece y no tiene empatía por la gente en este terrible momento. Se le embreta y pone la soga al cuello”, advirtió.

La normativa establece tres caminos: dos de negociación y otro de liquidación, con la quiebra judicial. Arca aseguró que la normativa establece dudas respecto al alcance del doble incumplimiento para que se exija la intervención, ya que “te cae un cheque y luego otro al minuto y ahí ya se da el doble incumplimiento, no es que son dos meses de incumplimiento del pago de la deuda para que se utilice la normativa”.

El informe del Hospital de Clínicas indica que ambos pacientes realizaban su tratamiento de hemodiálisis y a través de este gesto altruista de donación de órganos tienen una nueva oportunidad de mejorar su salud y la calidad de vida.

Cabe resaltar que uno de los pacientes tiene 64 años del sexo masculino, oriundo de la ciudad de Capiatá, el mismo recibió el riñón donado por una persona de 61 años de edad, fallecida en el Hospital de Clínicas por ACV hemorrágico.

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En tanto el otro paciente que recibió el trasplante es un hombre de 37 años, proveniente de la ciudad de CDE, quien fue trasplantado con un riñón de una donante de 47 años, quien falleció en el Hospital de Trauma por un trauma craneal.

Ambos pacientes llevaban años siguiendo su tratamiento de hemodiálisis, respectivamente fueron 4 años para uno y 2 años para el otro.

UNA NUEVA ETAPA COMIENZA

Los familiares de los pacientes trasplantados expresaron su agradecimiento y alegría por este nuevo comienzo para sus seres queridos, ya que a través de esta acción podrán volver a llevar la vida que tenían antes y gozando de buena salud.

Agradecieron enormemente a todo el staff de médicos, enfermeros y personal en general que trabajaron en todo este proceso y con los cuidados específicos que deben tener.

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Cabe resaltar que el Hospital Escuela cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para la realización de este tipo de intervenciones quirúrgicas complejas. Teniendo en cuenta también que el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, cumple con otros Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social (IPS), abriendo así un camino de esperanza a los compatriotas que tienen el derecho de ser trasplantados en su país.

Una larga lista de medicamentos aparecen como comercializados y Dinavisa llegó hasta el supuesto laboratorio donde constataron que no estaba habilitado y no cumplía con las normas mínimas.

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El titular de Dinavisa, Dr. César Cristaldo, indicó a la radio 650 AM que todos los medicamentos fueron retirados y el laboratorio clausurado. La situación fue comunicada al Ministerio Público.

Recordó que hay riesgos graves si se adquieren o utilizan productos no registrados ante la autoridad sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, en condiciones que no cumplen con las normativas vigentes

Los medicamentos adquiridos deben contar el número de registro sanitario, expedido por Dinavisa, dato del lote de fabricación, vencimiento, responsable técnico, reacciones adversas, indicaciones, advertencias, posología.

La denuncia refiere que Andrés Gubetich firmó contratos de compraventa sobre 4 inmuebles comprometiéndose a transferirlos libre de gravámenes al denunciante, Eustacio Rojas.

Sin embargo, uno de los inmuebles estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro ya estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero.

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El abogado José Fernández Zacur, explicó a Universo 970 AM de Nación Media, que en todos los casos recibió entregas dinerarias y pagarés o cheques que descontó dejando al comprador con las deudas.

Al respecto de la participación de su esposa, María Rosa Araujo, el abogado explicó que los bienes eran gananciales al momento de las “ventas” y la mujer omitió suscribir los contratos frustrando cualquier reclamación civil por cumplimiento contractual.

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Asimismo, el abogado enfatizó que el matrimonio Gubetich - Araujo utilizó al sistema financiero para descontar varios de los títulos de crédito provenientes de la estafa. El perjuicio asciende a cerca de U$s. 2.400.000.