Policía irá a prisión por violar a su hijastra desde que tenía 8 años

La justicia dispuso una condena de 17 años para un policía por el abuso sexual de su hijastra menor.

La fiscal Liliana Denice Duarte obtuvo una condena de 17 años de pena privativa de libertad para un agente de la Policía Nacional que abusaba sexualmente de manera sistemática de su hijastra menor.

El fallo se dio a conocer ayer viernes en la conclusión del juicio oral y público, que tuvo lugar en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La fiscal solicitó 25 años de cárcel.

Durante el debate, la representante del Ministerio Público produjo numerosas pruebas documentales, testimoniales y científicas para probar la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado.

El Tribunal de Sentencia -conformado por los jueces Fabio Aguilar, Vitalia Duarte y Serafín González- consideró factible la aplicación de 17 años de condena. La fiscal Liliana Duarte refirió que analizará una eventual apelación, al considerar que la pena debe ser mayor.

Según los antecedentes, los abusos comenzaron cuando la menor tenía 8 años y se prolongaron hasta los 12 años, en una vivienda ubicada en Presidente Franco. El hombre aprovechaba los momentos en que quedaba solo con la menor para someterla sexualmente.

La última agresión se produjo el 31 de marzo de 2019, según la denuncia presentada en el Ministerio Público. Posteriormente, la afectada fue asistida por una profesional sicóloga del Centro de Atención a Víctimas y un médico forense que confirmaron los abusos. Asimismo, el estudio de ADN confirma que los restos de fluidos hallados en la ropa de la niña corresponden al perfil genético del acusado.

Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta por la fiscal Liliana Duarte para abrir el proceso penal contra el agresor sexual y que finalmente derivó en su condena a 17 años de prisión.

Itaipú y tarifa de la ANDE reducida por tres meses, justo en las internas, critica obispo

En la carta dirigida al pueblo paraguayo y leída al término de la misa de Caacupé, el obispo Edmundo Valenzuela pidió que no se desvíe la atención de la renegociación del Anexo C de Itaipú, con la reducción temporal de la tarifa de la ANDE en los últimos tres meses del año, en coincidencia con las internas.

Varios temas de interés nacional fueron abordados en la carta de seis páginas escrita por el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela. 

Uno de ellos, la revisión del Anexo C  del Tratado de Itaipú, cuya revisión está fijada para el 13 de agosto del 2023, pero que requiere una preparación del actual Gobierno, que ya perdió la primera batalla al ceder en su postura sobre la tarifa 2022.

El obispo indicó que debemos estar listos como país para dicha renegociación, sin embargo, seguimos sujetos a cuestiones banales y sin colocar el tema en la agenda de cuestiones relevantes. 

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“Que no se desvíe la atención con aquello de tarifas reducidas y con descuentos de tres meses coincidentes con el calendario electoral. La cuestión fundamental está en la renegociación”, expresó el monseñor.

Exhortó al Gobierno a informar de antemano, a quiénes proponen para conducir la renegociación y qué se plantean conseguir para el Paraguay.

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Durante la extensa y tardía negociación de la tarifa 2022, clave para el punto de partida de la negociación del Anexo C, Paraguay no logró imponer su postura de mantener la tarifa en USD 22.60 Kw/h y aceptó la reducción, a la que se denominó de forma elegante, “tarifa intermedia” de USD 20.75, ya que es ligeramente superior a la disminución que esperaba Brasil de USD 18,90.

En Caacupé dan tirón de orejas a Marito: endeudamiento y rapiña de fondos del IPS

En su cuarta carta al pueblo paraguayo, monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, dio un estirón de orejas al Gobierno de Mario Abdo Benítez por el altísimo endeudamiento del país y la rapiña que se hará de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

El gran ausente en la Villa Serrana fue el presidente Mario Abdo Benítez, quien días atrás ya fue a Caacupé y evitó asistir este 8 de diciembre ante el temor a no ser bien recibido por los feligreses.

Durante la misa central por la celebración religiosa de la Virgen de Caacupé, el líder religioso Ricardo Valenzuela le dedicó (sin mencionarlo) unas palabras.

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Primero Valenzuela refirió que una preocupación fundamental es la situación y el manejo de la economía. “A duras penas hemos superado una pandemia y por poco, como resultado inmediato, no hemos caído en una debacle económica. Es necesario fijarse en el endeudamiento de nuestro país en cifras siderales, miles de millones de dólares, como deuda externa, que representa un altísimo porcentaje del producto interno bruto”, indicó.

Justamente, de acuerdo con los datos públicos, el alarmante nivel de la deuda pública, hasta el mes de septiembre, ya rondaba los 14.670 millones de dólares, que equivale al 35,8% del PIB. Del monto total adeudado, 11.812 millones corresponden a compromisos del Estado con los acreedores externos y los restantes 1.819 millones representan la deuda interna. En la administración actual, la mayor parte del endeudamiento fue para las obras públicas, y no hay que olvidar que la empresa distribuidora de asfaltos, declarada por Mario Abdo, creció 450% en sus importaciones en coincidencia con el impulso en la construcción de rutas a través del MOPC.

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El obispo de Caacupé mencionó que no parece prudente hacer préstamos y más préstamos y aprobar, deliberadamente, un presupuesto deficitario; gastos y más gastos sin tener aún con qué pagar. “El panorama sombrío de nuestra economía apunta directamente a la quiebra con toda la consecuencia que se puede derivar. Nuestro país, cuya economía se centra en tres rubros principales: agricultura, ganadería y energía. El bajo valor agregado de las actividades productivas repercute en un alto desempleo o subempleo en tanto que la extracción de recursos naturales choca frontalmente con la conservación ambiental”.

“Cada tanto escuchamos que se tiene la idea de endeudarse más y más, inclusive para pagar sueldos y aumentos salariales de algún sector de los funcionarios públicos. No estamos en contra de que se pague bien a los trabajadores, pero frente a la precariedad de los recursos estatales, sobre todo en salud, educación, seguridad y justicia, es necesario cuidar los gastos”, agregó.

Por otro lado refirió que el Instituto de Previsión Social  (IPS) es una gran institución que atiende los problemas de salud de tantos trabajadores y obreros cumpliendo así un rol relevante en la sociedad. Y en ese sentido manifestó su preocupación en la propuesta de “meter mano” a los fondos de la previsional, lo cual es sumamente riesgoso para el futuro de miles de asegurados y sus respectivas familias.

“Cada tanto se hacen intentos de utilizar fondos del IPS, buscando atajos para solucionar, de modo imprudente y deshonesto, faltantes causados por el mal manejo de la administración de la República. Por eso, con fuerza profética, requerimos que se atienda a no despojar a los trabajadores de los recursos generados con su dinero ganado con esfuerzo y tenacidad. Los obreros tienen derecho a disfrutar plenamente de la asistencia sanitaria y que reciban su justa jubilación. Quitar al IPS de sus recursos resultará muy peligroso. Y nos preguntamos y preguntamos a los representantes que proponen estas posibilidades: ¿No sería el fin del seguro social? ¿Por qué los obreros deben pagar el costo de la mala administración de los gobernantes?”, cuestionó.

Condenan a 4 años de cárcel a conductor ebrio que protagonizó fatal accidente

El conductor chocó a un motociclista cuando escapaba de los agentes policiales. En un primer juicio fue condenado a 3 años de prisión, sin embargo, el Ministerio Público presentó una apelación.

La fiscal Liliana Denice Duarte propició la condena Ignacio Casco Delvalle, quien recibió una sanción penal de 4 años de pena privativa de libertad tras protagonizar un atropellamiento fatal.

El acusado afrontó el juicio oral este 6 de diciembre en el Poder Judicial de Ciudad del Este y fue hallado culpable por homicidio culposo y omisión de auxilio.

La sentencia fue dictada por el Tribunal conformado por los magistrados Flavia Recalde, Emilia Santos y Milciades Ovelar.

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Antecedente del caso

Los hechos se registraron el 18 de marzo de 2018. El ahora condenado circulaba en zig zag sobre la avenida Monday, Presidente Franco, a bordo de su automóvil hasta que fue demorado por agentes policiales, tras denuncia de vecinos.

Los intervinientes solicitaron al conductor que les acompañe hasta la sede policial para una verificación, pero éste se negó, retrocedió, realizó una maniobra brusca y huyó raudamente del lugar. Allí, se inició una persecución de los uniformados.

Casco Delvalle ingresó de contramano con dirección al distrito de Los Cedrales, momento en que chocó frontalmente contra una motocicleta, guiada por Didier Isaac Cardozo Martínez, quien fue lanzado al pavimento, sufrió múltiples lesiones y falleció por “politraumatismo por accidente de tránsito”.

A pesar de eso, el conductor no detuvo la marcha y a unos 3.000 metros del lugar atropelló a un transeúnte, identificado como Richard Andrés Vázquez Riveros. Siguió su camino y, a unos 500 metros, quedó varado con su rodado en un montículo de arena e intentó escapar a pie, pero fue aprehendido por los miembros de la fuerza pública que los seguían.

Ignacio Casco Delvalle, por disposición fiscal, fue trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera para ser sometido al alcotest, resultado que arrojó positivo 0,999 mg/l.

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El citado fue procesado, luego enjuiciado y condenado a 3 años de prisión en un primer juicio oral realizado el 18 de noviembre de 2021, por el Tribunal integrado por Oscar Genez, Lourdes Morínigo y Fabio Aguilar.

Sin embargo, tras una apelación, hubo reenvío y se realizó un nuevo juicio oral, que se llevó a cabo este 6 de diciembre, oportunidad en que Casco Delvalle fue sentenciado a 4 años de pena carcelaria.

Los jueces Flavia Recalde, Emilia Santos y Milciades Ovelar ordenaron que se levanten todas las medidas cautelares y dispusieron la prisión inmediata del condenado.