Para el efecto, los trabajadores remitieron una nota a Elvio Brizuela, director del Consejo de Empresas Públicas, en la que denunciaron la crítica situación de la administración de la empresa que se encuentra en quiebra.

“Los empleados de Fepasa tomamos la difícil decisión de realizar un paro de actividades hasta la regularización por parte de la empresa de la deuda laboral existente y del pago de los aportes del IPS, con el agravante que los mismos fueron descontados del personal y no abonados a la mencionada institución de seguridad social”, expresa parte del comunicado.

En el documento figura que 4 exempleados de la empresa promovieron sendas demandas laborales, cuyos reclamos superan los G. 800.000.000 millones, situación que pudo haberse evitado con una gestión adecuada de la administración.

Esto impacta gravemente en detrimento0 de Fepasa, ya que dicha suma se agrega a un pasivo de más de G. 2.500.000.000, que sería solo en concepto de sueldos atrasados, apunta la nota.

“Ante el absoluto estado de indefensión de todos los empleados y con una empresa a la deriva a causa de la mala gestión de la administración para el sostenimiento y funcionamiento de la misma, recurrimos a vuestra institución a los efectos de solicitar la intervención a causa del calamitoso estado en el que se encuentra la firma Fepasa”.

Por último, los trabajadores firmantes reclaman sus derechos laborales conculcados, referentes a sueldos y seguro social del personal subalterno, cuyos pagos están atrasados desde el mes de noviembre del 2020 hasta la fecha, incluyendo el aguinaldo del año pasado. Además solicitan el pago del seguro social del IPS, que registra un atraso desde marzo del 2019.

Según reportes, el proyecto presenta actualmente un avance aproximado del 50%. Igualmente, ambas delegaciones informaron sobre las obras complementarias para el acceso a las cabeceras del puente en los lados paraguayo y brasileño y las áreas destinadas al control fronterizo, migratorio y aduanero, entre otros.

La delegación paraguaya expuso sobre los avances y previsiones de finalización en el territorio paraguayo de la pavimentación del Corredor Bioceánico con un total de 530,8 km. Ambos países acordaron cooperar para lograr que la totalidad de las obras necesarias avancen de manera sincrónica a fin de viabilizar las grandes inversiones demandadas por el proyecto que unirá los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico.

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Se acordó también estudiar, en la brevedad posible, la suscripción de un instrumento que permita facilitar el ingreso al territorio brasileño de trabajadores y bienes destinados a la construcción de la obra, y de enviar el documento resultante a sus respectivos congresos nacionales para su pronta aprobación.

La delegación paraguaya estuvo integrada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas y Comunicaciones; de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y de la Itaipú Binacional (margen derecha). Por su parte, la delegación del Brasil estuvo compuesta por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, de la Receita Federal, de la Policía Federal.

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En el marco de la causa Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, solicitó la reasignación del caso, actualmente en manos del fiscal Néstor Coronel.

La pesquisa inició luego de la difusión de las supuestas conversaciones de Whatsapp entre los fiscales que investigaban a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos.

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El argumento de la solicitud de la reasignación de la causa es, de acuerdo al escrito, garantizar la objetividad de la investigación, ya que según alegan, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.

Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no hubo ningún avance.

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Los paraguayos Ronald Javier Rojas Vargas y Edgar López Godoy, y el brasileño Kaique Santos Souza fueron detenidos este martes, como resultado de investigaciones y tareas de inteligencia puestas sobre un esquema de tráfico de cocaína.

La SENAD identificó y capturó a este grupo criminal que se desenvolvía en la distribución y acopio de paquetes de la sustancia. La intervención fue desplegada en el Barrio Obrero, de la citada ciudad, bajo coordinación del fiscal Celso Morales.

Los dos paraguayos y el brasileño disponían de unos 26 kilos de la droga en el momento en que las fuerzas ingresaban al recinto que ocupaban, de acuerdo con el reporte brindado.

Además, otros elementos incautados durante el operativo fueron una escopeta, una camioneta y dos automóviles.