En charla con HOY Digital, el abogado Andrés Bernal indicó que junto a otros profesionales del derecho están preparando la apelación del caso, ya que la sentencia fue arbitraria y aberrante en cuanto a la excesiva condena y la violación de derechos constitucionales del procesado.

Explicó que recién asumió la defensa del policía tras la lectura de la condena, atendiendo de que el Tribunal de Sentencia no permitió al procesado hacer uso del derecho de contar con un abogado de su confianza. En ese sentido contó que Sanabria solicitó cambiar a su representante durante el juicio porque no confiaba en la estrategia procesal planteado por su defensor, pero los jueces no hicieron lugar a esta petición y determinaron que tome intervención la Inspectoría y se haga un sumario al letrado.

“Aquí hubo un tipo de presión. Es un derecho de toda persona contar con un abogado de su confianza. Entonces lo ocurrido produce la nulidad de todo el proceso”, subrayó.

El abogado resaltó que otro hecho que resaltó fue que a pedido a los jueces, la actuaria judicial omitió en el expediente y la sentencia el pedido de cambio de abogado que le fue rechazado al agente policial. “Eso produjo fricción en la lectura de la sentencia, y el doctor Alfredo Sosa (abogado inicial) reclamó que no se asintió en forma expresa en el juicio lo ocurrido”, dijo.

Sostuvo que tras esto, la funcionaria judicial retiró la sentencia para hacer unas modificaciones, incluyendo la solicitud de Sanabria, pero obviando otros datos importantes, como que fue llamado el personal de inspectoría y se abrió un sumario; situaciones que demuestran la completa negativa del tribunal de hacer lugar a lo requerido.

“Llama la atención estas irregularidades sin entrar a debatir el fondo de la cuestión. Decimos que no fueron aplicadas las normas correctamente en la valoración del hecho. No hay elementos suficientes para sostener la condena y tampoco los años. Nos llama la atención la gravedad de la condena, considerando que ocurren hechos más graves que reciben sanciones más leves”, mencionó.

Así también subrayó que no consideran correcto que al policía se lo condene por hacer su trabajo. Añadió que cuando existen disturbios, son los agentes antimotines quienes poseen la facultad de dispersar a los violentos, como el caso del ataque al Congreso Nacional. Lamentó así que esta condena trae un antecedente nefasto que desmoraliza a toda la Policía Nacional, al legalizar los actos violentos y condenar a un uniformado que hacía su labor.

No obstante, dejó en claro que con los pobres elementos presentados por la Fiscalía no se pudo demostrar fehacientemente la participación de su cliente en el disparo al legislador liberal que fue a atropellar la sede parlamentaria con la turba. “No debía darse una sanción porque no están claros los hechos y no está clara la responsabilidad”, acotó.

Bernal explicó que en este caso solamente se tomó como evidencia la declaración de otros oficiales, quienes también tenían escopetas y evidentemente no se iban a autoincriminar, y las imágenes de los videos captados por la prensa, que fueron analizados sin rigurosidad. “No es serio cuando no se tiene determinada cuál es la calidad profesional en el área de la persona que fiscalizó. Ese informe es lamentable. Se pidió un informe y no una pericia propiamente”, expresó. A esto se suma que la prueba realizada al arma del policía condenado salió negativa.

Al consultársele sobre si considera que hubo presión política, indicó que se puede notar que sí existió, al ser una cuestión muy mediática donde se pretende conseguir a un culpable. “Él es un eslabón para llegar a otras autoridades del poder público, porque se pretende vincular con otras causas ocurridas ese día”, puntualizó.

La jueza de la Niñez, Pili Rodríguez, explicó a la radio 650 AM cómo obtener el certificado de no estar inscriptos como moroso en el registro de deudores alimentarios. Para ello, los interesados pueden solicitar de manera online en la página del Poder Judicial https://csj.gov.py/redam.

Para gestionar este documento, el cual es necesario para realizar trámites de renovación de licencias y registros notariales, solo basta con colocar el número de cédula en la página web e inmediatamente se expide allí un certificado en PDF con firma digital, lo cual se puede presentarse en las instituciones. El documento cuenta con un código de seguridad que puede ser verificado ingresando al mismo sitio web donde se genera.

Este trámite es gratuito, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y puede ser realizado por cualquier persona. Para acceder solo se requieren los datos de la Cédula de Identidad paraguaya. En caso de tratarse de un usuario extranjero, el mismo debe acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales, ubicadas en todas las sedes judiciales del país.

La magistrada expresó que, ve muy provechoso el REDAM ya que instala el debate social sobre la protección alimentaria de la Niñez y la Adolescencia.

Rodríguez sostuvo que, la exigencia del certificado de ser no deudor de la pensión cobra relevancia ante el elevado número de juicios por reclamo alimentario, que alcanzó la cifra de 17.000 en 2023. “Es muy importante la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, la seguridad alimentaria es responsabilidad compartida”, subrayó.

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El procedimiento se llevó a cabo en un establecimiento situado en la Colonia Villa Alta, sobre la ruta Py 07, a 3 km del Cruce Carolina, departamento de Canindeyú, donde intervinieron de forma conjunta la Policía Nacional, funcionarios de la ANDE y la Fiscalía.

La propiedad pertenece a Emerson Batista quien contaba con una conexión directa en Media Tensión de un transformador de 2.500 Kilovatios. Allí encontraron 388 procesadores de criptoactivos, conectados de forma clandestina.

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Con la demanda de energía eléctrica de estas máquinas, el valor del consumo mensual y, por ende, daño patrimonial a la ANDE, rondaba los 692 millones de guaraníes.

Los hechos punibles denunciados por la ANDE son: sustracción de energía eléctrica (Artículo 173), perturbación de servicios públicos (Artículo 218) y sabotaje (Artículo 274) del Código Penal.

Se dispuso el traslado de 201 procesados y del transformador de gran porte a la Agencia Regional de Salto del Guairá. En tanto, las 187 máquinas restantes fueron lacradas.

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Paralelamente a estos operativos de caza de ladrones de energía, el Poder Legislativo debate propuestas de leyes que regulen la actividad en nuestro país, la cual, es ejercida de manera legal por 52 empresas, pero de forma ilegal, por un número desconocido.

Un hombre falleció mientras se encontraba manipulando cables en un domicilio del cual era encargado. El trágico hecho ocurrió ayer en la Colonia Acaray de este distrito.

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La víctima fatal es Jair Alves de 49 años, domiciliado en la Colonia Paso Ita, quien era cuidador de dicho inmueble, propiedad de Fidencio Cardozo Quintana.

Según el reporte de la Comisaría 24° barrio Puerta del Sol, los familiares del fallecido manifestaron que ayer en horas de la siesta, Jair estaba manipulando algunos cables en el fondo de la casa, momento en que sufrió una descarga eléctrica ocasionado su fallecimiento instantáneo.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Víctor Adolfo Santander, quien realizó los procedimientos de rigor,

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