La concertación “opositora” y la bancada abdista decidieron suspender la sesión extraordinaria anunciada para las 14:00 de este miércoles, tras el cuarto intermedio declarado ayer martes, durante el análisis del libelo acusatorio contra la fiscal Sandra Quiñónez.

Finalmente, el tratamiento continuará el próximo lunes a las 14:00, salvo que reúnan los votos antes y decidan adelantar la sesión.

La repentina moción se presentó durante la ordinaria de este miércoles, que contemplaba seis puntos en el orden del día, pero que, nuevamente se vio interrumpida por el caso Quiñónez.

El diputado Hugo Ramírez dijo que verán si para el lunes ya pueden conseguir los 53 votos necesarios para aprobar el juicio contra Quiñónez. De ser así, la Cámara de Senadores tendrá a su cargo el juzgamiento.

El estudio del libelo debía proseguir con el punto 8, bajo la carátula impunidad en el fallido Metrobús. Las tres causas restantes son las siguientes:

-Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa-presupuestaria del Ministerio Público.

-Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones.

-Inacción o negligencia del Ministerio Público.

Primeramente, los agentes de la Senad allanaron una vivienda ubicada en el barrio Villa Paraguaya Nueva, núcleo A de la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón.

En el lugar desmantelaron un sitio de venta de drogas al menudeo que estaba siendo dirigido por Victor Antonio Coronel Servín, paraguayo, de 36 años.

En el sitio fueron incautados 210 gramos de cocaína, equivalentes a 420 dosis; 64 gramos de crack, equivalentes a 450 dosis, 43 millones de guaraníes, dos revólveres de calibre 38 y 22, una motocicleta de la marca Honda, celulares, puñales y otros elementos.

Otro foco desarticulado

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta una vivienda ubicada en la Villa Primer Intendente de la misma ciudad. En dicho lugar procedieron a la detención de Pabla Ríos García, de 55 años. De su poder fueron incautadas dosis de cocaína, una escopeta y varios proyectiles, entre otras evidencias.

Los médicos que se unen al equipo son: el endoscopista Paulo Sosa; la ginecóloga y oncóloga, Andrea Enciso; la ginecóloga Azaria Álvarez y el especialista en medicina interna, Rodrigo Mereles.

Con las nuevas incorporaciones, se habilitara el servicio de Gineco-oncología y se amplía los servicios de gastroenterología y endoscopia con la incorporación de más profesionales de salud al equipo médico del Hospital Regional de Ciudad del Este IPS.

Estos profesionales agilizaran la atención, además se evitará que los asegurados se trasladen hasta la capital para recibir atención de especialistas.

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La directora médica, Rocío Martínez, destacó que lo más importante es la creación del servicio de gineco-oncología en IPS-Alto Paraná, además del valor que representa la ampliación del personal médico para mejorar la atención a los asegurados.

Desde el IPS mencionaron que en muchas ocasiones los especialistas deciden trabajar por Asunción y alrededores, y no ir al interior del país, pero en este caso la predisposición de los médicos y el apoyo de las autoridades de la previsional hicieron que los asegurados del Alto Paraná cuenten con más médicos.

Para agendar citas, se puede hacer vía telefónica llamando al 080011 5000, opción gratuita para líneas baja, Claro y Vox, y desde cualquier línea al (021) 219 3000. Además, está disponible la opción de agendar citas a través del Aplicativo Mi IPS.

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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