En entrevista con radio Monumental, Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional, refirió que preocupa la existencia de jóvenes efectivos policiales que consumen sustancias ilícitas.

En ese sentido, reveló que durante el año 2021, un total de 21 oficiales y suboficiales fueron temporalmente apartados de sus cargos para que pudieran recuperarse. “Ya hemos desvinculado a 21 colegas y este año tenemos a varios jóvenes en observación que si no mejoran su situación con las drogas, vamos a tener que dejarlos inactivos”, dijo.

Sin embargo, el uniformado lamentó la carencia de instrumentos de salud para atender a los oficiales que sufren de estas adicciones.

Por otro lado, Fleitas se refirió al caso de Oliver Daniel Lezcano Galeano (23), personal policial de la Comisaría 24ª Metropolitana que está detenido como principal sospechoso del homicidio del militar Líder Javier Ríos.

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En ese sentido dijo que es irregular el modelo de prestación de servicio de Lezcano, quien trabajaba ocho días continuos y descansaba ocho días posteriores.

Admitió que existe un margen de riesgo en este modelo de trabajo y dijo que el jefe de comisaría se expone a un proceso administrativo por otorgarle ese régimen laboral.

“Es una pena para nosotros lo sucedido y que un efectivo recientemente egresado esté involucrado. (…) Ninguna institución educativa enseña a uno a ser corrupto, a delinquir. Lo mismo pasa con nosotros, en la institución enseñamos las buenas doctrinas“, puntualizó.

La fiscal Fátima Girala cuestionó al oficial José Jiménez por difundir a través de sus redes sociales las grabaciones de sus procedimientos. Además, criticó que estos materiales sean monetizados.

Al respecto, el oficial Jiménez manifestó que con esta disputa, los “únicos que salen beneficiados son los actúan fuera del marco de la ley”.

“Yo no hice una denuncia en contra de ella. Ella fue la que envió una nota a la Comandancia objetando el trabajo que hacemos, todo por haber publicado un audio en el que ella libera a un adolescente aprehendido. Si hizo bien su trabajo, no sé porqué se enoja, algo hay por eso se enoja”, señaló el uniformado en conversación con Monumental.

“Si ella cree que se está violando los derechos, yo tengo más de 150 videos, entonces ya tenía que abrirme 150 causas”, agregó.

Sobre el dinero recaudado a través de las monetización de las grabaciones en Youtube, señaló que esos fondos son destinados a la adquisición de equipos y refacciones de la Comisaría 24 de Asunción.

“No es que yo esté lucrando con eso. No estoy dejando de lado mi profesión, además considero que el dinero que se está monetizando corresponde a la Policía Nacional y por eso estoy dando para las refacciones de la unidad”, subrayó.

El oficial comentó que hasta ahora, el mayor monto recaudado fue de 1.000 dólares. “Quiero que la Comandancia me pida un informe de lo recaudado y con gusto lo haré. Pintamos la Comisaría, mandamos arreglar los aire acondicionados y ahora queremos equipar nuestra unidad”, enfatizó.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.