Feminicidio en Paraguay 2017-2020 ofrece información sistematizada sobre los procesos judiciales llevados a cabo en los casos de feminicidio, a cinco años de la promulgación de la mencionada ley. También analiza las sentencias con el propósito de identificar avances y obstáculos en la justiciabilidad de los casos desde una perspectiva de derechos humanos y género.

El estudio accedió a 19 de las 22 sentencias judiciales que se aplicaron de los 92 expedientes por feminicidio consumado registrados entre los años 2017 y 2020, dando cuenta de que el 23 % de ellos ha recibido condena. El informe revela, además, que en la mayoría de los casos hubo antecedentes de violencia que las víctimas habían denunciado y que todos los victimarios tenían un vínculo de tipo íntimo con la víctima (esposos, parejas o exparejas sentimentales), siendo la casa de la víctima el principal lugar donde ocurrieron los hechos.

El presente diagnóstico sobre la aplicación de la ley en las sentencias judiciales para casos de feminicidio aporta información para medir la eficacia y evolución de los procesos en el marco de la ley. También aspira a contribuir en la formulación de políticas públicas para la prevención, atención, protección y sanción de los casos de violencia y del feminicidio, su expresión extrema.

El feminicidio, como un tipo penal autónomo fue incorporado en la legislación paraguaya con la Ley 5777/16, “De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia”. En esta normativa se reconoce la violencia contra las mujeres de manera especial y se distinguen diferentes ámbitos donde ella se manifiesta: espacios privados o domésticos, públicos o comunitarios y también la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, a través de sus agentes.

ALGUNOS HALLAZGOS

Aunque se ha logrado una mayor visibilización del feminicidio en el país, el estudio destaca la necesidad de profundizar en el uso de los instrumentos internacionales para el estudio de los casos judiciales. También señala que la violencia sigue siendo considerada una cuestión privada y no se analizan las responsabilidades públicas, si los hechos podían haber sido prevenidos y si los agentes estatales actuaron con la debida diligencia en la prevención y atención de los casos de violencia.

El informe también destaca la ausencia de un análisis del contexto cultural y socioeconómico (costumbres, estereotipos de género, el valor dado a la mujer y personas en condición de vulnerabilidad en el escenario de los hechos, significado de ritos, palabras, gestos, etc.). El abordaje de este contexto permite analizar los casos más allá de un hecho individual y entender las causas y las consecuencias de la violencia, lo mismo que comprender el tipo penal de feminicidio.

RECOMENDACIONES

La implementación de un sistema integrado y estandarizado de información sobre feminicidio en el país es una de las recomendaciones que da el estudio, pues los datos que se manejan hasta ahora están dispersos en varias instituciones públicas. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, registra 185 casos de feminicidio consumado en los cuatro años de vigencia de la Ley 5777/16, el Ministerio Público contabiliza 130 casos en el mismo periodo y el Poder Judicial reporta 92 expedientes por la misma causa entre 2017 y 2020.

Otra sugerencia es la capacitación de funcionarias y funcionarios públicos de todas las áreas (salud, policía, juzgados, maestros y maestras) en derechos humanos, igualdad y violencia contra las mujeres y las niñas, con capacidad para identificar casos y apoyar efectivamente a las mujeres que asisten a los servicios públicos.

Entre las recomendaciones también figura el establecimiento de sanciones a funcionarias y funcionarios públicos que incumplan con los deberes establecidos en la legislación y de actuar con la debida diligencia, conforme al artículo 41 de la Ley 5777/16. Es importante reglamentar las faltas administrativas para sancionar el incumplimiento de los deberes del funcionariado público.

El estudio recuerda que el feminicidio no es un tema que solo compete al Ministerio de la Mujer, sino una responsabilidad de todas las instituciones públicas, en especial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

El Crio. José Luis Noguera Orrego, asignado a la jefatura policial del Ministerio Público, participó del evento “El PAcCto 2.0″ en Panamá, durante el cual, según la denuncia, acosó a una funcionaria de la delegación y hasta la manoseó.

Al respecto, el Ministerio Público comunicó que el comisario pertenece a los cuadros de la Policía Nacional, por lo tanto, la que debe brindar atención es la institución policial.

La Fiscalía reconoce que una nota “descriptiva” del hecho fue enviada el 18 de abril pasado al embajador de la Unión Europea y, posteriormente, de la UE al Ministerio Público, a través de Relaciones Exteriores.

A esta notificación “se dio atención positiva el mismo día”, mediante la remisión de los antecedentes a la Comandancia de la Policía. Todo lo realizado fue nuevamente comunicado a la UE.

Ante esto, la Comandancia derivó el caso a la división de Asuntos Internos para la implementación de medidas legales. La Fiscalía anuncia que se mantendrá atenta a nuevas peticiones y a la propia denunciante.

La victima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy, martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de de circuitos de cámaras de la zona, para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre madinales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbù, que desde el reclusorio controlana episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló del tercer desembolso de Taiwán para las viviendas destinadas a las parcialidades indígenas y explicó de qué manera se trabaja con las demás instituciones.

“Este es in trabajo integral en equipo. Antes se reducía a la distribución de tierra, pero para poder generar arraigo, se necesitan las viviendas. A nosotros nos aboca la provisión de una vivienda digna”, expresó Baruja, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por su parte, el INDI se encarga de informar cuáles son las comunidades con mayor necesidad habitacional y en base a eso, se establece un parámetro de prioridades.

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Además, el diseño de las viviendas se realiza en base a las costumbres y a la cultura, conforme a los conceptos y criterios del INDI. Una vez aprobados, se procede a la ejecución.

“Es un abordaje integral, no es simplemente la construcción de vivienda, sino el entorno los accesos, los conceptos de educación, de salud, para que el arraigo se genere en estas comunidades”, indicó el ministro.

Todos los ministerios y secretarías, entre ellos, Niñez, están incluidos en la misión de que las comunidades indígenas permanezcan en sus tierras y no tengan la necesidad de deambular por la capital en busca de atención.

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