El documento presentado por 39 diputados de diferentes bancadas, establece una ampliación de G. 72.565.326.060 para la adopción de medidas que hagan posible la merienda escolar en establecimientos del nivel pre escolar, inicial y media públicos y subvencionados de la educación inicial, media y Ciencias.

“El Estado paraguayo debe garantizar que la merienda escolar en todas las instituciones de la República no sea interrumpida por motivo alguno, al considerar que es responsabilidad del Estado desarrollar mecanismos, administrar los recursos y financiar este proyecto con sus propios recursos”, expresa en parte de la exposición de motivos.

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Cabe recordar que la propuesta fue presentada atendiendo la posibilidad que la Cámara de Senadores sancione la derogación de un acuerdo internacional consistente en una cooperación financiera de 38 millones de euros (no reembolsables) por parte de la Unión Europea a nuestro país.

Al respecto, los proyectistas reconocen que la merienda escolar constituye un pilar fundamental para asegurar el aprendizaje de los niños que acuden al sistema educativo de nuestro país, por lo que sostienen que la ampliación presupuestaria, permitirá seguir con la merienda escolar en todo el territorio nacional.

La iniciativa aclara en uno de sus artículos, que el fondo mencionado será utilizado exclusivamente por el Ministerio de Educación, con la obligación de presentar la rendición de cuentas a la Contraloría General de la Republica.

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El proyecto ingresado, oficialmente, al circuito legislativo, será remitido a las comisiones de Educación, Cultura y Culto; Presupuesto; y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.