De acuerdo a lo explicado en el documento de 25 artículos, la propuesta consiste en “un proyecto de ley que encuadra las medidas sanitarias que el Poder Ejecutivo, bajo ciertos parámetros, tiene como facultad disponer como mecanismo de mitigación del contagio de COVID-19”.

Las medidas sanitarias previstas en esta ley se aplicarán “a todos los habitantes del territorio nacional y a quienes ingresen en este de manera temporal o permanente, dentro de los límites del espacio definido como zona de emergencia y por el periodo de tiempo que, para tal efecto, sea establecido en el decreto correspondiente”.

Asimismo, se prevé la instauración de una Junta de Emergencia Sanitaria como instancia interinstitucional responsable de la coordinación de acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, misma que será encabezada por el presidente de la República, o su delegado, y será integrada observando las disposiciones que, para el efecto, se emitan por decreto.

Las reuniones de esta Junta de Emergencia serán convocadas por la presidencia de la República y se celebrarán, ordinariamente, cada quince días y, extraordinariamente, según circunstancias urgentes.

Se menciona además que el Ministerio de Salud Pública, presentará sus reportes, informes y propuestas según el mérito de la situación sanitaria a ser tratada en la instancia interinstitucional.

El proyecto resalta que las personas físicas o jurídicas que infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo quedarán sujetas al procedimiento administrativo y a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

FACULTADOS DE LA POLICÍA NACIONAL

La Ley dispone que los policías tendrán la facultad de acompañar a las autoridades administrativas en el proceso de control y fiscalización de las normas sanitarias, en caso de que éstas lo requieran.

También podrán constatar las violaciones a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo en los lugares públicos y privados de uso público, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización.

Los uniformados tendrán la labor de instar al infractor a que dé cumplimiento a las medidas sanitarias y labrar acta de los incumplimientos y comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública, para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador.

En caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, se dispondrá la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de seis horas.

SANCIONES

El proyecto de Ley refiere que el incumplimiento de las medidas sanitarias, conllevará la aplicación de las sanciones previstas, “a través del procedimiento señalado en el presente marco legal, sin perjuicio de otras responsabilidades legales que resultaren aplicables”.

Las sanciones a ser aplicadas por el Ministerio de Salud Pública serán, según el caso, las siguientes: amonestación o multa de 5 a 300 jornales

Se prevé que el importe de las multas percibidas por el Ministerio será depositado en una cuenta especial que fiscalizará el Ministerio de Hacienda y destinado a incrementar y fortalecer los programas relacionados con la emergencia sanitaria.

VACUNACIÓN IRREGULAR

En el Artículo 23 del proyecto de Ley se estipula que “el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”.

La sanción será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Por otra parte, se dispone que el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria, “será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años”.

Si el autor o partícipe fuese funcionario será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Se trata de Julio Antonio Ramírez, quien es sindicado de haber cometido varios robos en torneos de ex alumnos. La última denuncia fue por un hecho en un complejo deportivo en San Lorenzo.

Según informó Radio Ñandutí, el hombre de 45 años de edad, con antecedentes por apropiación, hurto y orden de captura por estos hechos, fue detenido en el barrio San Pablo de Asunción.

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El último hecho ocurrió el sábado pasado cuando el delincuente ingresó al local deportivo, llegó a la cantina y pidió una gaseosa. En un descuido, se acercó donde los participantes del encuentro habían dejado sus pertenencias y sustrajo un celular de una de las mochilas.

Esta persona ya fue detenida en noviembre del año pasado por los mismos hechos.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, indicó que dos o tres semanas aproximadamente, la cosecha ya irá impactando de a poco en la oferta de nuestro país y los precios se reducirán.

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Sostuvo que la variación del precio del tomate en gran medida se debe a la falta de cosecha en nuestro país y también al comportamiento en el vecino país, ya que nuestro mayor proveedor suele ser Argentina.

“Los precios de las hortalizas deberían oscilar entre los 6.000 a 7.000 guaraníes en finca y tendría que haber llegado a Asunción entre 10.000 y 12.000 guaraníes por kilo”, refirió.

Para el titular del MAG, es cuestión de coordinar con las organizaciones y productores que puedan ofrecer y brindar una oportunidad para que la gente comercialice sus productos de manera atractiva para todos.

“Venta de hortalizas nunca fue fácil en Paraguay, por el tema de contrabando que genera resistencia en la adopción de tecnología. Nadie quiere invertir para producción de hortalizas, porque siempre se vende a mal precio y no era atractivo. Actualmente, eso prácticamente fue desactivado”, puntualizó.

“Ahora va iniciarse la segunda fase de la registración; en septiembre van a venir los aviones y en diciembre están previstos los primeros vuelos”, informó el gobernador Bergen, en entrevista con medios.

“Desde el año pasado estamos con una empresa, con ex dueños de Aerolíneas Amazonas, que se vendió después a Paranair. Ellos ahora quieren formar una línea aérea nacional en Paraguay, y esto incluye también los vuelos hacia el Chaco”, puntualizó.

El gobernador destacó que los empresarios contarán con aviones con capacidad para 76 pasajeros y que los vuelos tendrán como destino a varios puntos del país.

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“Ellos traerán algunos aviones con capacidad para 76 pasajeros, y van a realizar vuelos de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y al Chaco – a Loma Plata y Mariscal Estigarribia- y el plan es realizar viajes cuatro veces por semana al Chaco”, remarcó en la entrevista difundida por el portal estatal IP.

AEROPUERTOS EN EL CHACO

El jefe departamental también afirmó que los aeropuertos de Mariscal Estigarribia y Loma Plata cumplen con los requisitos para operar con aviones.

“El aeropuerto de Mariscal Estigarribia es grande y no tiene ningún inconveniente; en tanto que el de Loma Plata tiene torre de control, tiene combustible, luces y todo lo que se necesita. Aunque la pista es de tierra, pero es seco y cualquier modelo de aviones puede aterrizar sin inconvenientes”, subrayó.

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Destacó igualmente que ya se iniciaron los trámites con la Dinac, para la concesión del permiso para los vuelos comerciales.

“Ya contactamos con directivos y dueña del aeródromo de Loma Plata, ya se firmó la carta de interés y se está trabajando con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para los trámites de permiso, para la concesión de los vuelos comerciales”, informó.