De acuerdo a lo explicado en el documento de 25 artículos, la propuesta consiste en “un proyecto de ley que encuadra las medidas sanitarias que el Poder Ejecutivo, bajo ciertos parámetros, tiene como facultad disponer como mecanismo de mitigación del contagio de COVID-19”.

Las medidas sanitarias previstas en esta ley se aplicarán “a todos los habitantes del territorio nacional y a quienes ingresen en este de manera temporal o permanente, dentro de los límites del espacio definido como zona de emergencia y por el periodo de tiempo que, para tal efecto, sea establecido en el decreto correspondiente”.

Asimismo, se prevé la instauración de una Junta de Emergencia Sanitaria como instancia interinstitucional responsable de la coordinación de acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, misma que será encabezada por el presidente de la República, o su delegado, y será integrada observando las disposiciones que, para el efecto, se emitan por decreto.

Las reuniones de esta Junta de Emergencia serán convocadas por la presidencia de la República y se celebrarán, ordinariamente, cada quince días y, extraordinariamente, según circunstancias urgentes.

Se menciona además que el Ministerio de Salud Pública, presentará sus reportes, informes y propuestas según el mérito de la situación sanitaria a ser tratada en la instancia interinstitucional.

El proyecto resalta que las personas físicas o jurídicas que infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo quedarán sujetas al procedimiento administrativo y a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

FACULTADOS DE LA POLICÍA NACIONAL

La Ley dispone que los policías tendrán la facultad de acompañar a las autoridades administrativas en el proceso de control y fiscalización de las normas sanitarias, en caso de que éstas lo requieran.

También podrán constatar las violaciones a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo en los lugares públicos y privados de uso público, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización.

Los uniformados tendrán la labor de instar al infractor a que dé cumplimiento a las medidas sanitarias y labrar acta de los incumplimientos y comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública, para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador.

En caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, se dispondrá la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de seis horas.

SANCIONES

El proyecto de Ley refiere que el incumplimiento de las medidas sanitarias, conllevará la aplicación de las sanciones previstas, “a través del procedimiento señalado en el presente marco legal, sin perjuicio de otras responsabilidades legales que resultaren aplicables”.

Las sanciones a ser aplicadas por el Ministerio de Salud Pública serán, según el caso, las siguientes: amonestación o multa de 5 a 300 jornales

Se prevé que el importe de las multas percibidas por el Ministerio será depositado en una cuenta especial que fiscalizará el Ministerio de Hacienda y destinado a incrementar y fortalecer los programas relacionados con la emergencia sanitaria.

VACUNACIÓN IRREGULAR

En el Artículo 23 del proyecto de Ley se estipula que “el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”.

La sanción será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Por otra parte, se dispone que el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria, “será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años”.

Si el autor o partícipe fuese funcionario será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta con el Comando Tripartito, el Departamento Contra la Trata de Personas y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), en el marco de las acciones para reforzar la seguridad fronteriza y prevenir delitos transnacionales.

Durante el operativo fueron verificadas 47 personas, de las cuales 30 eran paraguayas y 17 brasileñas. Asimismo, las autoridades realizaron controles a un total de 12 niños y adolescentes.

En el desarrollo de las inspecciones también fueron detectados menores de edad que viajaban acompañados por terceros sin portar la documentación física exigida o sin certificado de nacimiento.

Tras las verificaciones para confirmar la identidad de los niños y el vínculo con los adultos que los acompañaban, algunos fueron entregados a sus progenitores, mientras que otros quedaron a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que estos operativos interinstitucionales tienen como objetivo fortalecer los controles migratorios, garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir posibles casos de trata de personas, además de otros hechos relacionados con el crimen transnacional.

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) es un estudio estadístico de alta complejidad que se realiza en Paraguay únicamente cada 10 años. A diferencia de los censos tradicionales, su objetivo es registrar durante un año cómo se componen los ingresos de los hogares y, fundamentalmente, en qué gastan su dinero las familias.

Esta información es clave para que el Banco Central del Paraguay (BCP) pueda actualizar la “canasta básica” con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación en el país.

El operativo correspondiente al periodo 2025–2026, que arrancó en octubre del año pasado y se extenderá durante 12 meses hasta setiembre de este año, avanza con un ritmo sumamente positivo.

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AVANCE DE LA MUESTRA Y COBERTURA GEOGRÁFICA

Con una meta final de visitar 3.060 viviendas seleccionadas en Asunción y el departamento Central, los equipos de trabajo ya han logrado ingresar a aproximadamente 2.300 hogares, lo que representa el 75% de la muestra total proyectada para este periodo.

El Dr. Jorge Llano del INE, puntualizó que el relevamiento de datos se concentra estratégicamente en la capital del país y en 11 distritos del departamento Central: Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré, Luque, Capiatá, Limpio, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Itauguá y Areguá.

Al ser una encuesta de alto costo financiero y logístico, el Banco Central del Paraguay es la entidad encargada de delimitar el área técnica de muestreo en estas zonas de alta densidad de consumo, motivo por el cual el estudio no se aplica a nivel nacional.

METODOLOGÍA DE VISITAS CONSECUTIVAS

La recolección de datos requiere de un compromiso especial por parte de las familias seleccionadas debido a su rigurosa metodología de seguimiento.

“Visitamos cada hogar durante siete días consecutivos de una semana. En la primera jornada, el encuestador hace entrega de una carta de presentación oficial en la que se describen detalladamente los objetivos del operativo”, explicó el coordinador de campo del INE.

Cada uno de los equipos de trabajo tiene asignadas 18 viviendas por semana, totalizando unas 90 casas visitadas por cada periodo completo de rotación.

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ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN

Ante la importancia de resguardar la seguridad de la ciudadanía, el INE recordó que todo el personal en campo se desplaza bajo estrictos protocolos de identificación oficial.

Cada encuestador porta un chaleco gris con el logo institucional y se moviliza en vehículos contratados especialmente para el operativo. Asimismo, los profesionales llevan consigo una credencial identificatoria que cuenta en el dorso con los datos de la institución y un código QR escaneable. Al ser escaneado con cualquier teléfono celular, este código redirecciona automáticamente al sitio web oficial del INE, permitiendo al ciudadano verificar en tiempo real la identidad, fotografía y datos del funcionario que golpea su puerta.

La nueva calle Koki Ruiz corresponde a la colectora paralela a la avenida Madame Lynch, que se extiende desde las inmediaciones del viaducto de Santa Teresa hasta unas cuadras antes del Superviaducto de Madame Lynch y Aviadores del Chaco.

La ceremonia de inauguración contará con la participación de familiares del artista, concejales de Asunción, autoridades de San Ignacio Guazú y miembros del Centro de Ignacianos Residentes en Asunción (CIRA), entidad que impulsó el proyecto.

La designación de la vía pública quedó establecida mediante una ordenanza de la Junta Municipal, posteriormente promulgada por la Intendencia, en respuesta a una propuesta formal presentada por la comunidad ignaciana el 17 de septiembre de 2025.

La normativa rinde tributo a la memoria del artista, fallecido en diciembre de 2024, reconociendo tanto sus valiosas obras individuales expuestas en galerías nacionales e internacionales como sus monumentales retablos creados para la visita del papa Francisco a Ñu Guazú y para la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, “Chiquitunga”.

Además, el documento resalta de manera especial la creación de la procesión de Tañarandy en San Ignacio Guazú como una de sus manifestaciones de “arte efímero” más trascendentes, capaz de fusionar la fe, la estética y el sentir popular.

La ordenanza valora cómo el recorrido por el Yvága Rape hasta el taller La Barraca, junto a los cuadros vivientes y el canto de los estacioneros, se consolidó como un hito religioso, cultural y turístico que no solo rescató la identidad del país, sino que impulsó el desarrollo social y económico de toda la región misionera.