La diputada de Patria Querida presentó este martes un proyecto de ley “Que penaliza la falta de eliminación de criaderos de mosquitos en periodos de emergencia”.

A través de su cuenta de Twitter, Vallejo refirió que con esto se busca sancionar penalmente a quienes no destruyen los criaderos durante esta epidemia del dengue, hecho que cataloga como “criminal”.

La citada propuesta establece que el propietario, poseedor o encargado de un inmueble que luego de haber sido advertido por la autoridad competente no tome las medidas de mitigación ambiental domiciliarias, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.

Hemos presentado un proyecto de ley especifico para sancionar penalmente a quienes no destruyen los criaderos de mosquitos. No destruir los criaderos es criminal. pic.twitter.com/wDTWh6DQJM

— Rocio Vallejo (@RocioVallejoA) January 28, 2020

Asimismo, refiere que en los casos “especialmente graves” la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 5 años. Para el efecto, se tendrá en cuenta: la situación de abandono del inmueble, la cantidad considerable de criaderos de mosquito hallados en el lugar, y que el inmueble esté ubicado en una zona declarada de alta morbilidad por dengue, zika o chikungunya.

Otra parte del texto del proyecto de ley indica que el hecho será punible solamente cuando haya sido cometido durante el periodo de emergencia declarado por el órgano municipal, la administración estatal o por la ley.

Distintas municipalidades a nivel país, en conjunto con otras instituciones como SENEPA y el Ministerio de Salud, impulsan actualmente una campaña de lucha contra el dengue. En tal sentido, se llevan a cabo mingas ambientales y visitas casa por casa, a fin de crear conciencia sobre la erradicación de criaderos de mosquito.

Algunos municipios han advertido a los propietarios de terrenos baldíos que son pasibles de recibir fuertes multas debido al estado de abandono en el que se encuentran sus predios. Inclusive, se exponen a eventuales imputaciones por parte del Ministerio Público.

Ante productores y dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el mandatario sostuvo que el campo ha sido clave en el desarrollo del país. “El alma del Paraguay nació en el campo, se sostuvo en los años más difíciles de su historia en el campo y hoy vive su mejor momento en el campo”, expresó.

Peña destacó que la economía creció 6,6% en 2025, que el desempleo se redujo al 3,61% y que cerca de 500.000 paraguayos salieron de la pobreza entre 2022 y 2025. Además, señaló que el sector primario registró un crecimiento promedio del 10% en los últimos tres años.

El jefe de Estado también resaltó la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya, defendió el programa Hambre Cero como una oportunidad para los productores nacionales y pidió construir mediante el diálogo la decisión sobre el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa.

No obstante, reconoció que aún quedan desafíos pendientes para el sector, entre ellos mejorar los caminos rurales, ampliar la electrificación, facilitar el acceso al crédito y reforzar la seguridad en el campo. “No estoy satisfecho, ni por asomo. Tengo todavía mucho por hacer”, enfatizó.

El jefe policial explicó, durante una entrevista en Universo 970/Nación Media, que la investigación se originó debido a una publicación digital que comparaba la fotografía de Loan, desaparecido desde 2024, con el niño que se encontraba en el campo ferial.

Ante esta situación, el personal interviniente se trasladó hasta el lugar para realizar las verificaciones, lo que motivó que la madre del menor se presentara disgustada ante las autoridades para exhibir el certificado de nacimiento y los papeles legales que descartan de forma definitiva que se trate del menor buscado.

Respecto a los peritajes técnicos, Vera detalló que habían solicitado apoyo al Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado para un análisis de correspondencia facial mediante herramientas de evaluación morfológica. Aunque este estudio arrojó un 88% de coincidencia física, el uniformado aclaró que el resultado nunca tuvo un carácter positivo concluyente.

La autoridad de la Policía Nacional remarcó que la alerta amarilla de Interpol seguirá activa hasta lograr la localización del niño argentino, por lo que los procedimientos y la búsqueda internacional continuarán desarrollándose.

Carlos Pereira, asesor de la Presidencia del IPS, explicó detalladamente la crisis por la que atraviesa la previsional. Actualmente, la mitad de los fondos disponibles para la compra de insumos se destina exclusivamente al pago de deudas heredadas, lo que deja a la Gerencia de Abastecimiento y Logística con apenas un 50% de capacidad operativa para adquirir nuevos insumos.

La reestructuración financiera busca precisamente diluir el peso de esas cuotas mediante una extensión de los plazos de pago, según informó en comunicación con la radio 1080 AM.

Además del auxilio financiero, la estrategia incluye un componente de control interno para frenar las compras descontroladas que se realizaban en administraciones anteriores. Bajo una nueva exigencia de prudencia, el IPS implementará de manera obligatoria el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, un mecanismo que busca blindar y fiscalizar las contrataciones plurianuales que antes se emitían casi sin supervisión.

Pereira enfatizó que el ordenamiento financiero carece de sentido si no se frena el gasto desmedido. Por este motivo, la previsional solicitó proyecciones de gasto detalladas para lo que resta del año 2026 y previsiones hacia el 2027, las cuales deberán basarse en criterios de criticidad médica.

De acuerdo a sus declaraciones, como cambio estructural clave, la toma de decisiones dejará de estar centralizada en oficinas administrativas. A partir de ahora, se involucrará directamente a los directores de los diferentes hospitales del IPS, quienes poseen las estadísticas reales de la demanda diaria y el conocimiento preciso de las necesidades de los asegurados.

El plan apunta a determinar primero con qué recursos reales cuenta la institución para luego dosificar las compras en periodos de 6 a 12 meses, garantizando la sostenibilidad del sistema y la atención a los pacientes.