Durante una conferencia de prensa realizada esta tarde, el ministro Antonio Rivas brindó novedades sobre el caso de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente se encuentran refugiados en Finlandia.

Al respecto, confirmó que el próximo 29 de octubre en el marco de una reunión internacional organizada por la Unión Europea que se celebrará en Bruselas, el vicecanciller paraguayo entregará una serie de documentos en propias manos al ministro de Asuntos Exteriores, Timo Soini.

La documentación a ser presentada por la legación nacional incluye información sobre el expediente y los antecedentes de los tres compatriotas que fueron beneficiados con un salvoconducto de la ONU para poder acceder al nuevo refugio político.

Rivas recordó que los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tomaron una resolución sobre el caso de acuerdo a lo que consideraron pertinente y luego se encargaron de articular con Uruguay y Finlandia el otorgamiento del refugio.

“Haremos las gestiones correspondientes para informar a las autoridades de Finlandia por qué estamos haciendo las protestas en los distintos foros internacionales y por qué consideramos que estas personas deben comparecer ante la justicia en Paraguay”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo.

El mismo aguarda que las autoridades finlandesas tengan en cuenta todas las documentaciones que serán entregadas la próxima semana para evaluar la revisión del refugio de los tres prófugos de la justicia local.

En igual sentido, recordó el viaje a ser realizado por una comitiva parlamentaria que estaría integrada por los senadores Martín Arévalo, Lilian Samaniego y Fidel Zavala y señaló que espera que puedan conversar con sus pares de Finlandia para ponerles al tanto de la situación.

Finalmente, Rivas sostuvo que no pierden las esperanzas de que se logre la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en un futuro cercano.

La agente fiscal Reinalda Palacios, de Pedro Juan Caballero, representó al Ministerio Público en el  juicio oral en la causa por doble feminicidio que resultó en la condena de Pablino Giménez Ledesma y su hijo José David Giménez Romero, hallados culpables por la muerte de Patrocinia Romero y Noelia Giménez Romero, madre e hija.

Pablino Giménez fue sentenciado a cumplir una pena de 29 años y 6 meses, y su hijo cómplice a 10 años de privación de libertad.

El hecho fue descubierto en el mes de noviembre del 2021, en el asentamiento “Soberanía” del barrio Defensores del Chaco de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los antecedentes del hecho, Pablino asesinó a su esposa e hija con la ayuda de su hijo José en el mes de agosto del 2021, pero fue no fue hasta noviembre cuando fueron encontrados los cuerpos en el interior de la vivienda.

En ese entonces, el padre confesó que mató a su esposa e hija “por mandato de Dios”, ya que ambas estaban “endemoniadas” y para cometer el atroz hecho, pidió ayuda a su hijo, quien sujetó del brazo a su propia madre para que la pudiera matar.

“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija porque tenía muchos espíritus malignos. Reprendí al demonio y le tapé la boca “, había dicho Pablino a los medios de prensa.

Ambos cumplirán su pena en la penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Ana Aguirre, presidenta, Mirna Soto y Marcelina Quintana, como miembros.

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El documento promovido por la Fiscalía General del Estado es contra la resolución del Senado por la cual se derogan los documentos que aprobaron los desafueros de los legisladores Erico Galeano, Rafael Filizzola y Hernán Rivas.

El argumento que sustenta la acción de constitucionalidad es que, con la resolución aludida se desvirtuó el debido proceso paralizándolos, cuando en su momento ya se otorgaron los desafueros.

Esta interrupción tiene efecto constitucional en el artículo 137 de la Carta Magna, donde, se estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.

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Otro artículo mencionado es el 248, donde se establece que el funcionario solo puede realizar los actos estrictamente legislador, con prohibición absoluta de lo no admitido.

Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la Corte que deberá expedirse sobre esta acción.

Respecto a Celeste Amarilla, el escrito menciona que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la legisladora y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.

En la mañana del lunes se registró un violento hecho de asalto en una vivienda ubicada en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná.

Resultó víctima de este episodio Juan Ángel Ayala Ferreira, de 76 años, quien fue atacado por un marginal que había llegado hasta su domicilio con fines de robo.

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Este anciano se percató que un ladrón ingresó a su hogar y quiso reaccionar, momento en que fue agredido con un machete, sufriendo heridas en la mano y el abdomen, menciona La Clave.

El autor de este asalto sería un joven conocido con el alias de “Aldo Loco”, un adicto a las drogas que acostumbra merodear en la zona del mercado de abasto de Ciudad del Este.

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Tras agredir a la víctima, este delincuente se alzó con su teléfono celular y se dio a la fuga, momento que quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado.

La Policía Nacional recibió la denuncia del hecho y ahora se encuentra tras los pasos de “Aldo Loco”, llevando adelante una serie de rastrillajes para dar con su paradero. Gracias a la ayuda de la ciudadanía tras la viralización del video, también se obtuvo información valiosa sobre el criminal.