Videos publicados en redes sociales revelan el amigable vínculo de la familia del presidente del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, dueño del diario Abc, con el líder del clan Insfrán, manejado por Miguel “Tío Rico” Insfrán, conside­rado principal articulador del negocio del narcotráfico en nuestro país.

De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio Público, el negocio de Miguel Insfrán radica por un lado en el envío de droga a puertos de Europa y África, y por otro, en el lavado de activos.

Miguel Ángel “Miky” Zaldí­var, presidente de la banca, al igual que su hijo Fabrizio Zaldívar asistían a prácticas que se hacían en la estancia de Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Este inmueble de 1.600 hectáreas, en el que había una casa principal, una peatonal, un depósito, lujosos muebles y unas 1.800 cabezas de ganado, congregaba a los aficionados del deporte automovilístico y, entre ellos, padre e hijo eran frecuentes visitantes.

Ex diputado Juan Carlos Ozorio, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, con vínculos en lo comercial y en lo deportivo.

“Miky” realizaba prácticas privadas de rally en la estan­cia ubicada en 25 de Diciem­bre en San Pedro, incluso desde el Facebook de la fami­lia Zuccolillo se compartie­ron videos de las pruebas realizadas en el inmueble del prófugo Miguel Insfrán, considerado como cabecilla del esquema de tráfico inter­nacional de drogas y lavado de dinero.

Conrado Insfrán, hermano de “Tío Rico”, fue detenido como producto del allanamiento a la estancia de San Pedro, así tam­bién Miguel Insfrán cuenta con orden de captura y fue impu­tado por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. En la misma condición se encuentra su hermano, el pastor José Ins­frán, quien también se encuen­tra prófugo, y al igual que “Tío Rico” está ligado al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

De acuerdo a los datos de la Fis­calía, la iglesia del pastor narco era usada para el lavado y obte­nía los recursos desde Colom­bia, de dónde iba periódica­mente a traer dinero en bolsos.

La familia Zuccolillo no solo tiene este vínculo deportivo con el sindicado narco Ins­frán, también apareció ligada comercialmente con otros señalados como parte del esquema de tráfico de droga de su grupo.

Documentos filtrados tam­bién revelaron acuerdos y operaciones con sindicados narcos que corrieron a través de Atlas.

El banco Atlas administra fideicomiso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado por tráfico de droga, lavado de dinero y asociación criminal. Documentos filtrados reve­laron que entre la banca y el ex legislador existe un con­trato de prestación de servi­cios fiduciarios que data del 2015 y que tiene vigencia hasta el 2031; es decir, es a un plazo de 16 años.

El acuerdo consiste en un fidei­comiso de garantías consti­tuido con un inmueble de Ozo­rio valuado en G. 933 millones.

Así también,el considerado brazo logístico del esquema internacional de droga Alberto “Beto” Koube, ade­más de contar con Certifi­cado de Depósito de Ahorro (CDA) en el banco GNB, Conti­nental y también es cliente del banco Atlas.

Cheques filtrados revelaron que “Beto” emitió en más de una ocasión pagos para empresas subcontratadas. La empresa de Koube, Grupo Tapyracuai, se alzó con con­tratos con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) por G. 3.000 millones, estas adjudicaciones eran para la prestación de servicios de fletes; sin embargo, el grupo Tapyracuai volvía a tercerizar el servicio y los pagos a estas empresas corrían a través del banco de los Zuccolillo.

Estos no son los primeros trascendidos de vinculacio­nes de la banca con empresa­rios acusados de ilícitos. Atlas está implicado en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol.

En el marco de esta investiga­ción, el banco Atlas es seña­lado por supuestamente haber facilitado los mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz en la Conmebol. Atlas auto­rizó fideicomisos por más de G. 40.000 millones y no alertó sobre una posible operación sospechosa.

La propuesta fue presentada por la diputada Rocío Vallejo quien argumentó que la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal es una institución que ha fracasado en su misión de brindar seguridad a los pensionados, jubilados y aportantes activos.

Te puede interesar: Senado rechaza proyecto de ley “antipolladas” y remite nuevamente a Diputados

Esto por causa de la falta de solvencia financiera y transparencia administrativa en cuanto a sus recursos, por parte de las autoridades.

Mencionó múltiples irregularidades constatadas por la Contraloría General de la República, luego de reiterativas denuncias, existen jubilados que no perciben sus haberes correspondientes desde hace varios meses.

Cabe resaltar que la conformación del Consejo de Seguridad Social se encuentra estipulada en el artículo 15 de la Ley N° 7.235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor de las entidades de jubilaciones y pensiones en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

Para la congresista, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas urgentes para evitar la agudización de esta crisis financiera y administrativa, ya que la situación, lejos de mejorar en los últimos tiempos, ha empeorado.

“Visitamos a S.E. Cardenal Adalberto Martínez. Charlamos sobre el alcance social y económico del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Parlamento”, escribió el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta.

“Agradecemos profundamente su tiempo, sabiduría y calidez”, añadió Chase, quien adjuntó una foto en la que se encuentra con el cardenal Martínez y la senadora Hermelinda Alvarenga.

El tratamiento del PGN 2025 ya fue realizado tanto en el Senado como en Diputados y fue derivado al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

El PGN 2025 sancionado por el Congreso, prioriza a los sectores de salud, educación, seguridad y protección social. Además, se pretenden fortalecer la infraestructura sanitaria a través de la puesta en funcionamiento de los dos nuevos hospitales, de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur.

El presupuesto también prevé un aumento en la asignación para los médicos residentes y un incremento en los cupos del CONAREM.

Entre los puntos resaltantes del PGN, se incluyen G. 2,3 billones más para el programa Hambre Cero, G. 500.000 millones para Tekopora, G. 400.000 millones más a la pensión para adultos mayores, G. 900.000 millones más para el Ministerio de Salud, casi G. 700.000 millones más para el Ministerio de Educación y G. 190.000 millones más para las universidades públicas, con énfasis en las filiales del interior.

El proyecto de ley que propone la creación de un fondo nacional para cubrir los gastos de atención, rehabilitación y reinserción social de las víctimas de accidentes de tránsito en Paraguay no contó con el visto bueno de los senadores en la sesión ordinaria de la fecha.

Te puede interesar: Cruzando río y caminos intransitables, salvan la vida a embarazada y su bebé en el Chaco

El proyecto, con media sanción en Diputados, fue dictaminada en contra por las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, porque argumentaron que la propuesta carece de elementos técnicos y financieros que justifiquen su aprobación.

Además, manifestaron que la propuesta afectaría la estructura de ingresos previstos en el presupuesto 2025, conforme al análisis técnico del Ministerio de Economía.

Los legisladores sugirieron mejorar la redacción del proyecto, establecer mecanismos de control, definir criterios claros y evitar la duplicidad con seguros ya existentes, por lo que, nuevamente se remite a Diputados, donde tuvo origen.

La iniciativa plantea crear una caja especial con recursos que serán destinados para cubrir a víctimas de siniestros viales, y estará financiada a través de diversas fuentes, incluyendo asignaciones presupuestarias; reparaciones sociales de infractores de tránsito; un pequeño cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir; y el 100 % del IVA recaudado por la venta de motocicletas importadas.