Según la investigación, la sindicada -en su carácter de titular del penal de mujeres- habría solicitado la suma de 4.000.000 de guaraníes a Rosa María Cabañas o de lo contrario elevaría un informe de mala conducta en su contra. Esto perjudicaría a la víctima en su intención de obtener un mejoramiento de medidas en el marco de un proceso penal y cuya audiencia debe realizarse próximamente. Acordaron una entrega inicial de 2.000.000 de guaraníes.

Sin embargo, la afectada recurrió al Ministerio Público y presentó una denuncia formal. En prosecución de la investigación, el fiscal Alcides Giménez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la realización del procedimiento de entrega vigilada de dinero como anticipo jurisdiccional de pruebas.

El juez Carlos Vera Ruiz autorizó el operativo en cumplimiento del Auto Interlocutorio (A.I.) N° 1465, de fecha 5 de diciembre de 2022, y se realizaron las debidas fotocopias y autenticaciones, por medio judicial, de 20 billetes de 100.000 guaraníes cada uno, totalizando los 2.000.000.

Posteriormente, siendo las 19:20 horas aproximadamente del 5 de diciembre, una comitiva fiscal-policial detuvo a la supuesta responsable de la extorsión, en la estación de servicios “Puma” del kilómetro 16 de Minga Guazú. En dicho lugar se acordó la entrega de dinero entre Rosa María Cabañas y Laura Lorena Acosta Benítez.

Tras una inspección realizada por parte del personal femenino de la Policía Nacional, se encontró en poder de la privada de libertad la suma de 2.000.000 de guaraníes que le fuera entregada minutos por la víctima. Asimismo, incautaron de ella un teléfono celular y un automóvil Toyota, en el cual se desplazaba.

Al considerar los elementos colectados, el fiscal Alcides Giménez presentó la imputación por extorsión en contra de Laura Acosta, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años o multa. El representante del Ministerio Público dejó a criterio del Juzgado de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para la encausada.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.