Según la investigación, la sindicada -en su carácter de titular del penal de mujeres- habría solicitado la suma de 4.000.000 de guaraníes a Rosa María Cabañas o de lo contrario elevaría un informe de mala conducta en su contra. Esto perjudicaría a la víctima en su intención de obtener un mejoramiento de medidas en el marco de un proceso penal y cuya audiencia debe realizarse próximamente. Acordaron una entrega inicial de 2.000.000 de guaraníes.

Sin embargo, la afectada recurrió al Ministerio Público y presentó una denuncia formal. En prosecución de la investigación, el fiscal Alcides Giménez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la realización del procedimiento de entrega vigilada de dinero como anticipo jurisdiccional de pruebas.

El juez Carlos Vera Ruiz autorizó el operativo en cumplimiento del Auto Interlocutorio (A.I.) N° 1465, de fecha 5 de diciembre de 2022, y se realizaron las debidas fotocopias y autenticaciones, por medio judicial, de 20 billetes de 100.000 guaraníes cada uno, totalizando los 2.000.000.

Posteriormente, siendo las 19:20 horas aproximadamente del 5 de diciembre, una comitiva fiscal-policial detuvo a la supuesta responsable de la extorsión, en la estación de servicios “Puma” del kilómetro 16 de Minga Guazú. En dicho lugar se acordó la entrega de dinero entre Rosa María Cabañas y Laura Lorena Acosta Benítez.

Tras una inspección realizada por parte del personal femenino de la Policía Nacional, se encontró en poder de la privada de libertad la suma de 2.000.000 de guaraníes que le fuera entregada minutos por la víctima. Asimismo, incautaron de ella un teléfono celular y un automóvil Toyota, en el cual se desplazaba.

Al considerar los elementos colectados, el fiscal Alcides Giménez presentó la imputación por extorsión en contra de Laura Acosta, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años o multa. El representante del Ministerio Público dejó a criterio del Juzgado de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para la encausada.

Durante su discurso en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, Cartes sostuvo que la atención sanitaria debe convertirse en una de las principales prioridades nacionales y convocó a los distintos sectores políticos e institucionales a trabajar de manera coordinada para fortalecer el área.

“Hago un llamado a nuestros legisladores nacionales para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los sectores de salud, impulsemos una revisión responsable de las prioridades presupuestarias para los próximos ejercicios fiscales de este mandato”, expresó.

El titular de la ANR señaló que el fortalecimiento del sistema sanitario requiere una mayor inversión y mencionó como desafíos pendientes la mejora de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud.

Según afirmó, estos objetivos deben convertirse en una política de Estado capaz de generar consensos más allá de las diferencias políticas. “La mejora de la infraestructura sanitaria, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud deben convertirse en objetivos nacionales que nos unan por encima de cualquier diferencia”, manifestó.

Cartes también remarcó que el compromiso político debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía. “Nuestro compromiso político debe reflejarse en acciones concretas que permitan dignificar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República”, sostuvo.

Asimismo, exhortó al Gobierno a concentrar sus mayores esfuerzos en el sector y planteó que la salud pública debe ser asumida como una causa nacional. “Que esta sea una causa nacional que nos convoque a todos”, concluyó.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación descendió notablemente al cierre del año pasado, un logro que el presidente Peña atribuye directamente a la efectividad de sus actuales políticas económicas.

El mandatario informó a la ANR que durante el último trimestre de 2025, el índice de desempleo se ubicó en 3,6%, una cifra nunca antes alcanzada en el país.

Para Peña, este indicador refleja una dinámica positiva en el mercado laboral paraguayo, impulsada por estrategias diseñadas específicamente para multiplicar las oportunidades de inserción para los ciudadanos.

A este panorama, sumó un otro avance en el ámbito del empleo, la formalidad laboral que logró superar el 40% de la población.

Según expresó el jefe de Estado esta dinámica permitió la creación 242.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va del actual mandato presidencial.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.