Responsables del Cementerio Bella Vista de la ciudad de Luque se encontraron esta mañana con una macabra escena al percatarse que seis tumbas fueron profanadas.

Según el reporte, partes de restos humanos que se encontraban en los ataúdes fueron esparcidos por el camposanto. Inclusive, algunos de estos difuntos habían sido enterrados recientemente.

Efectivos de la Comisaría 3era de Luque acudieron al sitio para tomar intervención y labrar acta de lo ocurrido, a fin de iniciar con las primeras investigaciones.

Nelson Baeza, responsable del Departamento de Patrimonio de la Municipalidad de Luque, comentó al canal C9N que el hecho se habría producido entre la tarde y la noche de ayer, según los datos que manejan.

El mismo confirmó que en el cementerio hay un encargado que se encuentra allí de 7:00 a 13:00 horas, por lo que después de ese horario no queda ningún funcionario para la custodia del lugar.

De acuerdo a lo que pudieron constatar, fueron tres los cadáveres que llegaron a ser removidos de sus respectivos féretros, mientras que en los otros tres se intentó hacerlo pero sin éxito.

Tras una inspección se encontraron manchas de sangre y algunas prendas, además de dos cuchillos que habrían sido utilizados para abrir los panteones.

El autor del hecho sería un joven adicto que merodea por la zona y quien es conocido bajo el alias de “Largo”. El mismo fue fotografiado ayer por uno de los vecinos.

Esta persona llegó a ser detenida en ocasiones anteriores y posee antecedentes, según confirmó el jefe de la Comisaría 3ra de Luque.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.