Con el objetivo de impulsar una normativa relativa a la seguridad, la salud y la vida de los motociclistas, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) presentó la Resolución que reglamenta la fabricación y la importación de cascos adecuados de protección, el establecimiento de un certificación obligatoria y el régimen de licencia previa de importación y el rotulado y etiquetado de los mismos.

El acto se realizó, en el Salón Auditorio del MIC, y estuvo presidido por el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, y asistieron los actores principales involucrados tanto del sector público como del privado, teniendo en cuenta que el documento es producto de un trabajo consensuado de varias instituciones y organizaciones.

La Resolución es la N°1.434/2022 “Por la cual se reglamenta el Decreto N°7.621 de fecha 22 de agosto de 2017, por el cual se crea el registro de fabricantes e importadores de cascos de protección clase turismo (T), destinados a conductores y acompañantes de biciclos, triciclos, cuatriciclos motorizados sin cabina, y se establece la certificación obligatoria, el régimen de licencia previa de importación y el rotulado y etiquetado de los mismos”, que está fechado el 7 de octubre de 2022.

Asimismo, participaron el presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA), Jorge Samaniego; el representante de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Diego Moran; la directora del Organismo Nacional de Certificación del INTN, Erika Etcheverry, y la secretaria ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación (ONA), Alba Cabrera. La presentación de la Resolución N 1434/2022, estuvo a cargo del director de la Unidad de Asesoría Técnica del Viceministerio de Comercio y Servicios, Luis Villalba.

Costo-beneficio

El viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, señaló que el reglamento presentado, es producto de un esfuerzo institucional, de un trabajo con el sector privado-público, y que tuvo su comienzo a través de una cooperación internacional, la cual permitió utilizar la metodología denominada de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). “Cualquier normativa siempre genera beneficios esperados, pero también tiene costos asociados que tienen relación a los tramites. La reglamentación que quiera tener buenas prácticas tiene que evaluar y sopesar sí esos costos justifican el beneficio esperado, y cuál es el beneficio esperado en la reglamentación. En este caso, es el de proteger la vida de los motociclistas”, indicó Mancuello.

Igualmente, hizo referencia a los últimos informes en los cuales se basó la reglamentación, mencionando que, en los accidentes de tránsito, más de la mitad correspondía a motociclistas, por lo tanto, claramente es un sector que está más expuesto y requiere de mayor protección.

“En este informe, claramente señala el esfuerzo de crear un registro de certificar los cascos, de exigirle a una empresa importadora que sea parte de una burocracia de inscribirse; de manera que cada partida sea monitoreada por el INTN, para asegurarnos que resisten las normas exigidas de dureza, resistencia, flexibilidad, y garantizar las vidas de las personas. Estamos seguros de que este paso debería ser el modelo para seguir por cualquier otra normativa”, dijo, respecto al documento presentado.

Más control, pide CIPAMA

El presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA), Jorge Samaniego, manifestó que los peatones, ciclistas y motociclistas son los más vulnerables dentro del tránsito, y que con esta nueva reglamentación tienen la garantía y certeza que los nuevos cascos que entrarán al mercado, darán plena confianza a los usuarios. “Desde la CIPAMA instamos al riguroso control de uso de cascos para tener la certeza de la reducción de la gravedad en los accidentes”, aseguró.

“Portar casco no va a evitar los accidentes, pero va a reducir la gravedad de los resultados, y en algún momento también sería importante que haya una suerte de autorregulación entre las instituciones que otorgan el registro de conductor, para volver más riguroso el otorgamiento de licencia a conducir. Ahora tenemos un instrumento que nos dice que el casco que está a la venta será controlado y que cumplirá la norma paraguaya”, puntualizó Samaniego.

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Certificación obligatoria

La nueva reglamentación fue presentada por el director de la Unidad de Asesoría Técnica del Viceministerio de Comercio y Servicios, Luis Villalba, quien dijo que el casco es el elemento de seguridad mayoritariamente importante para el manejo seguro de las motocicletas, e hizo un recuento de lo accionado para llegar a la presentación del documento, realizado en la fecha. “Ya en el 2009 estaba la Norma 2103/09 que establecía requisitos de los cascos de protección, destinados a conductores y acompañantes de biciclos, triciclos, cuatriciclos motorizados sin cabinas. La norma es de aplicación voluntaria, no obstante, varias empresas se acogieron a esta norma y fueron certificando cascos, pero la obligatoriedad no estaba dada”, mencionó.

Detalló que la aplicabilidad de este instrumento surge del consenso de un equipo interinstitucional, como la participación del sector privado, que evaluó todos los aspectos de la reglamentación, busca canalizar a través de todos los actores involucrados un mecanismo de implementación posible y altamente aplicable. “El MIC tiene la responsabilidad de generar las condiciones de seguridad, pero el uso obligatorio corresponde a otras instituciones, tanto el control como la sanción por la informalidad. Los cascos que circulen dentro del mercado a partir de su puesta en aplicación, una vez que entre a funcionar todo el sistema, estaría exigiendo la certificación obligatoria que fácilmente va a poder ser identificado en el etiquetado holográfico. La resolución contempla el registro de los fabricantes de importadores de los cascos de protección, la certificación obligatoria y su mecanismo de evaluación de la conformidad”, agregó.

Esta madrugada llegaron a Asunción los cadáveres de los reclusos fallecidos ayer en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, a fin de cumplir con la autopsia para determinar las causas del fallecimiento de cada uno.

La fiscal Sandra Díaz informó que, coincidentemente, también ayer se desarrolló un juicio oral que se prolongó por mucho tiempo. El desarrollo de esta diligencia implicaba a muchos funcionarios y a un importante movimiento y dispositivo de seguridad.

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