La semana pasada fue promulgada la ley por la que se “Prohíbe la Publicidad no Autorizada por los Usuarios de Telefonía Móvil” por parte del Poder Ejecutivo.

Mediante esta normativa, el usuario tendrá la posibilidad de decidir si quiere o no recibir algún tipo de publicidad en su teléfono celular, ya sea a través de llamadas o mensajes de texto como ocurre en la mayoría de los casos.

El proyecto de ley había sido presentado el año pasado por el diputado Óscar Tuma (ANR), quien en su momento argumentó que “a diario recibimos en nuestros celulares ofertas de créditos, de motos, celulares, que nosotros no autorizamos” y por ello es necesario resguardar la privacidad de los ciudadanos.

La propuesta había recibido media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, siendo aprobada por la Cámara de Senadores en mayo de este año y posteriormente remitida al Ejecutivo para su promulgación.

La ley que prohíbe la publicidad no autorizada o “spam” en celulares establece un registro que servirá como sistema de protección para los usuarios del servicio contra los abusos que se producen en el procedimiento de contacto con fines promocionales, de oferta, compra, venta de bienes y servicios, entre otros. Podrán inscribirse tanto las personas físicas como jurídicas y titulares de líneas telefónicas que manifiesten su voluntad de no ser contactados.

El documento promulgado señala que a través de la inscripción en el registro se permitirá al usuario de la línea telefónica evitar que le llamen y le mensajeen, de manera a salvaguardar su derecho a la intimidad, amparados en la Ley.

También se plantea que, en caso de que las empresas continúen con las iniciativas de intentar ponerse en contacto con el usuario, deberán ser sancionadas económica y administrativamente.

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.