“Es muy difícil saber por qué, el señor diputado que estuvo detrás de esto (Pastor Vera Bejarano) era funcionario nuestro antes. No sabemos qué pasó. Se dijo que la estancia estaba abandonada, que venimos cada cinco años y que nadie nos conoce. Ni una palabra de eso es cierto“, declaró el propietario.

Según Eberhard, de las 11.000 hectáreas, 5.000 corresponden a áreas verdes, además cuentan con 13.000 cabezas de ganado. Además, mencionó que la estancia tiene 70 empleados y una escuela que se encarga de la educación de aproximadamente 80 alumnos y tiene 6 maestros, cinco de los cuales son pagados por la familia.

Por otro lado, agregó que contaban con un hospital y tuvieron que cerrarlo debido a que el IPS construyó un nosocomio en las inmediaciones.

“La finca que se quiso expropiar es la más productiva y eficiente. Allí está el corazón de la estancia. Este fue un caso irregular”, finalizó.

La estancia Alegría está ubicada en la localidad de Tacuatí, departamento de San Pedro y es propiedad del grupo empresarial Willersin, una agroganadera que tiene más de 37 años en el país. Hace casi un mes, el diputado liberal Pastor Vera Bejarano presentó ante el pleno un proyecto de ley que expropia 1.500 hectáreas de la misma a favor del Estado. Esta iniciativa causó mucha indignación en varios sectores, luego de que se aprobara en la Cámara Baja.

La propuesta fue rechazada en Senadores y ahora vuelve a la cámara de origen para que se ratifiquen en su posición o se imponga la negativa a esta expropiación. El proyecto debe ser tratado mañana en sesión ordinaria de Diputados.

Días atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina otorgó un plazo de 10 meses para mantener operativa la zona de alijo de combustible y transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, evitando así su interrupción inmediata.

Esta medida fue comunicada oficialmente al representante de la Prefectura Naval Argentina, y surge tras una reunión realizada el 16 de julio en Buenos Aires, con participación de la Embajadora del Paraguay, Helena Felip, y autoridades aduaneras argentinas.

Como resultado, se acordó la conformación de una Mesa de Trabajo binacional, con la participación de representantes gubernamentales y del sector privado de ambos países. Su misión será definir una solución operativa para la continuidad del alijo en la zona, o bien, establecer alternativas viables.

Al respecto, la Dirección General de Aduanas manifestó su disposición para participar de la primera reunión en la ciudad de Asunción, prevista para la primera semana de agosto.

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFYM), instan a la pronta activación de esta Mesa de Trabajo, atendiendo la urgencia de la situación y el fuerte impacto económico que podría derivarse de una suspensión de las operaciones de alijo para el comercio y la logística del Paraguay.

La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer límites y procedimientos claros mediante los cuales un empleado público o una persona designada para un cargo electivo o de conducción política pueda autorizar descuentos o retenciones directas sobre su salario o remuneración por servicios personales.

Señaló que el Estado debe velar por que las remuneraciones cumplan con lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, garantizando una retribución que permita el desarrollo libre y digno del trabajador.

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Asimismo, aclaró que, bajo ninguna circunstancia, los descuentos podrán superar el 50 % del ingreso mensual percibido por el funcionario en concepto de contraprestación por sus servicios.

La legisladora informó que desde la Comisión emitieron dos dictámenes: uno por la aprobación sin modificaciones y otro por la aprobación con modificaciones.

La propuesta legislativa fue finalmente aprobada por unanimidad, con modificaciones y será remitida a la Cámara de Diputados.

Personal policial de la Comisaría 16ª de Vallemí este miércoles procedió a la detención de Julio César Giménez Ramírez, de 18 años, y Darío Fernando Colmán Ruiz Díaz, de 22 años.

Estos jóvenes son sospechosos de haber perpetrado un hecho de robo agravado en el interior de un local comercial situado en el barrio San Martín del distrito de Vallemí, departamento de Concepción.

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En aquella oportunidad, uno de los delincuentes ingresó la despensa “La Economía” y, a punta de machete, amenazó al nieto de la propietaria, un adolescente de 17 años, quien en ese momento se encontraba a cargo del negocio.

Fue así como obligó al menor a hacer entrega del dinero -con la caja registradora incluida-, dándose luego a la fuga junto con su cómplice, que lo aguardaba afuera en una motocicleta.

Luego de un intenso rastrillaje y gracias a las filmaciones de circuito cerrado, los agentes policiales pudieron dar, primero, con el paradero de Giménez y, horas después, con el de Colmán.

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En su poder incautaron un pendrive y aros de plata, junto con otras evidencias. Asimismo, confesaron a las autoridades el sitio donde habían escondido la caja registradora del comercio asaltado.

Cabe señalar que el joven de 18 años posee antecedentes por homicidio doloso, mientras que su cómplice por hurto.