Con respecto al espacio público de dominio municipal ocupado por las paradas de taxis, se amparan en la Ordenanza 26/92 que no hace referencia al pago de cánones. Solo abonan tributos como cualquier conductor, incluso menos. Según la web de la Municipalidad de Asunción pagan G. 80.000 (dos veces al año), mientras que los demás pagan más de G. 200.000.

El Ing. Luis María Pereira, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, ratificó que hay 79 paradas por los que no pagan ningún impuesto. Este hecho discrepa con la Ley 881/81 Tributaria Municipal, que establece que la ocupación del espacio público (paradas) obliga al municipio a cobrar cánones.

Mientras los taxistas se blindan con la ordenanza que les exonera de impuesto a paradas, concejales presentaron el anteproyecto de ordenanza para las plataformas Uber y MUV, que regularía el servicio. Dicho documento como propuesta de ordenanza estuvo a cargo de los ediles Federico Franco y Rodrigo Buongermini, que se encuentra en la Comisión de Legislación, sujeto a modificación y/o sugerencias.

La “Ordenanza que regula el transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través del uso de plataformas electrónicas”, de la Comisión Legislativa en su artículo 12 pretende que cada permisionario inscripto en Asunción abone un canon de 3 jornales (G. 253.020) en forma anual. Además exigen que vivan en Asunción.

El anteproyecto de ambos concejales dice que de no constituirse en la capital, se debe designar un representante que tenga residencia permanente en la capital. Asimismo prevén multas de hasta 20 (veinte) jornales mínimos legales, en concordancia con la Ley N° 5016/2014 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

URGEN INFORME DE PARADAS

El presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Asunción, Félix Ayala, presentó una minuta en la cual se solicita a través de un informe a la Intendencia Municipal, en un plazo no mayor a ocho días, todos los datos con referencia a las paradas de taxistas y la situación de los mecanismos de usufructo.

En tal sentido, el informe debe incluir: Quiénes son los propietarios reales de las paradas de taxis; qué costos tienen las paradas; cuánto cobran a cada taxista por el usufructo de las paradas; informe de cantidad de paradas de taxis habilitadas; montos abonados por la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) y el detalle de los mismos y cuál es el mecanismo de una persona interesada que tiene vehículo y que desea tener una parada.

El juez Rolando Duarte Otazú resolvió otorgarles la prisión domiciliaria como medida cautelar, evitándoles la prisión preventiva. Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, el abogado Ricardo Preda actuó como fiador personal. Sin embargo, aclaró que no ejerce formalmente como abogado defensor, dado que la legislación vigente impide que quien asuma la fianza participe directamente en la defensa técnica.

“El primer objetivo era evitar la prisión preventiva, y eso se logró”, afirmó el abogado. Ambos imputados permanecen en un departamento en Asunción, cuya renta fue gestionada por el equipo jurídico de Preda.

Detalles del caso

La imputación se basa en un operativo realizado por la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Nacional en la zona primaria de control aduanero, donde se encontró a los acusados con una suma de dinero que no había sido declarada. Según la versión preliminar de la defensa, tanto Kueider como su secretaria alegan que el dinero era de uso personal y que había sido trasladado desde Argentina para evitar dejarlo en un hotel en Paraguay.

El abogado explicó que el tipo penal aplicado es “tentativa de contrabando”, dado que el acto fue interrumpido antes de que los acusados salieran de la zona de control aduanero. Tanto Kueider como su secretaría enfrentan la misma acusación.

Impacto de los fueros parlamentarios

Al ser consultado sobre el estatus de Kueider como senador, Preda señaló que los fueros parlamentarios no tienen validez fuera del territorio argentino. En Paraguay, el legislador es tratado como cualquier ciudadano extranjero bajo las leyes locales. “Él puede ser sometido a un proceso penal en nuestro país con todas las garantías que esto amerita”, aseguró.

Próximos pasos

El equipo de defensa aún debe reunirse con los imputados para obtener más detalles sobre los hechos que originaron la imputación. “Nuestra prioridad inicial fue asegurar las medidas cautelares. A partir de ahora, trabajaremos en el fondo del caso”, concluyó Preda.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Raúl Ramírez destacó que este esfuerzo busca erradicar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. “No van a poder estafarle más a los abuelitos”, afirmó.

La implementación de la nueva política exige cruces rigurosos de información entre diversas instituciones, como el Registro Civil, el Ministerio de Salud, IPS y otras entidades, para asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos. Entre las verificaciones, se incluyen la edad, la ausencia de ingresos públicos o privados y la no percepción de jubilaciones.

El listado actual, que incluye 15.140 beneficiarios, ya comenzó a ser procesado. La autoridad explicó que los pagos se realizan exclusivamente a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), donde los adultos mayores deben presentarse personalmente con su cédula de identidad. Esto asegura que no haya cobros indebidos por terceros. En caso de fallecimiento, los fondos son automáticamente revertidos al Ministerio de Economía para reasignarlos a otros beneficiarios elegibles.

Para fortalecer la confianza, el viceministro destacó que el listado de beneficiarios es público y accesible en la página web del ministerio y en las gobernaciones y municipios del país. Además, las denuncias ciudadanas se consideran un recurso clave para ajustar y depurar el listado.

“Estamos tocando intereses de quienes se beneficiaban con prácticas irregulares”, subrayó Ramírez, al referirse a los gestores que anteriormente cobraban por incluir adultos mayores en la planilla. Con el nuevo sistema, aseguró que muchos adultos mayores están cobrando por primera vez sin intermediarios. Ejemplos destacados incluyen beneficiarios de más de 90 años que ahora acceden al subsidio de manera justa.

Ramírez enfatizó que el gobierno será implacable contra cualquier acto indebido. “Hemos despedido a funcionarios y enviado casos a la fiscalía”, mencionó, refiriéndose a situaciones donde familiares o trabajadores del ministerio intentaron cobrar beneficios de manera fraudulenta. El compromiso del gobierno, según el viceministro, es avanzar hacia una gestión cada vez más transparente, respondiendo tanto a las exigencias legales como a las expectativas de la ciudadanía.

El proceso, aunque no exento de desafíos, representa un paso hacia la universalización de un derecho fundamental para los adultos mayores. “Transformaremos las debilidades en fortalezas, trabajando para que este programa sea un modelo de transparencia y justicia social”, concluyó.

En un operativo conjunto entre autoridades de Paraguay y Brasil, un automóvil robado en Foz de Iguazú fue localizado en la vivienda de un agente policial en el barrio Ka’aguy Rory, lado Acaray, en Ciudad del Este. El suboficial inspector Ansi Ávalos, quien quedó detenido tras el hallazgo.

El procedimiento, ejecutado por agentes de la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Delegación Paraguaya del Comando Tripartito, se realizó a las 14:00 horas como parte del Acuerdo de Cooperación Policial entre ambos países, según informó un medio local.

El vehículo recuperado es un Fiat Toro, color plata, con matrícula N° BCS6I88, que fue reportado como robado en territorio brasileño. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.