Los fiscales intervinientes Lujan Estigarribia, Luz Guerrero, Giovanni Grisetti y María Estefanía González, desde el viernes están tomando declaración testifical alrededor de 50 funcionarios.

El fiscal Giovanni Grisetti refirió que siguen con la línea investigativa y la diligencia de toma de declaraciones testimoniales de los funcionarios de la Justicia Electoral, de los trabajadores que prestaban servicios dentro del bloque G, también a los guardias de seguridad civil que estaban y llegaron al lugar, los primeros en llegar al lugar de los hechos y quienes iniciaron el proceso de evacuar a los funcionarios, dar avisos, tratar de combatir el fuego con lo que tenían a su alcance en ese momento.

“Habíamos iniciado alrededor de 50, hasta hoy se extendió a casi 200 funcionarios, tenemos un listado con el que vamos chequeando, y así tratar de lograr de tener la mayor cantidad de información a través de los testigos”, explicó.

Con relación al aporte que lograron recabar, dijo que dentro de las hipótesis que la Fiscalía investiga se tiene que el fuego se habría producido, según versión de la mayoría, en la planta baja conocido también como el primer nivel. Una vez visualizado ya el humo, luego llamas, los funcionarios trataron de acceder a la ubicación del fuego para combatirlo, pero las puertas estaban cerradas en atención a que los que trabajan en dicha planta ya se habían retirado del lugar, a las 13:05 aproximadamente.

“Los últimos funcionarios que trabajan en la planta baja procedieron a cerrar, a desenchufar todo, las indicaciones que ellos suelen hacer en forma diaria para el cuidado necesario y llavearon”, acotó.

Así también, explicó que el sitio va a ser sujeto de peritaje, ya que ahora se tiene las declaraciones testificales, no obstante, también tiene en su poder los dispositivos de DVR, donde también se observarán las imágenes para contrastar con la versión de los testigos, a qué hora llegaron, quién salió, quién ingresó. “Vamos a poder visualizar para poder determinar la veracidad de la declaración, por supuesto que pueden coincidir o no, pero va sumado a las declaraciones”.

Con respecto a los dispositivos que almacenarían las imágenes, dijo que están en proceso de peritaje y de extracción de datos, sin embargo, los videos aún están a cargo del Laboratorio Forense y, luego una vez que se tengan todos los datos, se procederá a analizar las imágenes.

Explicó que tienen dos tipos de DVR, uno que no padeció la circunstancia del fuego y agua, que no se tendrá problemas de obtener las imágenes; y luego tienen el de las cámaras del circuito de dos DVR, que estuvieron en el bloque G y que sí recibieron fuego y agua.

Por último, aclaró que faltan algunas personas por testimoniar y se continuará, asegurando que no se puede descartar ninguna hipótesis porque se tienen más testigos, grabaciones y por supuesto la realización del peritaje dentro del local.

Con relación a descartar algo irregular o la intervención intencional, el fiscal Grisetti resaltó que todavía no se puede afirmar ni descartar, no obstante, van a determinar con las demás diligencias que están esperando a que se sigan incorporando.

Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución, Celia Beckelman; la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder del “Clan Rotela”, Armando Javier Rotela Ayala.

De esta manera, el líder del clan Rotela deberá compurgar una pena carcelaria de 23 años de cárcel, que compurgaría el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años. Es decir recién podrá salir en libertad en el año 2046.

La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicado por un Tribunal de Sentencia en fecha 17 de marzo del 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicado por un Tribunal de Paraguarí en fecha 7 de enero del 2021.

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Bajo un estricto régimen de seguridad está recluido Armando Javier Rotela, en una celda de 2x2 de la cárcel de Emboscada, sin compañía, controlado y vigilado por las autoridades.

Además el líder del clan Rotela está imputado por motín, asociación criminal y transgresión a la Ley de Armas, por el operativo Veneratio.

Las primeras intervenciones en San Lorenzo abarcaron parte de la ruta PY02 hasta el km 28, en Itauguá, prosiguiendo hoy en la Avda. Julia Miranda Cueto, zona del mercado municipal.

Hasta el momento, parte de dicha arteria ya fue reparada, entre la zona de los talleres del MOPC y la calle Coronel Romero, pero, la meta es reparar toda la vía hasta la Avda. del Agrónomo.

Cuando se terminen los trabajos en Julia Miranda Cueto, los equipos del MOPC se trasladarán hasta la Avda. Mariscal Estigarribia, que es su par binario, donde también se prevén las mismas actividades a lo largo del tramo comprendido entre curva Meyer y calle Hernandarias.

El MOPC destaca que estas labores se llevan a cabo con apoyo del municipio sanlorenzano, a fin de recuperar estas vías que son las más transitadas dentro del casco urbano, por lo que las hace más propensas al deterioro, y más aún después de las lluvias.

En tanto, se mejoraron algunas calles internas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM), en Asunción. Además del bacheo en sus alrededores, se procedió al mejoramiento de los accesos que ya se encontraban muy deteriorados, así como algunos camineros y un estacionamiento.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien participó de la reunión de dos horas con el canciller y el ministro de Minas y Energías de Brasil, confirmó que el esperado acuerdo está muy cerca.

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“Estuvimos ultimando los detalles para dar el anuncio la próxima semana, máximo la siguiente, de lo que es la tarifa para los próximos dos a tres años”, contó el titular del MIC.

El número será “bueno para ambos países”, bajo la filosofía de que juegan e el mismo equipo y que la cifra debe reflejar los intereses de los dos.

También determinará que Paraguay consiga los recursos necesarios para obras de infraestructura y programas para la gestión del actual Gobierno.

Además de la tarifa, también será incluido el acuerdo operativo con la ANDE para luego pasar a discutirla revisión del Anexo C, para el cual se busca una base que sirva para otros 50 años.

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