Dicha formación es para prever el próximo proyecto prevé llevar adelante el Gobierno a través de una alianza entre Itaipu Binacional y el Ministerio de Trabajo, con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipu Binacional – Lado Paraguayo (STEIBI).

Para avanzar en esta iniciativa, se reunieron ayer, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; los representantes del STEBI, liderados por el secretario general Miguel Testti; y el asesor de Responsabilidad Social de la entidad, Gerardo Soria.

“Nos enfocamos en generar más mano de obra calificada en Alto Paraná, en alianza con el sindicato y la Asesoría de Responsabilidad Social, porque hay mucha demanda tanto de parte de la hidroeléctrica como de las empresas tercerizadas”, informó la ministra Bacigalupo al término de la reunión.

Añadió que los esfuerzos se centran en la creación de más focos de formación en zonas cercanas al microcentro de Ciudad del Este, de tal forma a facilitar que más jóvenes adquieran los conocimientos técnicos que hoy el sector eléctrico requiere y no encuentra en el mercado.

Mencionó que en Alto Paraná se necesitan torneros, soldadores, electricistas especializados, técnicos en manejo de calderas, manejo de maquinarias pesadas, entre otros oficios.

La detención se registró en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, donde se montó un control preventivo para detener al sindicado como uno de los supuestos autores del homicidio de Ángel Enrique Lemos, ocurrido en el barrio Barcequillo de San Lorenzo.

El hecho se produjo en horas de la madrugada del domingo, cuando los autores se desplazaban a bordo de un automóvil (presuntamente, un Kia tipo Picanto).

Otros dos jóvenes que acompañaban a la víctima también resultaron heridos de bala. Se trata de Kevin Orlando Fernández Rodas (21) y Ronaldo Ariel Cartaman Torres (20), quienes fueron internados en el Hospital de Trauma.

Unas cuatro personas fueron identificadas como presuntos autores de este homicidio: Elías Fabián Paredes Insfrán, Alexis David Mongelós Mendoza, Junior Alejandro Escurra Orué, y un cuarto hombre reconocido preliminarmente como “Albert Freddy”.

el trasfondo del crimen sería un robo de una bandera (o “trapo”, como se lo denomina en la jerga futbolística) en el último Superclásico, siendo acusado por este hecho “Kike”. Los atacantes forman parte de la barra brava de Cerro Porteño.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en Mburuvicha Róga, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, destacó los números alcanzados en cuanto a entrega de títulos de propiedad.

En tal sentido, resaltó que, en lo que va de la actual administración, están cerca de llegar a los 9.000 títulos entregados por intermedio de este ente estatal.

“Hemos alcanzado números increíbles, aproximándonos a los 9.000 títulos, lo cual significa que es una de las mayores inversiones sociales del Gobierno”, afirmó tras la reunión con el presidente Santiago Peña.

Esto representa una inversión cercana a los USD 500 millones, precisó, siendo uno de los logros más resaltantes en el Indert en los últimos años.

Por otro lado, Ruiz Díaz informó que en las primeras dos semanas de marzo ya se entregaron 500 títulos de propiedad y se prevé concretar otros 500 más en lo que resta del mes.

Familiares de Celsa de Medina se muestran preocupados por el llamativo comportamiento que la misma empezó a manifestar desde hace cierto tiempo.

Según el informe del diario La Jornada, la mujer, residente de la localidad de Minga Guazú, demuestra una actitud agresiva y errática, utilizando malas palabras e identificándose como “Lucifer” o “Dragón”.

Su esposo, Abel Medina, confirmó que todo empezó con el inicio de la pandemia, cuando su cónyuge tuvo las primeras manifestaciones y cambios de conducta. La situación fue agravándose aún más en los últimos días.

Al entrar en el “trance”, Celsa también sufre un notorio cambio de voz, haciéndose más grave, y adopta una fuerza mayor a la convencional, afirmó.

Cuando tiene sus ataques, Medina debe sostenerla con fuerza para evitar que se autolesione o en todo caso que haga daño a terceras personas, incluyendo a sus hijos pequeños.

La pareja de la mujer ahora recurre a la ciudadanía para solicitar ayuda profesional, ya sea de un psicólogo o algún sacerdote o asesor espiritual, esto ante la duda de si se trata de un trastorno clínico o una posesión real.