Unidad de Investigación, NACIÓN MEDIA

En mayo del 2020 el gobierno de Mario Abdo Benítez anunció con bombos y platillos el proyecto de “Construcción de una red de telecomunicaciones para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión en instituciones educativas del Paraguay” financiado con US$ 62.145.436 del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Fueron seleccionadas 1.538 instituciones públicas; sin embargo, a la fecha solamente 119 escuelas accedieron al esquema completo de instalación de equipos, conexión y servicios activos, según informes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Los datos brindados de manera oficial a través del portal de Acceso a Información Pública por la Unidad Ejecutora de Proyectos y Programas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) refieren que, de las 1.538 instituciones seleccionadas para el proyecto, en 1.511 se realizaron las instalaciones de los equipos, pero que solamente 333 fueron conectadas al sistema de red.

Pero, un dato llamativo es que en solamente 119 instituciones educativas se encuentran activos y con servicio de internet, en poco más de dos años de ejecución del proyecto. Sin dejar de mencionar que la unidad ejecutora del programa es justamente el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, por donde ya pasaron tres ministros.

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Los responsables del fracaso del proyecto de “construcción de una red de telecomunicaciones para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión en instituciones educativas del Paraguay” son los ex jefes de la cartera como Alejandro Peralta Vierci, quien estuvo vinculado a grupos de medios de comunicación; Juan Manuel Brunetti, quien luego pasó a ser ministro de Educación y Ciencias y actualmente es precandidato a la Vicepresidencia por el movimiento Fuerza Republicana, y Fernando José Saguier Caballero Bernardes, quien desde marzo del año pasado está al frente del Mitic.

“Nuestro principal desafío será escribir un nuevo capítulo para la comunicación y seguir trabajando para lograr el objetivo de conectar este año 1.538 instituciones educativas a internet”, había dicho Saguier el 26 de mayo del 2021, cuando se lo confirmó y juró como ministro tras interinar el cargo luego de la salida de Brunetti.

Sin embargo, tampoco logró avanzar de forma eficiente y eficaz con el programa de conectividad en las escuelas, puesto que en la planificación del proyecto se tenía previsto que para setiembre del 2022 se tenga avanzado al menos en un 26% las tareas, y solamente se llegó al 7,7% de las escuelas seleccionadas.

PLANIFICACIÓN

El tan esperado proyecto de conectividad para escuelas y colegios inició su ejecución en junio del 2020 y, al menos en los papeles, se tenía previsto finiquitar los trabajos antes de diciembre del 2024. Como ya se mencionó, en la planificación estaba previsto llegar al menos a 406 instituciones, para noviembre debía de ser 825 las ya cubiertas, y para abril del 2023 se planificaba llegar al 100%.

Para ilustrar mejor, los documentos a los que se tuvo acceso mencionan que la conectividad debía llegar a 11 escuelas de Alto Paraguay, 146 de Alto Paraná, 43 de Amambay, 11 de Boquerón, 243 de Caaguazú, 108 de Caazapá, 93 de Canindeyú, 9 de Asunción, 73 de Central y 83 de Concepción.

La lista sigue con 83 centros educativos de Concepción, 78 de Cordillera, 88 de Guairá, 161 de Itapúa, 25 de Misiones, 25 de Ñeembucú, 83 de Paraguarí, 37 de Presidente Hayes y 221 de San Pedro. Al llegar con la instalación, configuración y puesta en servicio de equipos, esto iba a beneficiar a cerca de 1.600 estudiantes.

Sin embargo, nada de eso parece reflejarse hoy en los trabajos que lleva adelante el Mitic.

En el punto dos del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la ley número 1.680 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, presentado por el senador Javier Zacarías Irún.

El planteamiento señala que se observa un privilegio considerable y de carácter ya desproporcional en la flexibilidad de las penas impuestas a los adolescentes infractores de la ley penal.

El objetivo es aumentar las medidas privativas de libertad en hechos calificados como crímenes, que actualmente tienen un tope de 8 años. Con la modificación, la legislación quedaría de la siguiente manera:

Art. 207.- De la Duración de la Medida Privativa de Libertad: la medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de hasta quince (15) años.

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A los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal común.

La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en favor del condenado”.

Las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, aconsejaron la aprobación con modificaciones, las cuales, serán expuestas durante el estudio.

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LA CAJA NEGRA

Según el abogado, la acusación fiscal -firmada por Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y verónica Mayor- imputa a Boidanich por presunto lavado de dinero y frustración de la persecución penal. Sin embargo, el documento fiscal reproduce argumentos mediáticos sin sustento probatorio y presenta contradicciones notorias.

Entre los puntos clave expuestos por la defensa, se encuentra el resultado de las diligencias solicitadas por la propia fiscalía en aquella etapa. Una de ellas fue verificar si Seprelad solicitó activamente información a su par de Brasil, o si simplemente la recibió de manera pasiva. La respuesta, afirmó Lovera, fue que Seprelad actuó de forma proactiva en la recolección de datos de inteligencia financiera, lo cual contradice la idea de una supuesta intención de encubrimiento.

Asimismo, otro requerimiento apuntaba a verificar si existió información adicional desde Brasil que la Seprelad no haya incluido en su informe. La conclusión fue que no hubo datos ocultos ni omisiones intencionales, ya que no se remitió información nueva que pudiera sustentar tal afirmación.

La acusación se apoya en la figura ambigua de una ‘demora injustificada’ en la remisión de un informe, en lo cual la Fiscalía se apoya para afirmar que hubo supuesto encubrimiento a favor de Darío Messer, pero no demuestra en ningún momento que esa supuesta demora haya tenido un efecto concreto en la causa, ya que los bienes de Messer fueron asegurados en su totalidad. Según el abogado defensor, si se hubiese querido favorecer a alguien, como se insinúa en la carpeta fiscal y medios de prensa, los bienes no habrían sido embargados y comisados.

Además, señaló que la supuesta demora no tuvo consecuencias reales, ya que las primeras reacciones de los investigados solo se produjeron tras los allanamientos, que fueron públicos y difundidos por medios de comunicación. Tampoco existió ninguna filtración por parte de la Seprelad que haya alertado a los involucrados.

Acusación omite contexto y fechas clave

Otro punto de crítica fue el manejo cronológico de los hechos. Según la defensa, entre junio y noviembre de 2017, el informe estuvo bajo análisis de la Dirección Jurídica de Seprelad, sin que la Fiscalía cuestione ese lapso en particular. A pesar de ello, el Ministerio Público presenta como un solo bloque temporal todo el período, señalando al exministro de la Seprelad como el responsable de la tardanza.

Sin embargo, el abogado recordó que Boidanich estuvo fuera de funciones entre marzo y abril de 2018 por razones médicas al realizarse una delicada cirugía, lo cual está documentado desde 2019 en la propia causa. Al retornar a sus funciones, el entonces ministro de Seprelad firmó inmediatamente el informe de inteligencia.

En cuanto al delito de lavado de dinero, Lovera cuestionó que la acusación no individualiza ningún bien ni establece un nexo concreto entre un objeto de valor y una conducta del imputado. Argumentó que la Fiscalía habla de ‘todo el patrimonio de Darío Messer’, pero consideró que el lavado requiere que exista un objeto definido —como un vehículo, inmueble o cuenta— que haya sido manipulado para ocultar su origen ilícito. Eso no ocurrió en este caso.

La defensa de Óscar Boidanich dejó en claro que la imputación presentada por el Ministerio Público carece de fundamentos técnicos y jurídicos, reproduce un discurso mediático sin respaldo probatorio, y omite deliberadamente elementos objetivos que descartan cualquier intención de encubrimiento o beneficio indebido.

El abogado reiteró que la actuación de Seprelad durante el tiempo en cuestión se enmarcó en los procedimientos habituales de inteligencia financiera, sin generar perjuicios ni impedir la acción de la justicia, por lo que su estrategia en el juicio apuntará a evidenciar las falencias de la acusación y demostrar que su cliente no incurrió en ningún hecho punible.

La atención en la sede central de Identificaciones se normaliza desde hoy en el horario habitual, de 6:00 hs a 18:00 hs para todo tipo de trámite, y de 18:00 a 21:00 hs solo para enrolamientos, no así para entrega de cédulas.

El martes, la oficina permaneció cerrada por trabajos de mantenimiento programados con antelación, que afectaron al sistema eléctrico y a las instalaciones físicas del edificio.

Si bien, los trabajos aún se realizan en lugar, el público podrá ingresar a realizar las gestiones con normalidad.

Las personas que no puedan acudir de lunes a viernes podrán realizarlo los sábado, con un horario más extendido debido al flujo de personas, de 06:00 h a 18:00 h para todos los trámites, solicitudes y entrega de documentos.