Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), echó por tierra los argumentos de los proyectos “populistas” presentados por el diputado oficialista de Itapúa Colym Soroka.

El primero es el “Que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”; y segundo,  el “Que prorroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entregas de granos de la zafra 2021/2022”.

“Es sobre un problema que no existe, porque la caída de la soja generó un incumplimiento de contrato de más o menos un millón de toneladas, de eso, el 99 % ya se solucionó y la mejor muestra es que la gente está sembrando, estamos con un 70 % de avance de la siembra, si la gente no hubiese solucionado, no estaría sembrando”, explicó Cristaldo en entrevista con Abc Tv.

Recordó que la salida se facilitó con la resolución del Banco Central del Paraguay, que permitió la reestructuración de deudas y ayudó aprever y reacomodar los pasivos, que hoy ya no son un problema.

Ambas propuestas legislativas serán debatidas mañana martes en la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el mismo Soroka, autor de los proyectos, quien  invitó a participar a todos los gremios productores agrícolas del país, principalmente a los que se dedican al rubro granelero.

Colym Soroka, diputado y proyectista. Foto: LN

Soroka ya expuso los mismos proyectos durante una audiencia pública realizada en agosto pasado, ocasión en la que se habló de los alcances de las iniciativas.

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) emitió un comunicado en la víspera, a fin de sentar postura en contra de ambos proyectos, por considerar que “responden a una directa injerencia política en la dinámica del sector de la agroindustria”.

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Esta iniciativa surge en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional firmado entre el Centro de Estudiantes y el CNAE.

Según destacó la Prof. Abg. Ada López, secretaria de Asuntos Estudiantiles y Jurídicos del centro estudiantil, la propuesta busca brindar herramientas para la formación integral de los futuros cientistas políticos, reconociendo además el valor estratégico que desempeñan los medios de comunicación en la difusión del conocimiento y la participación ciudadana.

La capacitación estará a cargo del disertante Dr. José Carlos Baranda Samaniego y tendrá una duración de cuatro días. Las clases se impartirán los días 24, 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en el horario de 17:00 a 21:00 horas.

El encuentro presencial se desarrollará en las instalaciones del Colegio Nacional EMD Asunción Escalada, consolidando un espacio de aprendizaje y articulación entre la comunidad académica y la ciudadanía.

Las inscripciones se pueden realizar completando el formulario habilitado para el efecto.

El emblemático cañón tuvo un papel determinante durante la Guerra contra la Triple Alianza, siendo utilizado inicialmente en la batalla de Curupayty para frenar el avance de la escuadra brasileña y, posteriormente, en la defensa de la Fortaleza de Humaitá.

Tras la evacuación del sitio, la pieza fue trasladada al Brasil como trofeo de guerra, integrándose a su patrimonio histórico hasta el inicio del actual proceso de restitución.

Desde la comuna destacaron que el eventual retorno de la reliquia representa un hecho de trascendencia para la memoria nacional y la identidad comunitaria.

Enfatizaron que Humaitá cuenta con el valor histórico, los vestigios y los testimonios de la contienda necesarios para albergar la pieza, comprometiéndose a garantizar las condiciones de seguridad, conservación y protección patrimonial que requiera su exhibición.

La administración municipal señaló que la permanencia el cañón en la ciudad impulsará la educación histórica y potenciará el turismo cultural en la zona.

Bajo la consigna de que una parte de la historia debe volver al lugar donde comenzó, la solicitud busca poner en valor el patrimonio local y consolidar a Humaitá como un punto de referencia para el conocimiento de la historia paraguaya.

Durante la sesión, los concejales Álvaro Grau y Ceres Escobar expusieron la situación del establecimiento, que opera como un boliche al aire libre a pesar de contar aparentemente con una licencia de restaurante, y exigieron medidas que van desde la clausura temporal hasta la posibilidad de impulsar acciones penales.

El concejal Álvaro Grau fundamentó el pedido señalando que el local, situado sobre la calle Alejandro Villamayor, funciona en la práctica como un bar y boliche con pista de skate, noches de DJ y de vinilo, generando ruidos molestos durante toda la noche que impiden el descanso de los residentes.

Grau enfatizó que esta actividad al aire libre viola la Ley 1100/97 de prevención de la polución sonora y la Ordenanza Municipal 162/2024, y destacó que incluso desde la residencia del embajador de Alemania, ubicada frente al negocio, se presentaron quejas formales sin obtener respuestas hasta la fecha.

Ante esta situación, la minuta encomienda a la Intendencia Municipal, a través de la Policía de Vigilancia y la Dirección de Gestión Ambiental, realizar una fiscalización exhaustiva in situ. Las tareas requeridas incluyen la medición técnica de decibeles con sonómetros y la exigencia de documentos clave como la patente, la licencia comercial, el plan de gestión ambiental aprobado y la habilitación vigente.

De constatarse que el local carece de los permisos ambientales o que supera los límites de ruido permitidos, se procederá a la suspensión inmediata de sus actividades y a su clausura temporal, sumado a una inspección de las medidas contra incendios.

Por su parte, el concejal Ceres Escobar sumó su preocupación al debate advirtiendo que el establecimiento se encuentra en un espacio barrial donde este tipo de actividades comerciales están totalmente prohibidas.

Escobar instó a ir más allá de los trámites administrativos y propuso que la Junta Municipal asesore a los vecinos afectados para llevar el caso a una instancia penal, o bien que el propio cuerpo legislativo comunal se constituya como impulsor de dicho proceso judicial.