La gravedad de la situación de las más de 700 comunidades indígenas del país requiere de la participación y definiciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Articulación realizó esta mañana una conferencia de prensa donde transmitió su petición y a continuación la presentó en las sedes de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

Junto con la petición entregaron datos relevados sobre urgencias, prioridades y propuestas de solución de las comunidades indígenas, relacionadas a múltiples derechos.

En el centro de los requerimientos se encuentra la necesidad de que el Estado paraguayo cumpla con su obligación de restituir y asegurar jurídicamente sus tierras a las comunidades indígenas, lo que propiciaría la efectivización de los demás derechos.

Anunciaron una movilización a nivel nacional y en Asunción para el próximo 12 de octubre, fecha considerada por los Pueblos Indígenas de toda América como el inicio de la desposesión de sus territorios y recursos naturales.

Presupuesto para el INDI 2022

Un punto central de los pedidos tiene que ver con la necesidad de aumentar los recursos al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dentro del Presupuesto General de la Nación 2022, para que asuma su rol de ente rector de las políticas públicas de los Pueblos Indígenas.

Además de asignar presupuesto suficiente para la restitución de tierras y derechos a las comunidades, para 2022 el Estado paraguayo debe contemplar fondos para la implementación del recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas 2020-2030 y para contrarrestar el impacto específico que tuvo la pandemia por COVID-19 en las comunidades.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometió con otros 192 países.

Estas acciones de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) forman parte de la campaña Presupuesto Digno para Pueblos Indígenas 2022, que cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y el apoyo de la Unión Europea y la agencia Diakonia.

La ANIVID está compuesta por las siguientes organizaciones: Asociación de Comunidades Mbya Guaraní Ñogueroï Paveï, Asociación Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay Kuña Guaraní Aty; Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay –Mipy, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco – ClibCh, Coordinadora Intersectorial de Pueblos Originarios de Concepción- CIPOC; Comisión Interdistrital de Promotores de Salud Indigena; Coordinadora Nacional Indigena-CNI; Clan Kuchingi Mairekoty, Mesa de Organizaciones Indígenas del Paraguay- MAIPY; Organización Nacional de Aborígenes Independientes-ONAI, Organización Nacional del Pueblo Guaraní-OPG; Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT, Organización de Comunidades Unidas Nenhlet-OCUN; Organización Paï Rĕtã Joaju, Organización Paî Reko Pavĕ Jepotyra, Promotores Jurídicos Juvenil Indígena, Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, Unión Juvenil Indígena del Paraguay (UJIP), Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ishir- UCINI.

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.